El Partido Demócrata de Estados Unidos necesita con urgencia un (o una) “tirapiedras”, que lo ayude en su esfuerzo de remover a Donald Trump de la Presidencia, sea por el llamado impeachment o en las elecciones presidenciales de 2020.
Al día de hoy, la Cámara de Representantes, dominada por la bancada demócrata, aprobó investigar a Trump por presuntas violaciones de la Constitución y juzgarlo de acuerdo con dos artículos acusatorios sobre los cuales el Senado debe decidir, bajo la tutela del presidente de la Corte Suprema de Justicia. En estos casos, en lo que llaman el proceso de impeachment, la Cámara de Representantes actúa como cuerpo investigador y acusador, lo que haría un fiscal en un juicio ordinario, y el Senado actúa como el jurado que decidirá la culpabilidad o inocencia del acusado.
Para remover a un presidente se necesitan dos tercios presentes de la Cámara Alta. El Partido Republicano, al cual pertenece Trump, tiene una mayoría de senadores (53). La minoría tiene 47, que incluye a dos independientes que se alinean con la bancada opositora.
El actual proceso de enjuiciamiento de Trump tuvo dos fases en la Cámara Baja. El impeachment lo dirigió el Comité de Inteligencia, con participación en sus deliberaciones de los miembros de los comités de Asuntos Exteriores y de Contraloría. La redacción de los artículos acusatorios que van al pleno de la cámara fue responsabilidad del Comité de Asuntos Judiciales.
Quizá porque el presidente del Comité de Inteligencia, Adam Schiff, tiene experiencia como fiscal acusador, el caso fue construido impecablemente, de acuerdo con la información y testigos disponibles. Los primeros testigos fueron interrogados en sesiones cerradas, que los diputados republicanos han teñido como “secretas”, a pesar de que los miembros de esa bancada en los tres comités investigadores participaron en ellas.
Las sesiones cerradas buscaban impedir que los testigos supieran lo que declaraban otros interpelados y detectar contradicciones entre ellos, si las hubiera. Esto funcionó bien, porque hubo contradicciones que luego, en las audiencias públicas, se aclararon y revirtieron contra el acusado. Tal fue el caso del embajador ante la Unión Europea, Gordon Sondland, quien en la interpelación abierta, a diferencia de en la privada, dijo enfáticamente que hubo quid pro quo entre la solicitud de Donald Trump al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenksky, de que investigara a Burisma (la empresa ucraniana en la que trabajó el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, mientras su padre fue vicepresidente) y también a la desmentida interferencia de Ucrania en las elecciones presidenciales de 2016. Zelensky debía al menos anunciar las investigaciones en un canal de TV norteamericano para que Trump lo recibiera en la Casa Blanca, además de que la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania contra Rusia estaba suspendida.
Desde el inicio del proceso, en octubre, los parlamentarios republicanos se dedicaron a criticar la parte procedimental del caso, más que la cuestión de fondo. Alegaban y todavía alegan que los demócratas no han permitido al presidente defenderse, pues no han aprobado que se presenten como testigos ni el denunciante inicial, un agente activo de la CIA, ni Hunter Biden, a quien no se le han comprobado actos ilegales por ser directivo de la empresa Burisma.
En la segunda mitad del proceso, los diputados republicanos, a petición de Trump (por tweet), agregaron a sus alegatos procedimentales que la solicitud del presidente a su colega ucraniano era válida, dada la historia de corrupción en Ucrania después de separarse de la URSS; que a Hunter Biden había que investigarlo, porque su único mérito para ser directivo de la empresa gasífera Burisma era el hecho de ser el hijo del vicepresidente de Estados Unidos, quien, de paso, en ese entonces, condicionó ayudas a Ucrania a cambio de remociones de corruptos en el gobierno.
Los republicanos también han intentado hacer ver que Ucrania, además de Rusia, interfirió en las presidenciales estadounidenses de 2016, con jaqueos desde un servidor ucraniano oculto y desaparecido, lo cual ha sido desmentido por todas las agencias de inteligencia estadounidenses y, públicamente, por una ex funcionaria del Departamento de Defensa, ex asesora del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, Fiona Hill, en su interpelación en el Congreso por el impeachment. Rematan con que no pudo haber habido quid pro quo, porque la ayuda militar a Ucrania finalmente se entregó. Que el presidente lo que pidió a su colega fue que hiciera investigaciones contra hechos de corrupción que le preocupaban.
