Con el cuarto ciclo vuelven a Caracas a partir de este lunes las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ahora ensombrecidas por denuncias de que la guerrilla fragua planes en campamentos en Venezuela para asesinar al fiscal general del país vecino, Francisco Barbosa.
En lo que pareció más la defensa del ELN que del proceso de paz, el gobierno de Maduro prometió la semana pasada “una exhaustiva y transparente investigación que establecerá la verdad” sobre esos señalamientos, aunque al mismo tiempo los calificó de “rumores que, con dudosa intención, son esparcidos en Colombia”.
También jugó adelantado al “rechazar cualquier intención de sugerir la posibilidad de que se esté usando” el territorio venezolano “para estos inverosímiles planes”, pero evitó referirse a la denuncia específica de la existencia en el país de campamentos del ELN, cuyos miembros se mueven con entera libertad.
Después de cuatro años paralizadas, las conversaciones con el ELN se retomaron el 21 de noviembre precisamente en Caracas sin que Miraflores, supuesto garante en ese proceso, respondiera la denuncia que el 30 de junio de 2021 presentó Fundaredes acerca de negocios en Venezuela entre la narcoguerrilla y figuras del régimen de Nicolás Maduro.
La denuncia de la ONG -respaldada por documentos y evidencia fotográfica- se refería por ejemplo a la relación de esas figuras con integrantes del comando central del ELN, y la existencia de “casas seguras” en territorio nacional para la actividad de estos cabecillas de la guerrilla en operaciones financieras oscuras.
Fuentes independientes saben que el ELN transita libremente entre los dos países y que explota minerías ilegales y trafica cocaína. Estados Unidos, que continúa considerando a Venezuela una amenaza para su seguridad, sostiene que este país sigue siendo una ruta importante para el tráfico de drogas y que el gobierno de Maduro depende cada vez más de ese negocio para subsistir.
En 2015, cuando las FARC negociaban la paz con el Estado colombiano, el Cartel de los Soles desvió parte del inventario de la FANB para la guerrilla. Eso contribuyó a la traición de los acuerdos de paz, y a las disidencias también se les proporcionó dinero y apoyo en territorio venezolano con campamentos y casas seguras.
Eso deja suponer que los mandos chavistas -más preocupados por los negocios con la guerrilla- no están ayudando al ejército colombiano “quitando un espacio que antes tenía muy libre el ELN”, sino que amparan campamentos donde se urden planes que comprometen la política de paz total de Petro.
Semana, que cita altas fuentes del Ministerio de Defensa, reveló que la guerrilla no solo quiere asesinar al fiscal Barbosa, sino también al general retirado Eduardo Zapateiro y a la senadora María Fernanda Cabal. Lo grave es que el Ejército -dice el medio colombiano- teniendo la información, no la habría hecho pública para no afectar el proceso de paz con ese “grupo criminal”. Y detrás están los que proporcionan en Venezuela los campamentos del ELN.