Más allá de las cantinfladas de López Obrador sobre su hermano, las “aportaciones” y las indetectables diferencias entre su video y el de Lozoya, el capítulo más reciente de la serie producida y filmada en Palacio Nacional confirma algo que hemos sostenido aquí desde hace tiempo.
Se que muchos consideran que a partir de la publicación del documento de 63 páginas de Emilio Lozoya, resulta difícil creer que no acabará algún expresidente en la cárcel. Sigo pensando que no. Una de las razones que siempre he esgrimido al respecto es que si hubo pacto entre Peña Nieto y López Obrador, este descansó en un equilibrio de compromisos, amenazas y posibles represalias mutuas entre ambos personajes. Pensar que Peña Nieto y Videgaray iban a confiar en la palabra de López Obrador como única garantía de cumplimiento es no solo ingenuo, sino absurdo. Y pensar que López Obrador no lo sabía, equivale a considerarlo un santo, que obviamente no es.
El video de Pío y León y el intercambio de dinero -probablemente originado en el gobierno de Chiapas- entre un “consultor” de ese gobierno y un “activista” del partido, data de 2015. López Obrador dice que tenía conocimiento del mismo hace tiempo. Todo sugiere que el video obraba en manos del gobierno de Peña Nieto, y que fue una de las fichas o seguros de vida que el expresidente y sus colaboradores conservaron en sitios bien guardados para utilizarlos en caso de necesidad y en el momento indicado. Parece que se violó el pacto, y que el momento llegó.
O bien le entregaron el video ahora a Carlos Loret porque pensaron que López Obrador, al divulgar el texto de Lozoya, violaba el pacto, o bien le dieron el pitazo a Loret de dónde había que buscarlo. Ninguna de las dos hipótesis le resta un gramo de valor y habilidad a Loret por transmitirlo en el sitio de LatinUs.
Ni le restará audacia y legitimidad a quien difunda los siguientes videos, o testimonios o documentos que aparezcan, si la violación del pacto persiste. Sin descartar la posibilidad de que este video, o los que sigan, provengan de otras fuentes (Salinas, Calderón, Osorio Chong, etc), quien más capacidad posee de contar con elementos de contraataque es Peña Nieto. Durante seis años dispuso del aparato de inteligencia del Estado para investigar todo lo que se podía investigar en el entonces presente o lejano pasado de López Obrador y de su familia. Y si alguien se anima a cuestionar la ética de atacar a la familia como procedimiento político, convendría que conversara con la esposa, la hermana y la madre de Lozoya.
¿Qué sigue? Obviamente más desmentidos de los acusados por Lozoya; desde luego más filtraciones por Palacio y la Fiscalía contra los acusados por Lozoya; inevitablemente más revires, de la misma naturaleza, de Peña Nieto, Calderón o Salinas. No están mancos, no acostumbran quedarse quietos, y dudo que se entreguen tan fácilmente como Lozoya. Solo que probablemente cuidarán mejor a sus familiares, porque ya saben que López Obrador opera sin cuartel. Todo se vale. Ni duda cabe.
Por último, no se si tenga mucho sentido solidarizarme con Nexos en Nexos. Salvo, tal vez, para opinar que solidaridad que no es pública, o no se refleja en suscripciones o anuncios, no es solidaridad.