El martes pasado ocurrió un hecho trascendental en la historia de la libertad de expresión en Estados Unidos.
En efecto, la cadena noticiosa Fox, de tendencia ultraconservadora y decididamente pro-Trump, se ha visto en la obligación de transar en una demanda por difamación que le ha entablado la firma Dominion Voting Systems, propietaria y operadora de las máquinas de votación utilizadas en al menos 28 estados de la Unión en las elecciones presidenciales de 2020, cuyo resultado favoreció al candidato Joe Biden, hoy presidente de Estados Unidos.
Como se sabe, el Sr. Trump decidió negar los resultados y alegar en todas las instancias posibles la teoría de que hubo una conspiración contra él. Decenas de demandas estatales y federales promovidas por el exmandatario han sido rechazadas por múltiples tribunales, sin que ello haya impedido que el perdidoso continúe con su reclamo. Entre las múltiples herramientas utilizadas para promover esa insólita teoría, Trump ha expresado reiteradamente que la empresa Dominion Voting planificó y ejecutó maniobras destinadas a alterar los verdaderos resultados favoreciendo delictivamente la opción de Biden.
El canal Fox -controlado por el magnate mundial de la prensa Rupert Murdoch- acogió favorablemente el reclamo del perdedor y aun cuando reiteradamente se demostró la pulcritud del escrutinio, se empeñó en mantener lo contrario. Incluso, los principales anclas de la empresa ya sabían -y se probó a través de conversaciones, chats, e-mails, etc.- que eso era mentira, tanto que la cuestión había sido debatida y comentada dentro de la empresa. Al final, prevaleció la decisión de ir al aire con el tema sabiendo que era mentira, pues no querían contrariar a la extensa audiencia que el canal mantiene dentro del sector conservador de la política norteamericana, que constituye su fuente de ingresos.
Así las cosas, Dominion decidió demandar por difamación al canal por la astronómica suma de 1.600 millones de dólares.
Los prolegómenos del juicio fueron sugiriendo la posibilidad de que la demanda prosperara, así que Fox decidió adelantarse y transar con Dominion el pago de la astronómica, nunca vista, cantidad de 787,5 millones de dólares para dar por terminado el reclamo en esa etapa preliminar, antes que correr el riesgo de ser condenado a pagar una cifra muchísimo mayor en caso de perder el juicio.
Lo importante de todo este asunto es la confrontación entre el derecho a la libertad de expresión consagrado expresamente en la Constitución de Estados Unidos (First Ammendment del año 1791) frente a las limitaciones que se han ido construyendo a través de una jurisprudencia decididamente favorecedora de muy pocas restricciones.
En Venezuela, la Constitución dispone expresamente (art. 57) que quien haga uso de ese derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. Naturalmente, el texto venezolano es dos siglos más moderno y por esa razón incluye la normativa de que quien haga uso de esta libertad es responsable de sus consecuencias.
Como no todas las desgracias vienen solas, ahora resulta que otra empresa multinacional proveedora de máquinas de votación y escrutinios, Smartmatic, la misma que ha sido objeto de negativos comentarios en Venezuela hace algunos años, ha anunciado que también se propone demandar por difamación al canal Fox, pero esta vez por 2.000 millones de dólares. Al igual que lo hizo con Dominion, la cadena cuestionó la pulcritud de las actuaciones de Smartmatic en la misma elección en las jurisdicciones donde fue contratada. Parece que la cosa se le pone color de hormiga al canal televisivo cuya solvencia pudiera ser severamente afectada ante la sumatoria de pagos tan abultada.
Se pregunta uno, entonces, cómo es que en Venezuela un programa que se transmite por la televisora estatal, conducido por el Sr. Cabello, se permite emitir los juicios más temerarios y las acusaciones más ruines, todo sin fundamento probatorio alguno, mientras las instituciones nacionales omiten en forma absoluta poner orden en todos esos excesos proferidos bajo el abrigo del ventajismo político oficial.
Por mucho menos que eso, este mismo periódico, El Nacional, fue demandado por difamación por el mismo Sr. Cabello por haber repetido una información anteriormente publicada en otro medio. El resultado ha sido la veloz condena a cancelar un monto astronómico, el cual ante la imposibilidad de pagarlo ocasionó la ocupación militar de las instalaciones creyendo -erradamente- que con ello lo doblegarían.
Todo lo anterior demuestra convincentemente que el ejercicio efectivo y responsable del derecho a la libertad de expresión es esencial para el mantenimiento de la democracia.
@apsalgueiro1