Si algo demuestra el anuncio hecho por el CNE el 5 de marzo pasado es que el gobierno perdió la capacidad de sorprender y descolocar a las fuerzas democráticas. La oposición, en verdad, no ha tenido mucho de qué lamentarse de esta decisión, pues desde hace tiempo las fechas que más se barajaban para el evento electoral eran mayo y julio, con obvia preferencia para este último mes, pues cumplía con la exigencia del segundo semestre del año establecido en el Acuerdo de Barbados; no en balde, conscientes de este previsible atajo, María Corina Machado y la PU vienen trabajando desde hace semanas en la organización de los comanditos electorales y en la ampliación de la Gran Alianza Nacional (GANA).
Acaso habrá que reconocerles a esos prestidigitadores en caída, el discutible mérito de haber mareado al país por varias semanas con tantas fechas propuestas, obligando a sus adláteres y cómplices “opositores” a jugar con el calendario, para así demostrarle al mundo el dudoso consenso -de indudables connotaciones crematísticas y prebendarias– de las fuerzas que hacen vida en la Asamblea Nacional.
El efectista y simbólico detalle de que la fecha anunciada para el evento presidencial, el 28 de julio, sea la del nacimiento de Chávez -así como el día escogido para el anuncio, 5 de marzo, corresponde al de su muerte- es una confesión de su urgente necesidad de recuperar el vínculo emocional con las mayorías apelando de nuevo a su cuasi olvidado “padre”; camino que ya habían iniciado a finales de febrero celebrando el 20 aniversario de la primera manifestación antiimperialista del mesías de Sabaneta, en un evento que bien pudo llamarse algo así como “los autobuses toman Caracas”.
La mala noticia, sin embargo, es que seguramente esta evocación del galáctico líder no va a servir, por varios factores, de mucho. Uno de ellos es que su memoria se ha ido desdibujando y perdiendo la aureola gratificante que tuvo cuando el petróleo llegó a 100 dólares, al punto de que la mayor parte de los venezolanos lo coloca junto a Maduro como responsable de nuestra debacle económica y social.
Pero la más importante causa de la poca utilidad de esta evocación es que el país está atravesando desde hace cierto tiempo -siendo el 22 de octubre la prueba confirmatoria– un desplazamiento significativo de afectos, una mudanza, pues, hacia el liderazgo de María Corina Machado, quien viene capitalizando con una intensidad pocas veces vista en nuestra historia las esperanzas de cambio, libertad y progreso social.
Ahora bien, en el fondo -volviendo al punto inicial- cualquier fecha que hubiese fijado el CNE, más lejos o más cerca, más allá o más acá, no le ofrecía ninguna ventaja apreciable al régimen, y, en cambio, potencialmente, sí a la oposición. Es decir, el escenario político actual del país se caracteriza por un gobierno que arrastra tras de sí un fatum contra el cual es muy poco lo que puede hacer, a menos de que se decida a abandonar definitivamente el esquema del autoritarismo hegemónico y tome el camino de una dictadura tradicional o totalitaria, siguiendo los pasos de Nicaragua o de Cuba (recorridos para los cuales no parece tener el músculo ni el consenso partidista ni militar necesarios).
Cerrado a la posibilidad de abandonar el poder e iniciar una transición pacífica y democrática –al punto de haber echado el Acuerdo de Barbados a su abultado basurero de compromisos burlados– el régimen está abocado a no permitir bajo ninguna circunstancia la habilitación de María Corina Machado. Su envanecimiento y la egolatría “revolucionaria” -así como sus intereses y negocios- no le permiten soportar una derrota en el área donde se creían invencibles (la electoral).
En una confrontación Machado-Maduro no hay la más mínima posibilidad de victoria para el “hijo” de Chávez. En cambio, el oficialismo espera que las cosas sean distintas si el candidato en competencia es otro, y mucho más si logra que se produzca una escisión de las fuerzas democráticas en un punto tan álgido, ya sea poque no haya acuerdo sobre un candidato sustituto en particular, ya sea porque Machado y Vente Venezuela no llegaran a un consenso con la PU y demás fuerzas opositoras en cuanto a la resolución del conflicto, y siguieran adelante por su cuenta en las semanas y meses que vienen, intentando crear una presión nacional e internacional tan alta, que al régimen no le quedara más remedio que reconsiderar su habilitación (lo cual, visto las últimas actuaciones y amenazas, luce sumamente difícil o imposible lograr).
Realmente, Maduro y compañía, con esa soberbia característica de quienes se consideran sobrados después de tantos años en el poder, haciendo y deshaciendo, están persuadidos de que su suerte sería distinta con un candidato que sustituyera a Machado. Las encuestas, sin embargo, comunican un doloroso desengaño en tal sentido: la mayoría de los votantes opositores afirma que respaldarían a cualquier candidato alterno con tal de que su mano sea levantada por la triunfadora de las primarias del 22 de octubre.
De hecho, el más reciente estudio de opinión de Datanálisis revela que en una contienda sin la presencia de María Corina, Maduro perdería con al menos dos de los mismos candidatos que él ha auspiciado –por debajo de cuerda– para dividir a la oposición democrática auténtica; lo cual nos conduce nuevamente a la idea de ese fatum, que lleva a que cualquier nueva trampa o acto de prestidigitación se les vuelva en contra, haciendo cuesta arriba su propósito de repetir el escenario de 2018.
Partiendo de lo anterior, es de la mayor urgencia y la mayor importancia que María Corina y la PU discutan y coordinen la mejor salida a este dilema, de forma tal que las fuerzas democráticas se mantengan en la ruta electoral y eviten que Maduro y compañía vuelvan a salirse con la suya, prolongando la agonía del país. Las últimas medidas del régimen, publicando la inhabilitación en la misma página del CNE, y la detención de otro de los coordinadores de Vente Venezuela (esta vez en Barinas), son dos claros metamensajes, que apuntan a un aumento en escalada de la persecución y represión, hasta el punto probablemente de asfixiar o impedir del todo en algún momento la continuidad de la vibrante y multidinaria campaña que Machado hace por todo el país.
Aquí lo más importante es poner los proyectos personales y partidistas –basados, ¿quién lo discute?, en trabajados méritos, sacrificios y logros– a un lado, en función del futuro del país. No hay excusas para no llegar a un acuerdo: hay varias tarjetas disponibles que pueden ser usadas para postular a un candidato alternativo el 21 de marzo.
La palabra de María Corina, con toda lógica, debe ser la decisiva en todo esto, aunque ella debe también escuchar, naturalmente, las opiniones de las otras toldas y líderes. Se nos ocurre, en tal propósito, que quizás deba privilegiarse una figura no partidista, para evitar los resquemores de las distintas parcialidades; no es seguramente una casualidad que respetados dirigentes con esa característica (como Eduardo Fernández y Ramón Guillermo Aveledo) desde hace semanas son asomados abiertamente o detrás de bastidores en diversos círculos. Esto no debe significar negar de plano la posibilidad de una figura partidista, aunque sin duda representa cierta ventaja frente a ésta. Lo importante, de cualquier forma, es que este proceso sea realizado con la mayor altura y discreción posible, para evitar que las sensibilidades se exacerben y que el régimen busque maneras de enredarlo y torpedearlo.
@fidelcanelon