Lo sucedido recientemente en Iquique, capital de la región de Tarapacá, en el norte de Chile, da grima. Es abominable cómo fueron tratados los migrantes venezolanos por una marcha de chilenos de la zona, quienes luego del atropello de la policía local, siguiendo el “ejemplo” procedieron a agredirlos física y verbalmente, a quemar sus pertenencias, juguetes, tiendas de campaña, como si se tratara de una orgía del diablo.
Estamos hablando de más de 3.000 venezolanos que, desesperados por la hambruna sufrida en su tierra, se vieron obligados a huir y atravesar los Andes en busca de la oportunidad perdida. Estas circunstancias no los convierten en delincuentes, de hecho, en el caso de Chile diversos estudios señalan que los migrantes relacionados con actividades delictivas, incluidas varias nacionalidades, no llegan al 3%.
¿Qué ha pasado en realidad? Que ha habido una mala gestión de la migración desde 2018 en adelante con la administración de Sebastián Piñera, quien ha impulsado una política de expulsiones justificadas por un relato que señala a quienes llegaban ilegalmente, como traficantes o violadores, generando una imagen falsa de los migrantes como criminales. Todo acompañado con la difusión mediática de venezolanos esposados como maleantes y vestidos con trajes de reos, enfilados en aviones cuyo destino es Caracas.
Esta vil política contra los migrantes venezolanos se ha implementado, aun cuando en la nación austral se ha registrado una población de 450.000 venezolanos, cuya composición mayoritaria es reconocida por su calidad profesional y humana en todos los campos de la ciencia, tecnología, las artes y la educación.
Ha sido tan impactante la agresión de Iquique que determinó la rápida repuesta de voceros de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Unicef, OIM, HRW y representantes de instituciones de la sociedad chilena, quienes exigieron al gobierno solucionar el entuerto y suspender las acciones contra los migrantes, originando una condena hasta del propio presidente Piñera.
Mandatario que debiera seguir el ejemplo de otros gobiernos de América, como es el caso de Colombia, donde el presidente Iván Duque ha dado un trato digno a una migración cercana a los 2 millones, a la que incluso otorgó un TPS por 10 años. Una medida similar promueve el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle, también ha ofrecido ventajas a la migración venezolana, observadas de igual forma en Brasil y Argentina. Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó un TPS prorrogable hasta 2022 a 350.000 venezolanos sin estatus legal en ese país.
Ahora bien, ante estos repugnantes hechos acaecidos en Chile, el súmmum de la hipocresía y el descaro lo expresan los voceros de la tiranía Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. Ellos amenazan con que “la oposición pagará por empujar a los venezolanos a la migración precaria” (28/09/2021), cuando en realidad fue su acción delincuencial la que provocó la partida de alrededor de 7 millones de venezolanos. La segunda diáspora de mayores dimensiones en el mundo en el siglo XXI, después de la Siria, la han originado estos sujetos hoy encausados por delitos de lesa humanidad en la CPI.
Finalmente, Venezuela le demostró a Chile solidaridad extrema cuando huían de las garras del tirano Pinochet. Acá se les dio abrigo y sustento a profesionales de todas las especies, los recibimos en nuestras casas sin discriminación alguna, esa actitud que hoy reclamamos con toda justeza los oriundos de la patria de Bolívar y de Andrés Bello, considerado uno más de su gentilicio.
Estas lamentables circunstancias muy cercanas a la Kristallnach, acto xenófobo que marcó el genocidio contra el pueblo judío, no deben repetirse jamás en la humanidad, pero se cometen contra el pueblo venezolano, que hoy vulnerable, fragmentado, intenta recuperarse en otros lares de la tragedia humanitaria que lo abruma y que fue provocada por una dictadura que le ha expropiado el país.