Venezuela pasa rápidamente de lo ridículo a lo grotesco, mientras que la crisis profunda que viven millones de venezolanos empeora. Un día, en un desfile militar para conmemorar la independencia, un muñeco inflable llamado “Superbigote” sustituye al presidente Nicolás Maduro, quien se ausenta del evento público más importante del calendario patrio. Otro día se descubre el horroroso crimen de un dirigente chavista que, tras dos años desaparecido, aparece descuartizado por orden de su mujer para evitar que la acusara por corrupción. Pero mientras se difunden estas noticias esperpénticas, que dejan a buena parte de la población indiferente, la decadencia del sistema público de salud golpea a los venezolanos más vulnerables.

El desastre del sistema sanitario venezolano ha quedado en evidencia en el recopilado de la plataforma HumVenezuela y por la Encuesta Nacional de Hospitales, iniciativas de la sociedad civil que buscan llenar el vacío informativo que ha dejado el régimen de Maduro.

El Ministerio de Salud no publica el boletín epidemiológico nacional desde mayo de 2017, cuando se difundió el reporte de la última semana de 2016. En aquel momento, el boletín se coló a los medios de comunicación y reveló que la tasa de mortalidad infantil se había disparado: 11.466 niños fallecieron en 2016, 30% más que en 2015. Esto le costó el puesto a la entonces ministra de la Salud, Antonieta Caporale. Desde entonces no hay datos epidemiológicos oficiales.

El drama en el hospital de niños

En dos informes preparados por la organización no gubernamental Prepara Familia se documenta la situación en el principal hospital pediátrico del país, el J. M. de los Ríos, de Caracas. Como muestra de la tragedia, uno de los informes menciona el impacto que ha tenido la suspensión del programa de trasplantes de órganos a partir de junio de 2017, lo que, según estimaciones de la ONG, ha afectado a unas 1500 personas, entre ellas 150 niños y adolescentes que esperan todavía por un órgano para salvar su vida. El propio Maduro anunció en noviembre de 2021 que el programa nacional de trasplantes sería reactivado, pero esto no ha ocurrido.

El caso más ilustrativo de esta crisis de trasplantes es el de la unidad de nefrología del Hospital J. M. de los Ríos. Desde 2017 ya van 71 niños y adolescentes fallecidos por falta de antibióticos y problemas con los equipos de diálisis. La Asociación Nacional de Nefrología estima que, a partir de la suspensión del programa de trasplante, más del 70% de las unidades de diálisis no funcionan apropiadamente por defectos de los equipos y falta de agua corriente potable, entre otros problemas.

La unidad de hemodiálisis del hospital pediátrico de referencia nacional es la única en el país que puede ofrecer el servicio a niños que pesan menos de 10 kg. Solo la mitad de las máquinas funcionan, según el reporte. El hospital no cuenta con tomógrafo ni equipo de resonancia magnética. El craneótomo, instrumento para hacer operaciones del cerebro, no funciona por falta de mantenimiento. El centro pediátrico solo tiene un aparato de rayos X portátil que la mayor parte del tiempo no sirve. El laboratorio no tiene reactivos, por lo que los pacientes y sus familiares deben recurrir a los laboratorios privados. Y la unidad del laboratorio de nefrología ha estado cerrada por cinco años.

Ni siquiera ante la muerte, este hospital cuenta con servicios adecuados. Las malas condiciones de la unidad de anatomía patológica no permiten el debido cuidado de los cadáveres, particularmente cuando se producen varias muertes en poco tiempo. Las familias no reciben apoyo de la administración del hospital ni del gobierno, y dependen de la ayuda de organizaciones de la sociedad civil para cubrir los gastos funerarios.

La pandemia de la COVID-19 ha empeorado la situación. Las unidades pediátricas del país, incluyendo el hospital J. M. de los Ríos, han dado prioridad a los menores con síntomas, lo que ha tenido un impacto negativo en los pacientes que sufren enfermedades crónicas, padecimientos nefrológicos, hematológicos y cáncer.

El reporte señala, además, que el 95% de las personas que acompañan a los niños y adolescentes hospitalizados son mujeres, lo cual demuestra la enorme inequidad de género. Las tareas de cuidado son realizadas por madres y demás mujeres familiares o cercanas a los pacientes que no reciben ningún tipo de apoyo por parte de los servicios de salud. Por ello, el informe  considera que es importante que este trabajo sea remunerado para dar apoyo a mujeres y familias que vienen de los sectores más pobres de la sociedad.

Derechos fundamentales vulnerados

El contexto general de la salud en Venezuela es de continuo deterioro. En plena pandemia, los datos que llegan desde las organizaciones no gubernamentales revelan problemas crónicos que empeoran. Según el más reciente informe de la Encuesta Nacional de Hospitales de junio de 2022, los índices de carencia de insumos básicos es de 47% en las emergencias de los hospitales públicos y 72% en los quirófanos.

Por su lado, el reporte de HumVenezuela, que se publicó en junio de 2021, señala que, con la pandemia, el número de venezolanos que perdió servicios de salud, tanto en el sistema público como privado, se elevó a 18,8 millones. También aumentó a más de nueve de cada diez personas las que carecen de protección financiera y a casi seis de cada diez las que no contaban con recursos económicos para cubrir gastos de salud. Los hospitales públicos reportaron un 82% de inoperatividad para atender enfermedades distintas al COVID-19, situación que se agrava por el retiro de entre 58% y 70% del personal médico y del 62% al 88%, de enfermería. El personal especializado de salud emigra como tantos otros millones de venezolanos.

Prepara Familia y otras organizaciones de la sociedad civil han denunciado esta situación repetidas veces ante instancias internacionales, porque la Fiscalía General de Venezuela y la Defensoría del Pueblo, organismos que deberían asegurar la defensa de los derechos de los venezolanos, han hecho oídos sordos ante las peticiones de los afectados y quienes los representan.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido varias medidas cautelares para proteger a los pacientes del hospital pediátrico J. M. de los Ríos. Y aunque la propaganda del régimen de Maduro pretenda que “Venezuela se arregló”, los niños que mueren por falta de atención médica desmienten tristemente un eslogan que suena como un insulto a su memoria y al dolor de sus familiares.


Isaac Nahón Serfaty es profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad de Ottawa (Canadá) y consultor en temas de comunicación y salud, gestión de crisis y riesgos, y responsabilidad social corporativa. Hizo un doctorado en la Universidad de Montreal.

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