Alberto Fernández insistió el miércoles 29 de junio en que “ya no hay más denuncias en Venezuela sobre hechos de violación de derechos humanos”. Sin embargo, el presidente de Argentina sigue ignorando el clamor para que le pida públicamente al régimen de Nicolás Maduro la libertad de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, de cuya detención se cumplió un año este sábado 2 de julio.
Pero lo que parece una boludez de Fernández -como dirían en su país- en realidad no sería una tontería, sino más bien el reflejo de la complicidad de la Casa Rosada con Miraflores en asuntos tan turbios como el avión misterioso retenido en Ezeiza bajo sospecha de actividades terroristas en alianza con la teocracia iraní. Explicaría, además, la intención de Fernández y Maduro de reflotar una relación que hunde sus raíces en las prácticas corruptas de Néstor “el Tuerto” Kirchner y Hugo Chávez.
La detención arbitraria de Tarazona -a pesar de su delicada condición de salud- es “un ejemplo paradigmático de la intolerancia y los abusos del gobierno de Nicolás Maduro”, han expresado organizaciones defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional.
Eso permite conjeturar por qué Fernández evita enojar a su socio venezolano pidiéndole la libertad del director de Fundaredes. No hay que descartar, sin embargo, que el mandatario argentino conozca a fondo lo que está detrás de la saña de Maduro contra Tarazona.
La denuncia que presentó Fundaredes el 30 de junio de 2021 acerca de los negocios en Venezuela entre la narcoguerrilla colombiana del ELN y figuras del régimen ofrece pistas sobre los verdaderos motivos del arresto de Tarazona y otros dos activistas de derechos humanos apenas 48 horas después.
Todo pareció indicar que el documento que Tarazona y sus colaboradores entregaron al Ministerio Público planteó una situación potencialmente explosiva para Maduro. Tanto así que ante datos precisos y hasta evidencias fotográficas en el texto de la ONG, el fiscal general respondió con una escueta abstracción: “difamaciones”. No obstante, a los tres detenidos los acusaron luego de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.
Tarazona, que mostró la evidencia fotográfica, dijo entonces a periodistas: “Le estamos pidiendo al Ministerio Público que investigue la relación de, por ejemplo, (Ramón) Rodríguez Chacín, de Carola de Chacín, con estos cabecillas del comando central del ELN; la participación de ellos en casas de resguardo, por ejemplo, en Barinas, la quinta El Vendaval, el hato El Guayabal”.
El activista recordó que semanas antes Fundaredes denunció también ante la Fiscalía en Caracas la existencia de “casas seguras” para la operatividad de los cabecillas del ELN y los disidentes del las FARC, que cuentan con protección de funcionarios de seguridad del Estado. Algunas de esas casas, señaló, pertenecen a Rodríguez Chacín.
No hay que olvidar que a Tarazona y su ONG siguen cobrándoles además haber contribuido a conocer que el régimen de Maduro arrastró a la FANB a la guerra de guerrillas para defender a sus aliados de las FARC en el brevísimo conflicto que estalló en marzo de 2020 en el estado Apure, donde mandos débiles capitularon aproximadamente dos meses después frente a los rivales de Iván Márquez en el negocio de la droga.
En esa guerra de guerrillas ansiosamente buscada por los mismos que llevaron a la rendición incondicional, y a la cesión de territorio nacional al Frente Décimo de las FARC para el tráfico de drogas, hay que contextualizar para entender por qué el régimen llama “delincuente y rata” a Javier Tarazona.
Pero todo el mundo exige -a pesar de Nicolás Maduro y su socio Alberto Fernández- que liberen a Tazona. Y ese clamor cuenta con el argumento inapelable de que defender derechos humanos no es delito.