Las recientes declaraciones del presidente de Guyana, Irfaan Ali, al afirmar que su “país planifica una restructuración de la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF) y hará importantes inversiones en equipamiento militar enfocado en tecnología, activos y colaboración con países aliados; mientras interpone una demanda contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por la reclamación del Esequibo, en Derecho Internacional se consideran un acto unilateral, por ser una manifestación de voluntad de quien provienen y crea ciertas advertencias, incertidumbres y expectativas de una carrera armamentista a corto plazo; en paralelo con su demanda ante la CIJ, que han alborotado a los perros de la guerra y traficantes de armas.
Las declaraciones del presidente Irfaan, vale la pena analizarlas a la luz del derecho internacional, por sus implicaciones, efectos y consecuencias. Ciertamente Guyana posee un volumen considerable de reservas petroleras, pero no tan apetecible para darle la importancia que se le quiere dar, al ocupar el puesto número 17 en el ranking mundial de reservas petroleras con 11.000 millones de barriles recuperables a una tasa de producción de 400.000 b/d. Venezuela ocupa el primer puesto con 309.000 millones de bp.
Entre 2019 y 2023, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculo que el PIB de Guyana pasó de 5.170 millones a 14.700 millones de dólares, un salto de 184%. Sólo en 2022, el crecimiento del PIB fue un impresionante 62%. En la misma proporción también aumentó el PIB per cápita; Según el Banco Mundial (BM), pasó de 6.477 en 2019 a 18.199 dólares en 2022.
De acuerdo con estos ingresos, a la Guyana Defence Force le fueron asignados un presupuesto de 201 millones de dólares, para la adquisición de equipos y dotación de sus fuerzas armadas, con helicópteros, embarcaciones para vigilancia marítima y al menos un dron, sin considerar que hasta hace poco era y es en un país asediado por la pobreza, una corrupción endémica dentro de sus instituciones, que han hecho de la ex colonia, un hueso apetecible para los perros de la guerra y traficantes de armas; disparando en un 10,1%, el gasto público en defensa producto de los ingresos de 15,3 millones en 2022, hasta 83,9 millones de dólares, lo cual le representó el puesto 72 entre 165 países evaluados. El gasto público en defensa, en términos porcentuales se sitúa en este momento en 3,78%. Un gasto muy por encima de lo que recomendaría el FMI en comparación con sectores críticos como salud, educación, incluso de seguridad pública, al ocupar la nueva Dubai de América Latina el puesto 106 en el ranking de paz global.
Las razones de este equipamiento militar express, las dio el presidente Irfaan a The Associated Press al afirmar que su país está tomando todas las medidas necesarias para protegerse de Venezuela”, y luego añadir: “Nos tomamos muy en serio esta amenaza, y hemos iniciado una serie de medidas de precaución para asegurar la paz y la seguridad de la región”. Las cínicas afirmaciones del presidente Irfaan pudieran ser la excusa para provocar un “falso positivo” y más grave un ataque preventivo contra Venezuela.
Lo primero que resulta obvio es que Guyana en esta disputa juega a dos bandas. En la CIJ y en lo militar, aprovechándose de esta última, los perros de la guerra, instrumentando y monetizando los acuerdos de cooperación militar firmados con aliados: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, según lo reconoce el Sr Irfann. Uno de los principales asesores de exteriores del presidente Joe Biden, Jon Finer, en una reciente visita a Guyana dijo que ambos países estaban “cooperando profundamente” para asistir al gobierno guyanés en preservar sus fronteras. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, Guyana gastó 17,63 MM en 2022. Esta cifra supone que el gasto público en defensa alcanzó 0,65% del PIB, 0,34 puntos respecto a 2021, en el que fue 0,31% del PIB.
Está visto que como consecuencia de la reclamación de Venezuela por el Esequibo, la ex colonia inglesa en respuesta ha emprendido una carrera armamentista al cobijo de la cooperación militar, centrada en áreas como la capacitación militar, la asistencia técnica y la seguridad fronteriza, en sociedad con Estados Unidos, Reino Unido y Brasil. Los dos primeros adversarios del gobierno de Maduro y Brasil, con altos intereses geopolíticos en Guyana. Las razones para la cooperación militar argumentadas por la ex colonia británica son: -La necesidad de fortalecer la capacidad de defensa del país; -La debilidad de sus fuerzas armadas; -Las amenazas a la seguridad nacional, como el narcotráfico y la piratería; y el interés de otros países en la región, por sus recursos naturales.
Los tipos de cooperación militar se concentran en: -La capacitación militar, para lo cual Guyana envía oficiales a otros países para recibir entrenamiento militar; -La asistencia técnica que recibe de otros países para mejorar su equipamiento militar y destreza operacional de sus fuerzas armadas.; -La seguridad fronteriza en el patrullaje de sus fronteras, con el argumento de combatir el crimen organizado; pero lo cierto es que, como lo declaró el presidente Irfaan, su principal amenaza es Venezuela.
Los beneficios de la cooperación militar se encuentran: -En el fortalecimiento de sus fuerzas armadas; -Mejora de la seguridad nacional; – Disuasión de amenazas externas. En cuanto al escalamiento y efectos la preocupación de la región se encuentra en –La evidente militarización de Guyana y la influencia de potencias extranjeras en la región.
En el juego a tres bandas que plantea Guyana: el diplomático, el jurisdiccional y el militar, al hacer uso de la cooperación militar como herramienta diplomática, se visualizan tres escenarios: 1) Un aumento de la cooperación mientras siga el boom petrolero; 2) La disminución de la cooperación por razones e interés políticos y 3) Una reducción debido a la desviación de recursos hacia otros conflictos de mayor envergadura como son: Ucrania, Yemen y Palestina, lo cual no garantiza que Guyana en su desespero continúe en su carrera armamentista e intente provocar un incidente en las fronteras comunes, como puede ser la penetración de naves aéreas o marítimas en nuestro espacio aéreo o aguas territoriales.