Cerca de la medianoche del 3 de febrero de 1992 los Lorenzo Parada, refugiados de origen uruguayo que vivían en un edificio de la avenida Sucre de Caracas, escucharon disparos en la calle. Las dos niñas menores corrieron al dormitorio de sus padres. Cuando el papá fue a buscar a la mayorcita, Noelia, de nueve años, la encontró en su cama, muerta de un disparo en la cabeza. Con el asesinato de aquella inocente comenzó la revolución “chavista”, que causaría graves daños al país hasta entonces democrático, pacífico y próspero (a pesar de los problemas que provocaban decisiones gubernamentales equivocadas).
Pocos eventos han causado tanto daño a Venezuela como el “proceso” que comenzó de manera sangrienta en 1992. En efecto, lo que más tarde su “caudillo” definió como una revolución “pacifica, pero armada”, mostró desde sus episodios iniciales la violencia que podría desatar (aún contra población civil) para lograr sus objetivos. Durante el fallido golpe militar del 4F murieron entre 39 y 47 personas (soldados, agentes policiales, manifestantes y gente del común). Y en la segunda asonada (27 de noviembre siguiente) cayeron otras 171 (de ellas 142 civiles, en su mayoría trabajadores). De modo que cuando tomó el poder (por vía electoral) – por la incapacidad de unos y la ceguera de otros para ofrecer alternativas democráticas – aquel movimiento ya había dejado dolorosa señal de sus inclinaciones. En los años siguientes apelaría a la fuerza, en variadas formas, para aplicar una experiencia ya ensayada en otras latitudes con resultados desastrosos.
Durante los primeros tiempos se crearon grupos de apoyo “irregular” cuyo verdadero papel era amedrentar a la población. Se les llamó “círculos bolivarianos”. Sus miembros aparecían – normalmente sobre ruidosos vehículos – en los actos de los adversarios o en torno a las mesas electorales. Más tarde (desde 2002), se enfrentaron en bandas agresivas a quienes protestaban contra las políticas e iniciativas (estatistas) del “caudillo”, especialmente en masivas manifestaciones populares. Posteriormente se utilizó en esas tareas a las tropas regulares, a las que se ordenó usar “gas del bueno” (2009) y se les permitió (2015) disparar sus armas de fuego. Como resultado, según los registros que lleva la ong “Foro Penal”, 273 personas fueron asesinadas entre 2002 y 2019 en eventos convocados por opositores. Pocos indiciados (nadie de la cadena de mando superior) fueron enjuiciados y ninguno cumplió la condena impuesta. A algunos de éstos, incluso, se facilitó su salida al exterior.
A las muertes provocadas directamente por las fuerzas de seguridad, en acciones como agentes/militantes de la “revolución”, deben agregarse las causadas por los delincuentes, que se multiplicaron a partir de 1999 como consecuencia de las políticas y prácticas que se impusieron desde entonces: el elogio constante del delito, los llamados a la lucha de clases y a la división de la sociedad, el lenguaje de odio impuesto desde los medios oficiales, la destrucción del poder judicial, el desmantelamiento de las fuerzas policiales, la lenidad con los delincuentes (pero, posteriormente, la implementación de programas para liquidar a los “malandros de barrio”, lo que la jerga oficial llamó “liberación del pueblo”), la entrega de las cárceles al dominio de los “pranes”. Según las cifras de organismos públicos y de varias ong, preocupadas por el fenómeno, el número de muertes violentas desde 1999 hasta diciembre de 2023 se elevó a 387.213 (42,4 c/día).
Del total mencionado, 184.371 muertes corresponden al tiempo de Hugo Chávez (1999-2012) y 202.842 al de Nicolás Maduro (2013-2023). Aunque fue durante el mandato del “caudillo” que los índices saltaron (de 19×100 mil hab. en 1998 a 74×100 mil hab. en 2012), ha sido durante los años de su sucesor que alcanzaron los más altos niveles. Entonces pasaron a ocupar primeros lugares en el mundo: entre 2014 y 2018 se situaron por encima de 80×100 mil hab. (con pico de 91,8×100 mil hab. en 2016). Sólo en épocas de guerra se conoció fenómeno similar en Venezuela. Los historiadores calculan en cerca de 60.000 las bajas ocurridas en los hechos de armas de la guerra larga o federal (1859-1863) que fueron 2.794 (según Manuel Landaeta Rosales). La violencia reciente creó un ambiente de inseguridad general que alentó la emigración masiva (7,72 millones de personas), respuesta al intento de implantar una sociedad socialista.
