En el calendario romano, los idus eran días de buenos augurios, que tenían que ver con los ciclos de la luna, y que correspondían, más o menos, a la mitad del mes. Pero, por supuesto, los augurios podían ser buenos o malos, dependiendo del punto de vista de cada cual. Para Julio César, que había sido advertido del peligro que le acechaba, los idus de marzo fueron fatales. Ahora, que se aproxima el 13 de junio, habrá que estar muy atento a qué es lo que nos deparan los idus.
Por de pronto, el 15 de junio culmina el mandato de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, y al día siguiente asume el nuevo fiscal, Karim Khan. La señora Bensouda ha estado limpiando su escritorio, para dejar las cosas en orden y, entre los asuntos pendientes, con toda certeza se ha topado con una investigación relacionada con presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Además de la extrema gravedad de esos crímenes, todos los indicios (y las pruebas recopiladas) señalan como responsables de esos hechos a figuras que están muy arriba en la jerarquía de mando y que, a diferencia de Julio César, parecen estar tomándose muy en serio la posibilidad de una eventual acusación penal.
Antes de marcharse, la señora Bensouda tendrá que elegir entre no hacer nada y dejar las cosas como están, proceder a iniciar una investigación preliminar sobre los hechos ocurridos en Venezuela en el pasado reciente, o decidir que no hay fundamento suficiente para iniciar una investigación. La primera opción es improbable, pues, recientemente, la fiscal ha estado solicitando mucha información sobre el caso venezolano a fuentes confiables, y no tendría lógica que, en sus últimos días en el cargo, optara por no hacer nada; eso dañaría irremediablemente su reputación, y no impediría que el nuevo fiscal eligiera un camino diferente. A la luz de hechos que hablan por sí solos, y que están sustentados en abundante evidencia, tampoco parece razonable decidir que no hay fundamento suficiente para iniciar una investigación, particularmente si -a la luz de las pruebas disponibles- el nuevo fiscal puede posteriormente decidir lo contrario. En cuanto al fiscal que está por llegar -Kharim Khan- un especialista en Derecho Internacional Penal, que se toma muy en serio su tarea, y que parece estar decidido a avanzar en los casos pendientes, las noticias tampoco son alentadoras para quienes detentan el poder en Venezuela. Por lo tanto, no hay que preguntarle a la Sibila sobre lo que podría ocurrir ahora en junio; es altamente probable que, en los próximos días, la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional decida abrir una investigación preliminar sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, dejando abierto el camino para que, en los meses siguientes, se identifique a los responsables de esos crímenes y se les acuse formalmente.
Los frecuentes viajes a La Haya y las recientes medidas tomadas por el fiscal general de la República, cambiando su criterio sobre lo que esa misma oficina había informado previamente respecto de graves violaciones de derechos humanos que, por su naturaleza, constituyen crímenes de lesa humanidad, indica que hay mucha inquietud entre quienes tienen la fuerza para arrogarse el poder en Venezuela. La CPI solo puede actuar si los tribunales del Estado en el que ocurrieron los hechos no están dispuestos a investigar o enjuiciar a los responsables de los mismos, o si no están en capacidad de hacerlo. Pero, para afirmar que se está investigando seriamente, no basta el mero reconocimiento de que el concejal Fernando Albán no se suicidó, sino que lo asesinaron. Tampoco es suficiente que acusen de ese crimen a dos policías de baja graduación -que actuaron en nombre del Estado-, olvidándose de toda la cadena de mando que participó en éste y otros hechos similares. Eso sólo demuestra el interés de las autoridades venezolanas por sustraer de la acción de la justicia internacional a los verdaderos responsables de actos ruines y bárbaros, caracterizados como crímenes de lesa humanidad.
Pretender que aquí hay una administración de justicia independiente e imparcial, que está investigando con seriedad la comisión de graves crímenes de competencia internacional, ya no puede engañar a nadie. Sugerir que los altos mandos policiales y militares, así como los funcionarios del gobierno del más alto rango, no ordenaron esos actos, no consintieron en ellos, ni sabían de la existencia de esas prácticas, es una tomadura de pelo que no será aceptada. Si la CPI está interviniendo es porque los tribunales venezolanos no están en capacidad de investigar y castigar estos hechos.
Tampoco es serio que el fiscal general de la República alegue que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no le ha enviado la información pertinente para hacer su propia investigación. Quien tiene los nombres de todas las víctimas, las circunstancias en que fallecieron o en que fueron torturadas, las pruebas pertinentes, los nombres de funcionarios involucrados en cada hecho, los nombres de quienes estaban de servicio en un momento determinado, la cadena de mando, las grabaciones, los documentos que sirven de evidencia de los crímenes cometidos, los nombres de testigos, los informes de los médicos forenses (si los hay), fotografías del lugar de los hechos, etcétera, son las autoridades venezolanas. Quien tiene el control de los sitios de detención y de los centros de tortura, y quien puede hacer comparecer ante un tribunal a los funcionarios policiales que ejecutaron a Oscar Pérez, es el régimen instalado en Miraflores. Quienes han ocultado, manipulado y destruido evidencia son las autoridades venezolanas. En esta etapa del procedimiento ante la Corte Penal Internacional, son las autoridades venezolanas las que tienen el deber de colaborar con esa instancia internacional; no a la inversa.
Lo que está planteado ante la CPI no es ningún caso en contra del Estado venezolano, sino una situación que puede ser caracterizada como un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil, por lo que la Fiscalía de la Corte inició una investigación de oficio. Posteriormente, teniendo en cuenta la extrema gravedad del caso, siete Estados refirieron este asunto a esa instancia internacional, demandando se dé curso a una investigación preliminar; que uno de esos siete Estados (la Argentina kirchnerista) se haya desistido, no afecta en absoluto la magnitud de los crímenes denunciados, la fundamentación de lo alegado, o los pasos procesales pendientes ante la CPI. Después de la investigación preliminar, en su oportunidad, se identificará a los autores materiales e intelectuales de esos hechos, y se decidirá si acusar a personas con nombre y apellido. Cuando eso ocurra, no es al Estado venezolano al que le corresponderá asumir la defensa de esos delincuentes. No se ofende a la patria ni se está lesionando el interés nacional cuando se acusa penalmente a quien ha cometido crímenes atroces. ¡Cada cual es responsable de sus actos y debe asumir las consecuencias de los mismos! Pero, por el momento, no tratemos de marear la perdiz, con el pretexto de que la CPI no está colaborando con el Ministerio Público venezolano. Eso, sólo demuestra un tremendo nerviosismo ante lo que pueda depararle el futuro a alguno de los actuales próceres de la República.