Si bien Maduro y su entorno se muestran seguros ante las cámaras, algunas situaciones recientes les deben estar preocupando. En primer lugar, la orden de detención dictada por la Sala de Cuestiones Preliminares en contra del presidente Vladimir Putin y la comisaria de Derechos del Niño de Rusia, Lvova-Belova, en el contexto de la situación en Ucrania, por la supuesta comisión de crímenes de guerra por deportación ilegal de población y el traslado forzoso de niños desde algunas zonas ocupadas por Rusia en Ucrania. Y, luego, la lucha a cuchillo entre las bandas en el poder en la mayor trama de corrupción jamás vista en el país y probablemente en el mundo que ha permitido ver de cerca no solamente el bandidaje en práctica, sino las razones por las cuales los venezolanos viven en la mayor miseria.
La orden librada el pasado 17 de marzo por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional marca un hito muy importante en la lucha contra la impunidad por la comisión de crímenes internacionales y en la aplicación de la justicia internacional penal. Si al jefe del Estado de una de las potencias más importantes del mundo, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y con el mayor arsenal nuclear es objeto de una orden de detención, pocas esperanzas quedan para los dictadores de segundo rango presuntamente involucrados en crímenes internacionales, como los de lesa humanidad. Si el fiscal y la Corte no se han detenido en el caso de Ucrania, menos lo harán en relación con otras situaciones, como la de Venezuela, en donde hay “razones fundadas” para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en el país desde al menos 2014.
No es fácil para la Corte hacer efectiva esta orden. Tampoco lo será para los Estados partes en el Estatuto cumplir con su deber de cooperar con la Corte, más aún ante las amenazas del vicepresidente ruso quien adelantó que cualquier intento de detener al presidente Putin haría desencadenar una guerra. Pero la orden de detención podría ser efectiva, en un escenario no imposible de cambio político interno, si las mismas (nuevas) autoridades rusas proceden a su entrega a la Corte, a menos que decidan el enjuiciamiento por los órganos de justicia nacionales, si ellos garantizan un proceso justo, independiente e imparcial.
Este escenario es también imaginable en el contexto de la situación en Venezuela cuando la Corte decida, como se espera, emitir órdenes de detención en contra de funcionarios del más alto rango presuntamente responsables de crímenes de lesa humanidad. Una orden de esta naturaleza podría no solamente tener un efecto procesal importante, sino un efecto político que podría hacer cambiar la situación política interna. Las órdenes y decisiones de la Corte no solo tienen un efecto sancionatorio y de reparación de las víctimas, sino preventivo y disuasorio, con las consecuencias políticas que significa el inicio de una causa, con fundamento jurídico suficiente, en contra de tales funcionarios.
La guerra de agresión llevada contra Ucrania por la Rusia de Putin es sin duda uno de las situaciones mas graves que afectan la paz y la seguridad internacionales. De allí la importancia y la oportunidad de esa orden de detención emitida por la Sala de Cuestiones Preliminares. Pero ello no puede disminuir la gravedad de la situación que atraviesa Venezuela que a veces lamentablemente parece invisibilizarse, en donde la persecución, las detenciones arbitrarias, los asesinatos y la tortura son práctica reiterada y constante del régimen.
Debe preocupar también al régimen los niveles de corrupción puestos al descubierto en Pdvsa que además de mostrar el estado moral de quienes hoy detentan el poder, confirma que las sanciones unilaterales impuestas a funcionarios de distintos rangos, por lo demás legítimas y legales, como lo hemos sostenido siempre, no tienen nada que ver con la miseria y la crisis humanitaria que sufren los venezolanos, una situación que ha provocado, además, el desplazamiento de más de 7,5 millones de compatriotas que, abandonados deliberadamente por el Estado, buscan fuera una vida digna y segura.
Es inútil seguir afirmando, como lo hacen con cinismo los representantes del régimen, que por las “sanciones” a corruptos y a quienes están incursos en crímenes de lesa humanidad el venezolano pasa hambre y vive en miseria extrema. Es inútil que sigan insistiendo en que las “medidas coercitivas unilaterales”, como las llaman ellos y sus cómplices en los organismos internacionales, incluso los que le asisten en su irresponsable y aventurada remisión a la Corte Penal Internacional para responsabilizar a funcionarios de alto rango de la administración de Estados Unidos, son la causa del desastre que vive hoy el país.