En el cuarto de siglo de poder chavista transcurrido murieron 35.619 personas en “enfrentamientos” con las fuerzas del régimen. El término es un eufemismo: esconde ejecuciones y otros actos cometidos contra la población. Aunque muchos delincuentes se enfrentaron armados a efectivos (policiales o militares) en los “operativos de liberación y protección”, la mayoría de los caídos eran trabajadores, residentes en barrios humildes. Fueron señalados como peligrosos o se encontraban en el lugar equivocado. El número asombra a los estudiosos. El promedio anual durante los años ’90 – considerado “muy alto” – era de 140. Pasó a ser de 190 de 1999 a 2015 (3.238 en total) y por sobre 4.000 de 2016 a 2023 (32.381 en total). Esas cifras superan las reportadas por la “Comisión por la justicia y la verdad”, instalada por H. Chávez, en su informe final (2011): 1.425 asesinatos y 459 desapariciones “durante el puntofijismo” (1958-1998), lucha armada incluida.
Resulta, igualmente, escandaloso el número de muertes que han ocurrido en las cárceles venezolanas. Los detenidos se hacinan en esos establecimientos, que no cuentan con las condiciones mínimas necesarias para albergar seres humanos. Entre 1999 y 2022, debido a las carencias existentes o durante los muchos motines que se produjeron, murieron en aquellos lugares 7.576 reclusos. Se trataba de personas que el estado tenía la obligación de guardar y también de cuidar. Y es de hacer notar que para mejorar la situación existente se creó (2011) un Ministerio encargado de su administración. Nunca, sin embargo, se consiguió ese objetivo. En realidad, los penales pasaron a ser manejados por bandas criminales, mandadas por peligrosos delincuentes conocidos con el nombre genérico de “pranes”. Todos ellos gozaron del apoyo del Ministerio que debía vigilarlos. Recientemente, para poner fin a esa experiencia, se han ejecutado planes militares para tomar el control de las instalaciones.
Miles de detenidos han sufrido torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, a pesar de haber sido Venezuela uno de los promotores de la Declaración de las Naciones Unidas (de 1975) y de la Convención (de 1984) sobre la materia. Conforme a esta última, se entiende por tortura “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales”, con los propósitos que señala el mismo texto. También la Convención considera tales actos como delitos; por tanto, deben ser sancionados penalmente. Debe advertirse que en el país no sólo se aplican contra los detenidos por razones políticas sino, en general, contra los privados de libertad por cualquier motivo. De allí la calificación (entre las peores del mundo) que distintas instituciones dan al sistema de justicia venezolano. Los informes de organismos internacionales abundan en datos y cifras al respecto.
En octubre pasado, dentro de la investigación abierta contra Nicolás Maduro por la Corte Penal Internacional fueron presentados, debidamente documentados, los casos de 2.648 víctimas de torturas. Se trata de una práctica “generalizada”, como ha insistido Tamara Suju, activista valiente, ella misma perseguida por sus denuncias. Se utilizan todos los métodos posibles, aún los más sofisticados. Lo confirman las recientes revelaciones de Lorent Saleh, un joven que sufrió en las garras del Sebin, en el corazón de Caracas, durante cinco años (2014-2018), la maldad de hombres insensibles al servicio de tiranos. La realidad supera con creces la ficción de obras famosas como “1984” del británico George Orwell (de 1949) y “El cero y el infinito” del húngaro Arthur Koestler (de 1940). Contradicción de estos tiempos: la dominación, mediante la fuerza física, la imponen quienes habían prometido la liberación de los hombres y la realización del humanismo en un futuro inmediato.
Cuando terminó la guerra de independencia, habían muerto – combates, hambre, enfermedades – cerca de 262.000 venezolanos (casi 1/3 del total); y emigrado otros miles. De allí la amarga confesión de Simón Bolívar en 1830: “Me ruborizo al decirlo: la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de todo lo demás”. Durante el último cuarto de siglo ha fallecido una cifra mucho mayor, a cambio de nada. El régimen impuesto desde 1999 (que sólo pretende su permanencia en el poder) no ha cuidado el más preciado bien del país: su gente. No pocos lo acusan de cometer un genocidio.
* Profesor Titular de la Universidad de los Andes (Venezuela)
X: @JesusRondonN