Los alegatos de injusticia hacia el presidente, porque no se han llamado a sus testigos, carecen realmente de peso, dado que Trump ha prohibido que declaren ante el Congreso los funcionarios responsables directos de la política exterior hacia Ucrania y de la emisión de la ayuda que el Congreso había aprobado con apoyo bipartidista, es decir, el secretario de Estado y el jefe de Gabinete del presidente, quien además es titular de la Oficina de Presupuesto. El Departamento de Estado también ha prohibido que sus funcionarios declaren ante el Congreso (quienes lo hicieron fue por citación judicial) o que se apoyen en sus notas u otros documentos oficiales para testificar. Esto, además de que el anonimato del denunciante inicial que motivó la investigación a Trump, está protegido por la ley, para evitar represalias.
En el caso de Hunter Biden, la gran pregunta es ¿dónde estaban los diputados y senadores republicanos durante el gobierno de Barack Obama e incluso el primer año de Trump, que enterados de los servicios profesionales del hijo del ex vicepresidente nunca abrieron una investigación? ¿Por qué lo quieren hacer ahora, cuando se acusa al presidente de tratar de obtener beneficios personales (electorales) coaccionando e involucrando a una potencia extranjera?
Y es cierto que la ayuda militar a Ucrania fue finalmente emitida, pero solo después que se conoció la denuncia de la llamada telefónica de Trump a Zelensky que soltó las alarmas entre miembros del Consejo Nacional de Seguridad, y de que el Congreso decidió investigar.
Cada vez que algún diputado republicano habla en las exposiciones públicas de la cámara baja, repite los argumentos mencionados arriba. En las interpelaciones, fue un martillar que aún repiten cada vez que van a un programa de televisión, e indican que el intento de remoción del presidente está completamente parcializado por una fracción que tan solo odia al presidente, su estilo y su modo de hacer las cosas. Y además temen que los derrote en las elecciones de 2020.
La realidad es que las opiniones ciudadanas de quienes están a favor o en contra de la investigación y remoción del presidente se han mantenido más o menos constantes desde que comenzó el proceso en el Congreso, entre 43% y 49% en ambos casos, aunque casi siempre quienes desean salir de Trump están por arriba. Al 16 de diciembre, el promedio de encuestas sobre este tema, según RealClearPolitics, dio 46,7% que aprueba la investigación y remoción, y 47,3% que la desaprueba. Es decir, los debates públicos en el Congreso y sus decisiones no han arrojado una gran variación en la opinión pública.
En el Senado, la mayoría republicana tomará en cuenta, sobre todo, lo que piensan al respecto los votantes del partido. Al hacer la desagregación, la mayoría de los demócratas (aproximadamente 84%) quiere despachar a Trump de la presidencia, igual que 43,6 de los independientes, pero solo 9,5% de los votantes republicanos aprueba investigar y salir de Trump.
¿Qué pueden hacer los demócratas para cambiar esa percepción?
Trump, como Chávez, es muy hábil en la manipulación de la opinión pública y es un experto en huir hacia adelante. El temor de los senadores republicanos de ser siquitrillados por Trump con el uso de Twitter los ha llevado a defenderlo utilizando verdades a medias, tergiversaciones y hasta mentiras en demasía. Y esto pareciera haber calado, porque las percepciones ciudadanas no han variado de modo significativo. A pesar de la presentación de pruebas contra Trump por parte de funcionarios gubernamentales sin filiación partidista, los demócratas no han convencido.
Trump, como Chávez, es un adversario político no tradicional, al que para enfrentarlo no bastan los métodos tradicionales formales. La transcripción pública de la conversación telefónica de Trump con Zelensky y la admisión del jefe del Gabinete de que el presidente buscaba un dame lo que me beneficia personalmente para aprobarte tu ayuda, no han sido suficientes.
“Todos los caminos conducen a Rusia con usted”, le dijo a Trump la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Y eso, que sí puede impactar al electorado republicano, no ha sido explotado. Los demócratas están en necesidad de escoger un tirapiedras que machaque esa idea, que tiene que ver con el impeachment y también con la retirada de tropas en Siria, con el informe Mueller, con las críticas de Trump a la OTAN, con sus simpatías por el brexit en detrimento de la Unión Europea, con las elecciones de 2016 y con las que vienen, etc., etc., etc. De lo contrario, les será difícil cambiar la matriz de opinión, al menos respecto al impeachment, que es el despido más agresivo contra un presidente.
@LaresFermin