La Asamblea Nacional legisla con rabia y venganza política sin darse cuenta de que se lleva por delante las garantías y derechos humanos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Es condenable la iniciativa de aprobar la Ley contra el Fascismo, cuyo análisis revela una carencia de técnicas legislativas, que conozco muy bien por mi experiencia en el parlamento. Es discrecional porque se desconoce cuándo se está en presencia del delito y quién lo califica de fascismo, y las penas son demasiadas de hasta 12 años. La comisión internacional para vigilar las opiniones y pronunciamientos imagino que sustanciarán los expedientes al estilo del ya derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, el derecho a la libertad de expresión y el principio del libre pensamiento, derecho a las garantías penales y por supuesto a las libertades.
Lo más grave fue oír los discursos de presentación de esta nueva ley en la Asamblea Nacional, que dejaron en evidencia cuál es su propósito: la persecución contra los derechos humanos, garantías constitucionales y pactos internacionales suscritos y ratificados por el Estado venezolano. Un instrumento que se suma a la Ley contra el Delito del Odio para acallar la voz de la disidencia.
La exigencia es a la Sala Constitucional del TSJ, para que restablezca el principio de legalidad ante esta iniciativa legislativa.