La colonización europea de gran parte del mundo ofrece un experimento natural para investigar las características de los gobiernos que facilitan o menoscaban el Estado de derecho. La amplia diversidad de regímenes que se establecieron, a menudo por los mismos grupos de europeos, permite estudiar la razón y los efectos de las diferentes estructuras de poder gubernamental y su legado.
El celebrado economista Daron Acemoğlu explica que los colonizadores europeos estructuraban el poder dentro de sus gobiernos de la forma más lucrativa posible, en función de las características de los territorios que conquistaban. Así, donde el control sobre las poblaciones nativas les garantizaba altas ganancias económicas, el poder gubernamental se centralizaba a través de una jerarquía de dependencias. En contraste, cuando las poblaciones nativas eran relativamente pequeñas o estaban dispersas, para atraer a más colonos, el poder gubernamental era limitado al dividirlo entre entidades estructuralmente independientes.
En África, la India y América Latina, el interés económico de los europeos favorecía una estructura gubernamental constituida para que una población relativamente pequeña de colonos rigiera sobre la extensa población nativa y extrajera sus riquezas.
Para servir a este fin, se formaron regímenes con estructuras basadas en la dependencia como instrumentos de control dentro del gobierno. Casi todo funcionario era dependiente: podía ser nombrado, destituido y hasta juzgado arbitrariamente por orden del gobernador u otro representante de la Corona. El resultado de estas prácticas fue un entorno altamente politizado que ataba el destino y los bienes de los súbditos (particulares y funcionarios) al clientelismo y al favoritismo de una élite. Esto sofocaba la competencia política y económica y le otorgaba impunidad y riquezas a la oligarquía.
En las colonias norteamericanas, Australia y Nueva Zelanda, los colonizadores nuevamente reaccionaron a su entorno. Como consecuencia de la escasa población nativa y la inexistencia de oro o plata, estas colonias se establecieron como centros de comercio de productos, como el tabaco, las maderas y el pescado seco, para el consumo europeo. La necesidad de atraer colonos europeos que trabajaran la nueva tierra motivó la adopción de estructuras gubernamentales que garantizaban la justicia imparcial, la libertad religiosa y los derechos de la propiedad privada.
Por ejemplo, en 1619, la primera colonia norteamericana, Jamestown, tan solo doce años después de su fundación, adoptó una cámara legislativa democrática. Los colonos de Plymouth, segunda colonia norteamericana, fundada en 1620, ya tenían un sistema representativo diseñado antes de arribar a tierra firme, y pronto eligieron a su primer gobernador. Los colonos de Massachusetts Bay, tercera colonia norteamericana, fundada en 1630 con casi mil colonos, ya antes de zarpar gozaban de una constitución democrática que designaba dos cámaras legislativas, y un gobernador elegido popularmente.
Por otra parte, los juicios se realizaban por medio de un jurado, lo que les restaba poder a los jueces, los cuales eran designados por la Corona. Además, numerosos funcionarios, tales como fiscales y alguaciles, eran elegidos, por lo que gozaban de un alto grado de despolitización e imparcialidad. Esto proporcionó la base para la igualdad ante la ley y firmes derechos de propiedad privada para la comunidad.
El legado colonial y las estructuras gubernamentales que se generaron resultan evidentes hoy en día. Tras la independencia, los países con mayorías europeas continuaron y perfeccionaron las estructuras gubernamentales que otorgan independencia a los funcionarios, lo cual elimina conflictos de intereses, crea contrapesos y favorece la toma de decisiones imparciales.
De forma similar, en el período de la posindependencia en América Latina, la oligarquía mantuvo y desarrolló la estructura preexistente. Actualmente, demasiados funcionarios siguen dependiendo de dirigentes políticos. Con este poder de coerción, los partidos y el gobierno toman la forma de maquinaria clientelista. Mediante el manejo arbitrario de los bienes y servicios públicos, los políticos y sus colaboradores son recompensados a expensas del bien común y la justicia.
La esencia del problema en América Latina no yace en protagonistas interesados, que existen en todos lados, yace en la estructura de poder dentro del gobierno, remanente de la época colonial, que le otorga a los que ejercen el poder las herramientas para practicar la coerción. Estos hechos históricos revelan que la diferencia en la obtención de justicia no se encuentra en las cualidades morales de los habitantes, sino en la estructura gubernamental que los rige.