La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Servicios Sociales y la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social protegen los derechos humanos de los adultos mayores.
El Artículo 24 refiere que todas las personas adultas mayores tienen el derecho al envejecimiento digno y activo, favoreciendo la optimización de las condiciones de vida, desde la salud, participación y seguridad, a fin de mejorar el buen vivir, bienestar y calidad de vida.
La ONU dice que a las personas mayores se las percibe cada vez más como elementos que contribuyen al desarrollo; se considera que sus habilidades para mejorarse a sí mismas y a la sociedad, se deberían integrar en las políticas y en los programas a todos los niveles.
Todo lo anteriormente indicado es letra muerta para el régimen de Nicolás Maduro, pues en sus políticas públicas las personas de la tercera edad no son tomadas en cuenta, tal como se deduce en el tan esperado y anunciado aumento del salario mínimo y de las pensiones de los casi 5 millones de personas, a lo largo y ancho del territorio nacional.
El Primero de Mayo los trabajadores esperaban que el presidente «obrero», como a Maduro le gusta llamarse, aumentase los salarios, pero sólo mejoró los bonos de la «guerra económica» y los de alimentación a 70 dólares, que ganan quienes laboran en la administración pública y los chavistas inscritos en el sistema Patria, dejando sin ajustar el básico de 5 dólares, que perciben los casi 5 millones de pensionados del Seguro Social y jubilados.
El desdén y poco interés puesto de manifiesto por Maduro en este tema, que en la mayoría de los países del mundo es vital, pues las políticas públicas para las personas de la tercera edad tiene un enfoque basado en los derechos humanos, bajo la premisa de que el envejecimiento de la población, es un fenómeno que hay que abordar puesto que interroga a la sociedad en su conjunto y exige la responsabilidad de los Estados, como garantes de los derechos de las personas mayores. Tales políticas deberán guiarse por los estándares y principios que reclaman adoptar un enfoque basado en derechos Humanos y una atención integral centrada en la persona, como canales para articular un tratamiento adecuado de los derechos de las personas mayores, sin olvidar el compromiso ético de todos los agentes implicados en dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad, y que no es otro que el Estado.
5 dólares, monto equivalente a 130 bolívares que reciben los pensionados, solo alcanzan para comprar 2 docenas de huevos, cantidad que el régimen de Nicolás Maduro ha decretado para mantener el salario mínimo mensual, uno de los más bajos del mundo, lo que ha enardecido a los trabajadores venezolanos que han salido a la calle a protestar pese a las fuertes represiones.
Esta política salarial discriminatoria y electoralista es la que rechazan los gremios y sindicatos de los trabajadores. La ONG Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) denunció la represión del régimen de Maduro contra los manifestantes que exigen salarios dignos. Pero la lucha por la dignificación del salario mínimo y la de los pensionados proseguirá, por lo que se anuncian desde ya nuevas acciones de calle.
El aumento de los bonos de alimentación y de guerra económica anunciado por Maduro, en vez de subir el salario mínimo, recibe la condena de gremios, sindicatos y abogados laborales. En lo que va de año se registraron más de 2.814 protestas en todo el país, a razón de 31 manifestaciones diarias, que terminan en violencia, con detenidos y heridos, lo cual acrecienta el descontento social.
No podemos seguir viendo el mal trato de que son víctimas hombres y mujeres, que a lo largo de sus vidas dieron lo mejor de si, en procura del desarrollo armónico de una nación rica en recursos naturales y humanos, hoy vulnerados por la vorágine corruptiva de quienes enseñoreados en el poder, lo convirtieron en un país tercermundista, en el que a diario fallecen personas de la tercera edad por desnutrición, y por falta de equipos para la atención renal y cardiológica, entre otros tantos problemas que afectan su subsistencia.
¡Es un crimen de lesa humanidad!
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