Cuando un sistema de justicia permite la tortura y vulnera el debido proceso de los presos políticos, sus sentencias generan dudas
Mientras la justicia penal siga politizada, las garantías constitucionales y los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución son letra muerta.
Es imperativo que el sistema de justicia del país vuelva a ser imparcial e independiente, como lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial y la carta magna, para recuperar su credibilidad ante la sociedad venezolana.
La vulneración del debido proceso estipulado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es sistemática: a los presos políticos se les niega el derecho a ser representados por sus abogados de confianza, deben conformarse con el defensor público que les nombre el tribunal; las audiencias se convocan y al llegar al tribunal son suspendidas en innumerables oportunidades, lo que agrava aún más el retardo procesal; el acceso a los expedientes siempre presenta restricciones; la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario está de adorno; no se investigan los tratos crueles e inhumanos y torturas a los detenidos.
La falta de autonomía e independencia de los poderes públicos ha causado un daño irreparable a la justicia, lo que ha generado que el ciudadano se sienta indefenso ante la desaparición de sus derechos.