El fin de semana el presidente Noboa de Ecuador sorprendió a todos en la región con la incursión que ordenó sobre las instalaciones de la Embajada de México en su país para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glas, sobre el cual pesan condenas por delitos de corrupción vinculados al accionar de la internacionalmente infame Odebrecht.
La antijuridicidad de la conducta del gobierno ecuatoriano es evidente. Las misiones diplomáticas gozan de inmunidad. El Estado que recibe a la misión diplomática, conforme a la Convención de Viena, no puede ingresar a ellas sin el consentimiento del jefe de la misión.
Respecto del asilo concedido al señor Glas, por corrupto que este sea, el hecho concreto es que la calificación sobre el mérito de la solicitud corresponde, única y exclusivamente, al estado que recibe la solicitud, o sea, México.
Hasta aquí todos estamos de acuerdo. El problema es que de un tiempo a esta parte, no solamente en el Perú, sino también en toda la región, vivimos una demolición de todas las instituciones jurídicas que norman la vida y las relaciones en y entre naciones civilizadas.
El Derecho de Asilo diplomático tiene una larga tradición en América Latina y fue una importante válvula de escape que aminoró persecuciones políticas en épocas que eran comunes los golpes militares. En general, luego de algunos forcejeos de rigor, los gobiernos permitían la salida del asilado que conservaba su libertad personal, pero, con una importante limitación: abstenerse de intervenir en la política de su país. Tenía que esperar que el paso del tiempo le permitiese regresar a su terruño.
Algunas peticiones de asilo fueron notoriamente conflictivas. En el Perú, el caso más famoso fue el asilo de Víctor Raúl Haya de la Torre en la Embajada de Colombia, que fue de larga duración y que ocasionó un delicado impasse entre requiriendo difíciles negociaciones y que fue llevado a la Corte Internacional de La Haya.
Un caso desafortunado fue la fallida solicitud de asilo del fallecido expresidente Alan García Pérez en la Embajada de Uruguay. En esta ocasión, el gobierno del felón Vizcarra y una serie de operadores políticos desplegaron todos sus tentáculos para frustrar una solicitud previamente conversada (como suele ser en muchos casos).
El problema actual es que gobernantes como AMLO hacen de las instituciones jurídicas y del derecho internacional una opereta, a la cual recurrir solo cuando les convenga. Reciben como exiliados a sus aliados políticos, que invariablemente enfrentan problemas con la justicia de sus países, asistiéndoles luego en la tarea de desestabilizar a los gobiernos de los que huyen.
Así ocurrió con Evo Morales, por ejemplo, logrando que el MAS retorné al poder. Así quisieron hacer con el Perú, pero fracasaron, debido a la rápida actuación de la Policía Nacional que le impidió a Castillo trasladarse a tiempo a la Embajada de México.
Desde el punto de vista del Derecho Internacional, lo que hubiese correspondido en este caso ecuatoriano, es llevar la disputa a la Corte Internacional de Justicia para que se pronuncie sobre la legalidad del asilo mexicano.
Sin embargo, el gobierno ecuatoriano, por varias razones, optó por otro camino. Una de ellas es la, llamémosla, inspiración Bukelista. Esta tentación de generar situaciones de hecho en el terreno efectistas y más adelante lidiar con las consecuencias.
Pero hay algo más. Con esta decisión, el gobierno de Ecuador ha mandado una señal a los gobiernos de la región, en especial a los del eje bolivariano. La señal es que no van a tener demasiados escrúpulos ni miramientos a la hora de enfrentar aquellas potencias extranjeras o grupos de criminalidad organizada que pretendan derribarlo.
También le mandan una señal a Correa en el sentido que más le valdría actuar con prudencia y mantenerse lejos, lejitos de Ecuador, no vaya a ser que, en un rapto de audacia, lo capturen.
La estrategia de la Tierra Arrasada que, en su expresión local, comenté en mi anterior columna, también se ha manifestado a nivel internacional. Y lo hecho por el gobierno de Ecuador es la lógica consecuencia de ello. Conforme desaparece el derecho y se tergiversan las normas, reaparece la fuerza como principio rector de la política internacional.
Que en esta ocasión a la mayoría de lectores de esta columna, les guste el resultado, no quiere decir que estemos ante un feliz y venturoso acontecimiento, pues, lo que tenemos al frente demuestra que LATAM ingresa en una época de enfrentamiento hasta las últimas consecuencias, en la que no habrá reglas. Vale Todo.
Artículo publicado en el diario El Reporte de Perú