Si el contenido del informe de la Encovi 2019-2020 presentó al mundo la cruenta realidad social y económica de nuestro país, las imágenes sobrecogedoras de la diáspora venezolana víctima del brutal impacto ocasionado por el COVID-19 en las economías del planeta y en particular de la región andina donde se ubican millones de connacionales, han producido en nuestra identidad una honda herida y estupor ante la vulnerabilidad de los migrantes, que solo aspiran a pisar su tierra antes que morir en la inopia en el extranjero.

El alma nacional está rota al ver cómo cientos de miles de migrantes sufren el calvario, sin ningún cirineo que los apoye, ante la andadura por páramos gélidos, llanuras y carreteras interminables, al recorrer muchos de ellos más de 3.000 km para llegar a las fronteras del suelo patrio. Como han declarado algunos migrantes provenientes de Lima, Quito, Bogotá: prefieren regresar espantados al país que los vio nacer, que morir en medio de la hecatombe de las cuarentenas en cada uno de estos países, que ha reducido al máximo el empleo informal y formal tanto para los autóctonos y mucho más para los migrantes.

En ese corredor andino que incluye a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y se extiende hasta Chile, Argentina y Brasil, pudieran ubicarse alrededor de 4 millones de venezolanos, quienes huyeron despavoridos desde 2015 ante el espectro de la hambruna que hoy describe detalladamente el documento reciente publicado por la UCAB. Partieron esperanzados en una vida mejor, provenientes de un país cuyo salario mínimo mensual se ubica alrededor de 2 a 4 dólares, para obtener ingresos promedios no mayores de 300 a 400 dólares, y de esta manera alimentar a sus familias en Venezuela.

Pues bien, los planes se trastocaron con la pandemia que como rayo maligno los ha suspendido temporalmente o quizás para siempre. Hay quienes han obtenido empleos estables, estos son una minoría; otros se mantienen a duras penas en la informalidad; el resto, los más vulnerables, han iniciado el retorno, por la vía terrestre, sufriendo el acoso inclemente de los cuerpos de seguridad en cada país andino, tratándolos como parias, discriminados y perseguidos en una suerte de Holocausto del siglo XXI. Decenas han perdido la vida por las largas caminatas y las agrestes condiciones del ambiente, asumiendo riesgos sobrehumanos con la esperanza de llegar a la frontera colombo-venezolana.

Una suerte de epopeya irónicamente contraria a aquella gestada por el Libertador Simón Bolívar en el siglo XIX, cuando liberó a los pueblos de las naciones andinas que hoy ven con indiferencia marchar famélicos, agotados y abandonados, signados solo por una ambición: respirar de nuevo los aires de su tierra, sentir los olores y sabores criollos, el calor de su gente, que solo parece compartir el alegre y gregario gentilicio venezolano.

Toda esta épica trazada por migrantes indefensos y desvalidos se ha topado con un muro infranqueable por los pasos fronterizos de Cúcuta y Maicao, erigido por el gobierno nacional, al calificarlos sus voceros de “trocheros, bioterroristas, portadores del virus colombiano, agentes del gobierno de Iván Duque y en consecuencia agentes del imperio norteamericano”.

En resumidas cuentas, son tratados como apátridas al no ser ni de aquí, ni de allá, ni de ningún lado. Aun cuando los gobiernos de los países andinos han recibido miles de millones de dólares en ayuda humanitaria enviados por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, hoy estos venezolanos acampan en condiciones infrahumanas en las fronteras ya mencionadas, en circunstancias que los han obligado a buscar desesperadamente el ingreso por los caminos verdes para tratar de llegar a sus hogares en suelo nacional.

Aun cuando la Constitución Nacional establece en el artículo 50 que “toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones que las establecidas por la ley”. Su incumplimiento signa el destino de cientos de miles de connacionales, quienes  lamentan estar condenados en la práctica al destierro, que no solo identifica a los que provienen de la región andina, también de Estados Unidos y España, donde por fin se ha autorizado un primer vuelo humanitario luego de 4 de meses de penurias en el aeropuerto de Barajas en Madrid.

Este cuadro dantesco no exime al Estado de sus responsabilidades como bien lo establece el artículo 55 de la Constitución: “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento …”, competencias omitidas por un Poder Ejecutivo de talante autoritario cuya conducta malévola engrosará el prontuario ante los organismos internacionales de justicia y de las Naciones Unidas.


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