El Estado sigue imponiendo su política de hegemonía comunicacional sin importarle la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo establecido en nuestra Constitución y en los pactos internacionales en materia de libertad de expresión y derechos humanos firmados y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. No le importa seguir destruyendo la ventana sagrada de una democracia como es el derecho de los ciudadanos a gozar de la información veraz y oportuna para tener a la mano la verdad que siempre un Estado violador de los derechos humanos intentará ocultar, restringiendo la labor del periodista con su libre ejercicio y el derecho al trabajo .
Como defensor de derechos humanos condeno la política de persecución contra los medios comunicación independientes, la prensa libre; el ataque a los periodistas por parte del Estado. La política de amedrentramiento y amenazas contra la información veraz y oportuna por parte del Estado no se detiene. Su propósito es ocultar lo que se vive día a día en la sociedad venezolana, que sigue siendo víctima de la hambruna, servicios básicos deficientes, una crisis sanitaria que se mantiene sin esperanzas de solución y una dolarización que ha engordado a los ricos haciéndolos más ricos y a los pobres más pobres por la hiperinflación que aniquiló e hizo desaparecer el salario, que se convirtió en sal y agua profundizando la desigualdad social en el país.
El Estado sigue en su plan de imponer censura a la prensa libre y de seguir transitando el camino de la imposición de una hegemonía comunicacional, para dejar en el mayor grado de indefensión a un pueblo sufrido que no estará bien informado.
La decisión equivocada por parte del Estado en declararle la guerra a la libertad de expresión, cerrar medios de comunicación social, incautación de equipos y las amenazas a periodistas y ataques sistemáticos a los portales web es una demostración de la incomodidad que le causa al Estado la libertad de expresión.
Todas estas violaciones de los derechos humanos que sigue cometiendo el Estado en contra de los ciudadanos es responsabilidad de los poderes públicos, que perdieron su autonomía e independencia y atribuciones establecidas en nuestra carta magna.
Estamos en presencia de un Estado indolente y prepotente, abrazado al poder sin límites.