Lo prioritario para los sectores democráticos, en el segundo semestre de 2023, es concretar una candidatura presidencial unitaria. El cómo se elige y quién ejercería ese rol es importantísimo, pero secundario.
Por supuesto que lo mejor sería que la candidatura emergiera del resultado de la primaria abierta.
Tan cierto es lo que afirmamos, que la estrategia evidente del oficialismo para ganar aun siendo minoría es lograr que no se conforme una candidatura unitaria lo suficientemente amplia, representativa que recoja el rechazo mayoritario a su continuidad en el poder; también que se produzca una significativa abstención ciudadana. Busca reproducir el escenario de los comicios regionales y municipales de 2021.
La estrategia opositora puede frustrarse por la acción del régimen y por carencias, errores de las fuerzas democráticas.
Los esfuerzos principales del oficialismo están dirigidos a impedir la realización de la primaria mediante acciones judiciales y de otro tipo –es probable que cuando este artículo aparezca ya se haya materializado la judicialización del tema; también inhabilitando a María Corina Machado y conservando las de Henrique Capriles y Freddy Superlano, casualmente los tres candidatos con probable mayor votación en la primaria.
Cuando hablamos de posibles errores y carencias de las fuerzas democráticas nos referimos a olvidar que lo fundamental es tener candidatura unitaria, a seguir dispersos, a la ausencia de un centro de dirección política, a la inexistencia de un Plan B de consulta a la ciudadanía para designar la candidatura si finalmente la primaria no se efectúa, así como de un método de sustitución de los candidatos inhabilitados si son los más votados en la primaria. La superación de esas carencias y errores no son competencia de la Comisión Nacional de Primaria, lo son de los partidos políticos participantes en la misma y partidarios de confluir en un candidatura común.
El tema que suscita más polémica y desacuerdo en el seno de los sectores democráticos es el referido a qué hacer con los inhabilitados. Hay quienes sostienen que ese debate no es pertinente, por ahora, lo correcto es seguir luchando, denunciando al régimen por sus atropellos y que el tiempo, los resultados de la lucha determinen qué hacer, “porque quien habilita es el pueblo y el candidato no lo puede poner Maduro”.
Diverjo de esa posición y de los argumentos esgrimidos (por demás, solo útiles para agitar) porque comportan el riesgo de que las fuerzas democráticas se queden sin candidatura porque los tiempos legales los marca el régimen y en algún momento habrá que ir al CNE a inscribir la candidatura para legalmente poder competir; si es que de verdad se está casado con la oportunidad de aprovechar los comicios presidenciales para abrirle paso al cambio.
Estoy de acuerdo con protestar, agitar, denunciar los desmanes de la dictadura, hacer todo lo posible para tener primaria, presionar para que se levanten las inhabilitaciones sin hacer de lo último un asunto de honor comprometedor de la estrategia y el objetivo central: ganar las elecciones presidenciales.
La reunión, el día lunes 17 de julio, de los candidatos inscritos a competir en la primaria para discutir cómo enfrentar unidos las acciones del oficialismo contra el evento es un hecho positivo.
La hora demanda responsabilidad de la dirigencia en el sentido de subordinar los intereses individuales, partidarios, corporativos al interés nacional. Llegado el momento los candidatos inhabilitados deben dar un paso al costado para contribuir a la designación de una candidatura unitaria que pueda ser inscrita ante el CNE. Gesto que convenientemente explicado será comprendido y apoyado por la mayoría social partidaria del cambio.
No sería la primera vez que un gesto de esa envergadura sucede en Venezuela con resultados positivos: está el caso Barinas 2022 –con la diferencia de que no estaba en juego el Poder Ejecutivo-; en 1957 en previsión de que la dictadura de Pérez Jiménez convocara -tal como lo prescribía su propia Constitución- elecciones generales, AD, URD con el acuerdo del PCV (todos con sus principales figuras en el exilio) acordaron la posible candidatura presidencial de Caldera porque era el único de los líderes democráticos fundamentales en el país. El acuerdo, finalmente, no se materializó porque la dictadura se inventó un inconstitucional plebiscito. Ese talante acuerdista le dio fuerza a la unidad que finalmente en conjunto con militares patriotas derrocó la dictadura.