La Comisión Nacional de Búsqueda anunció esta semana una actualización de las cifras de desaparecidos en México. Sumaron, desde 1964, 73.000 personas, 11.000 más que la cifra divulgada en enero de este año. 2.300 corresponden a este año, las demás, a años anteriores. Es un total estratosférico en si mismo, pero que al desglosarse resulta aún peor. Conviene subrayar que son números producidos por este gobierno, es decir, por un equipo que no le guarda simpatía alguna a ninguno de sus predecesores, por lo menos de Miguel de la Madrid para acá.
En todos los años de la guerra sucia en la década de los sesenta y setenta, en los sexenios de Salinas y Zedillo, se produjeron, según esta cuenta, un total de 1.500 desaparecidos. En el sexenio de Fox, menos de 500. En otras palabras, alrededor de 95% de las 73.000 desapariciones forzadas se registró en los sexenios de Calderón, Peña Nieto y López Obrador. Son directamente producto de la guerra desatada por el primero, proseguida por el segundo y mantenida por el tercero.
Los dos peores años fueron 2017 y 2019, con más de 7.000 desapariciones cada uno. Es posible que 2020 termine debajo de estos totales descomunales, pues hasta julio “solo” llevamos 2.400 desaparecidos. Aunque conviene señalar que, con mucha honestidad, Karla Quintana, Alejandro Encinas y Olga Sánchez Cordero advirtieron que hay un rezago importante en la entrega de información de estados como Guanajuato, Baja California, Tabasco y Sonora. De modo que la disminución en 2020 con relación al año anterior no necesariamente va a persistir.
Durante los 19 meses del sexenio de López Obrador se han producido casi 10.000 desapariciones, es decir, un poco más de 500 cada mes, o 17 diarias. De acuerdo con cifras del Harvard Review of Latin America (de 2013), se produjeron 40.000 desapariciones en Guatemala durante toda la Guerra Fría, entre 1.000 y 2.000 en Chile durante la dictadura de Pinochet, tal vez 30.000 en Argentina entre 1976 y 1982, 60.000 en Colombia a lo largo de 30 años, 6.000 en El Salvador y 15.000 en Perú. Todos estos países poseen una población mucho menor que la de México, pero los períodos en cuestión fueron mucho más largos.
La labor de la comisión es loable, pero -como declaró José Miguel Vivanco de Human Rights Watch- sería deseable que el gobierno se esforzara tanto para encontrar a los culpables de las desapariciones como para construir la nueva base de datos. Por desgracia, como advertimos muchos desde principios de sexenio, los únicos desaparecidos en la agenda de este gobierno son los 43 de Ayotzinapa.
Abundan las personalidades que han afirmado a lo largo de estos ya casi 14 años de guerra que este era el costo que había que pagar para evitar algo peor: una narcopresidencia; que perdiéramos el control del país; que nos volviéramos un país consumidor de drogas; que la seguridad nacional peligrara. Es difícil cuantificar estas nociones o las tesis que las evocan, ciertas o falsas. Me quedo con una pregunta: ¿Qué puede ser peor que 73.000 desaparecidos, casi todos durante los últimos trece años y medio? ¿No era preferible en esta materia el statu quo ante, con o sin Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas, Zedillo y Fox? ¿Con narcos y sin desaparecidos (salvo en la guerra sucia), en lugar del presente, con los mismos narcos, y con 73.000 desaparecidos?