La invasión de Ucrania por parte de Putin en febrero infringió el código consagrado en la Carta de la ONU que prohíbe cualquier uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado.

El presidente ruso ha insistido en varias ocasiones en que la incursión fue un ataque preventivo contra un ataque ucraniano, una defensa sagrada de la patria rusa y una continuación de la lucha soviética contra el nazismo. Por supuesto, estas justificaciones resultan poco plausibles.

Las afirmaciones de Putin, en febrero, de que estaban respondiendo a ataques ostensibles de fuerzas ucranianas en las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, en los pasos fronterizos y en el territorio ruso no son convincentes, menos aún que el Gobierno de Ucrania estaba cometiendo un genocidio en Donbás bajo directrices neonazis.

Los argumentos cínicos de Putin le han valido para justificar la violación del derecho internacional y ganarse la aceptación del pueblo ruso. Pero también los gobiernos democráticos de Occidente han cometido violaciones flagrantes de las normas jurídicas internacionales más fundamentales.

En 2003, las fuerzas estadounidenses y británicas invadieron Irak. El entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y el que era primer ministro británico, Tony Blair, trataron de legitimar la invasión invocando el derecho internacional.

Ambos dirigentes señalaron una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 1990 que autorizaba el uso de la fuerza contra Irak después de que éste invadiera Kuwait.

Argumentaron que el incumplimiento por parte de Irak de las inspecciones de armas constituía un «incumplimiento material» del alto el fuego acordado más de una década antes.

Bajo esa justificación Estados Unidos y Reino Unido suspendieron el alto el fuego y continuaron las hostilidades contra Irak en virtud de la resolución original del Consejo de Seguridad de la ONU de 1990. Estados Unidos también hizo valer el derecho de legítima defensa preventiva en su ataque contra Irak.

Peter Goldsmith, el fiscal general británico de la época, desautorizó estas afirmaciones como base para la guerra, pero la posición británica, expresada por un fiscal general posterior, Jeremy Wright, en 2017, se acercó a la estadounidense.

Los abogados internacionales seguían siendo escépticos en cuanto a que estas justificaciones supusieran algo más que una fachada, una opinión de la que se hizo eco en sus conclusiones la «Investigación Chilcot», una investigación del Gobierno británico en 2016, sobre el papel del país en la guerra.

Caos insidioso

La violación de estas leyes introduce un tipo de caos insidioso en las relaciones internacionales. Por eso la «Investigación Chilcot» concluyó que las acciones de Estados Unidos y Gran Bretaña en 2003 socavaron peligrosamente la autoridad de las Naciones Unidas.

La guerra de Irak representa un enigma. Estados Unidos y el Reino Unido, dos países que habían hecho tanto para establecer el orden internacional basado en normas, desobedecieron sus reglas y socavaron ese orden.

Pero algunas normas tienen una legitimidad y una fuerza particulares que hacen que su incumplimiento sea más costoso que la violación de otras. La Carta de la ONU es una de esas normas, que emana de un instrumento de derecho internacional ratificado por 193 países que codifica los principios más básicos de las relaciones internacionales.

Este ordenamiento jurídico unge a los poderosos otorgándoles responsabilidades especiales para defenderlo. La aplicación de la Carta de la ONU está en manos del Consejo de Seguridad de la ONU y, más concretamente, de sus cinco miembros permanentes –China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos–, cuyo consentimiento unánime es necesario para cualquier acción de aplicación.

Mientras que los Estados más débiles que infringen la Carta de la ONU pueden ser castigados por el Consejo de Seguridad, los miembros permanentes pueden vetar cualquier acción coercitiva del Consejo de Seguridad contra ellos mismos. De hecho, pueden actuar con impunidad, si se presenta la oportunidad.

Los dirigentes de los Estados poderosos, que son creadores, ejecutores y beneficiarios de las normas, suelen tener la tentación de incumplirlas. Por supuesto, las normas internacionales adoptan muchas formas, desde los acuerdos comerciales hasta las demarcaciones de los derechos de pesca. Y no todas las normas son iguales.

Los teóricos éticos y juristas internacionales debaten con gran sofisticación por qué los Estados obedecen el derecho internacional: los utilitaristas señalan el influyente papel de los intereses directos; los kantianos, el peso de las obligaciones morales y éticas compartidas, y los discípulos del filósofo inglés Jeremy Bentham hablan de los incentivos creados por el proceso colectivo de construcción del derecho internacional.

Los realistas, desde Maquiavelo hasta hoy, incluyendo políticos estadounidenses de la Guerra Fría, como George Kennan y Henry Kissinger, insistían en que ciertas normas pueden y deben romperse cuando a un Estado le interesa hacerlo.

El coste más evidente de infringir la Carta de la ONU es que indica a otros países que no se puede confiar en que el infractor respete el derecho internacional fundamental. El temor a que otros Estados hagan lo mismo podría debilitar la decisión de todos los países de cumplir las normas.

La Carta de la ONU construye una sociedad internacional a la que los Estados pertenecen y en la que pueden forjar unas expectativas básicas sobre el comportamiento de los demás. Si los más poderosos rompen las mismas reglas que han creado, acaban socavando y amenazando fundamentalmente la existencia de ese orden social.

Lo que está en juego es la «seguridad jurídica» de las naciones en el orden internacional.

Artículo publicado en el diario español El Debate


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