En realidad no teníamos previsto escribir sobre el tema que nos ocupa hoy. La molestia que nos causó leer la noticia que da lugar a este artículo me condujo por un nuevo derrotero. Las reseñas que publicaron medios de comunicación nacional sorprendieron en demasía. William Echarry, de 70 años de edad y Ramón Blanco, de 66 años (compatriotas de la tercera edad y activistas del Frente Amplio en Vargas), fueron imputados por un Tribunal de Vargas por supuestos crímenes de instigación al odio y agavillamiento. Lo más insólito de la decisión es que las medidas cautelares solicitadas por los abogados de los enjuiciados no fueron atendidas por el juez de la causa, motivo por el cual los acusados serán trasladados a la cárcel de El Rodeo. Mayor injusticia y falta de respeto hacia ellos no es posible.
En una Venezuela en la que campea el hambre, los bajos salarios y las esmirriadas pensiones, por decir lo menos, es una gran arbitrariedad sancionar de ese modo a unos luchadores que claman por sus derechos y los de otros compatriotas. La decisión anterior pone de manifiesto el modo y la dimensión en que el gobierno de Nicolás Maduro y su estructura institucional se ha insensibilizado.
Los problemas que hoy día confrontan los adultos mayores de nuestro país son múltiples y no pueden pasar inadvertidos. Para nadie es un secreto que, por razones de edad, muchos de ellos tienen serios inconvenientes para emigrar junto con su descendencia más joven. Como si eso no fuese ya una gran calamidad, la inmensa mayoría de los que se quedan en el país enfrentan serias limitaciones económicas que le imposibilitan costear sus gastos médicos, medicinales y de alimentación. Como consecuencia de ello, ese honorable grupo de compatriotas se ve muy afectado por la crisis económica y las políticas “revolucionarias” que se han puesto en práctica.
El juez de esta causa no debió pasar por encima de una realidad: la tercera edad en el ser humano alude a las últimas décadas de la vida. Se trata de una etapa en la que toda persona comienza a presentar cambios a nivel cognitivo, emocional y físico. Por tanto, la lógica impone que quienes se encuentran en tal fase deben ser objeto de un trato especial. Que quede entonces muy claro que no estamos hablando o incluyendo a personajes de alta peligrosidad. El tipo de circunstancia que rodea la situación aquí planteada impone a todas luces una aproximación especial. No estando involucradas personas de estirpe criminal o delictiva, mal pueden castigarse de forma extrema; menos aún en un momento en que la pandemia sigue campante en el país.
Lo anterior pone de manifiesto que podríamos estar ante una situación de exceso y maltrato que, más adelante, podría dar lugar a sanciones contra el juez involucrado en el caso. No estamos hablando de poca cosa. En conclusión, lo procedente es que William Echarry y Ramón Blanco sean juzgados en libertad.
@eddyreyest