«Las pasiones se han excitado por todos los estímulos, el fanatismo ha vulcanizado las cabezas, y el exterminio será el resultado de estos elementos desorganizadores». SIMÓN BOLÍVAR
La propuesta de ley —conformada por 30 artículos— contempla diversas sanciones para quienes realicen actos que las autoridades consideren fascistas, neofascistas o parecidos. Estas sanciones podrían ser penales (años de prisión), administrativas (multas), o implicar la disolución de organizaciones.
El proyecto de ley establece dos tipos de sanciones penales y administrativas, respectivamente, contra aquellas personas, movimientos u organizaciones sociales o privadas que soliciten, invoquen, promuevan o ejecuten acciones violentas o hagan apología del fascismo.
La Asamblea Nacional refirió que el proyecto de ley está «destinado a sancionar a quienes promuevan o promovieron los hechos de violencia en el país, en los años 2014, 2015 y 2017
En la exposición de motivos, el régimen señaló que esta ley es necesaria porque en los últimos 25 años ha habido sectores sociales que recurrentemente “acuden a la violencia como forma de acción política, contrariando abiertamente los postulados constitucionales que, entre otras cosas, protegen el ejercicio democrático de la voluntad popular”.
El fascismo según la RAE, es un movimiento político y social de carácter totalitario, que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX, y que se caracterizaba por el corporativismo y la exaltación nacionalista. Doctrina del fascismo italiano y de los movimientos políticos similares surgidos en otros países. Venezuela, uno de ellos.
Visto los puntos indicados en los párrafos anteriores, el régimen se está colocando la soga al cuello, pues los hechos con los que pretende acusar a la oposición han dejado sembrado en la opinion pública nacional severas dudas acerca de la culpabilidad de miembros de movimientos sociales de la oposición, y por el contrario saltan a la vista, actores militantes del partido de gobierno, a través de los llamados colectivos, o agentes de los cuerpos policiales y militares de la tan cacareada revolución cívico-militar.
Asimismo, el proyecto de ley incluye sanciones para los medios de comunicación, y contempla la revocación de la concesión a los canales de televisión o a las estaciones de radio que difundan mensajes “fascistas”, a juicio de las autoridades (artículo 28). ¿Y quién o quiénes se encargarían de calificar un comentario, información u opinión como fascista?
Leímos en estos días de asueto de la Semana Santa, un discurso pronunciado por Umberto Eco, el 24 de abril de 1995 en la Universidad de Columbia, Nueva York, recogido después en Cinco escritos morales (Penguin Random House, 2010) y en Contra el fascismo (Lumen, 2018).
Eco, semiólogo, filósofo y escritor italiano, sentencia en sus obras que «el fascismo crece y busca el consenso explotando y exacerbando el natural miedo de la diferencia. El primer llamamiento de un movimiento fascista, o prematuramente fascista, es contra los intrusos. El fascismo es, pues, racista por definición».
Concluimos entonces preguntando: ¿Fascista es el régimen o la oposición? Amigo lector, saque usted sus propias conclusiones.
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