La justicia argentina anuló hace una semana la orden de prisión contra Cristina Kirchner por el caso de los cuadernos de la corrupción. Pero la historia aún no la absuelve y es probable que nunca lo haga, a pesar de su esfuerzo por cambiar el término latrocinio por el acomodaticio lawfare (judicialización de la política), anglicismo que utiliza para afirmar que los procesos en su contra no han sido otra cosa que eso, persecución política.

Sobre la ex presidente ya no pesan órdenes de detención, matiza la defensa, aunque sigue procesada como presunta jefe de una asociación ilícita que operó entre 2003 y 2015. Sin embargo, no hay duda de que ahora usará el cargo de vicepresidente para entorpecer el proceso.

La Sala 1 de la Cámara de Casación Penal Federal revocó la orden de detención emitida en septiembre de 2018 en el caso de los cuadernos de la corrupción, que nunca se hizo efectiva porque Cristina se valió del fuero parlamentario como senadora desde 2017.

El nombre de la causa alude las anotaciones de un previsivo chofer del Ministerio de Planificación, las cuales desnudaron la trama de sobornos a cambio de contratos públicos que comenzó con el gobierno de Néstor “el Tuerto” Kirchner, entre 2003 y 2007, y continuó con el de su mujer, Cristina, de 2007 a 2015.

El chofer registró minuciosamente en cuadernos, fotografías y filmaciones cómo durante una década llevó por todo Buenos Aires una danza de bolsas repletas de billetes de empresarios para los Kirchner y sus amigos del gobierno.

Las investigaciones del caso han traspasado las fronteras argentinas y se remontan a la estrecha relación de los Kirchner con otros amigos: Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

La Asamblea Nacional de Venezuela ha reclamado aproximadamente 10.000 millones de dólares públicos que se esfumaron en negociados entre el kirchnerismo y el chavismo, cuyo velo se corrió aún más con el caso de los cuadernos de la corrupción.

Claudio Uberti, que hizo de embajador paralelo de Argentina en Venezuela, ha contado en juicio cómo Néstor Kirchner y Chávez se repartieron 50 millones de dólares con la venta ilícita de bonos de la deuda pública argentina entre 2005 y 2008. Por cierto que el Tuerto, consecuente con su estilo, ordenó que le enviaran lo suyo en efectivo y en maletines despachados por vía aérea desde Caracas.

El 2 de diciembre pasado, apoyada en la victoria electoral del 27 de octubre, la líder del peronismo kirchnerista –que se negó a responder preguntas de los jueces– manifestó en uno de los juicios que le siguen: “Seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia”.

Era previsible que el triunfo de los Fernández en Argentina tendiera un manto sombrío sobre el futuro de los procesos judiciales contra Cristina. Pero es difícil suponer que la historia absolverá a alguien con 13 expedientes que se pasean por corrupción, asociación ilícita y encubrimiento de terrorismo.

Cristina no ha aprendido aún de la propia historia que la justicia siempre llega, como probablemente llegará para ella y sus amigos en Venezuela. Esa certidumbre perturba las noches sin sueño de los jerarcas de las mafias chavistas, que ordenan golpear y robar periodistas.


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