Tal como es “de anteojito”, el tema de hoy no puede ser sino el del informe emitido por la Misión de Determinación de Hechos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación en Venezuela, cuyo contenido completo consta de 443 folios pero a cuyo resumen de 21 páginas se puede tener acceso (https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_33_AUV.pdf). Se trata de la estocada definitiva para un régimen cuyas ejecutorias ya no pueden ser ocultadas más tiempo. ¿Se preguntará el lector si esto hará reaparecer la gasolina o si desembocará en la renuncia de los responsables de las acusaciones verificadas? La respuesta es un rotundo NO, pero lo que sí queda claro es que el expediente internacional ha acumulado su más contundente prueba cuyas consecuencias se dejarán sentir más temprano que tarde.
Diversos análisis y opiniones han circulado desde que el pasado miércoles el informe se hiciera público, pero aun así consideramos conveniente ofrecer algunas precisiones para que se pueda evaluar mejor la cuestión.
Conviene saber que la Misión de Determinación de los Hechos (FFM por sus siglas en inglés) fue designada por el Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano de la ONU compuesto por 47 países –entre ellos insólitamente Venezuela– elegidos por la Asamblea de la organización, entre los cuales bastantes son irredentos violadores de tales derechos pero llegan allí por las componendas propias de las negociaciones políticas entre los países miembros, que son 193. Por eso en la ONU el representante de Venezuela es el gobierno de la usurpación, mientras en la OEA lo es el del gobierno (E). Siendo ello así, imagínese usted cómo sería la cosa que ese Consejo “semichimbo” se vio obligado a designar una misión ante la evidencia de lo que los venezolanos y la comunidad internacional democrática ya sabemos de sobra. En todo caso, el informe tiene aún que ser presentado ante el Consejo que lo encomendó.
También es bueno que se sepa que la tal misión –de tres personas– no fue autorizada nunca para entrar a Venezuela, por lo cual sus miembros tuvieron que hacer su trabajo desde Panamá afrontando la dificultad que ello implica para obtener testimonios y otras pruebas. Igual lo hicieron y muy bien. No es el caso de la misión de la alta comisionada para los Derechos Humanos (Bachelet), a la que sí se le permitió el ingreso aunque con mil restricciones para un desempeño que aún continúa. Sus conclusiones tampoco fueron muy halagadoras para quienes ocupan Miraflores.
En el informe se enumeran y describen las distintas clases de maltrato, torturas y violaciones que han practicado y siguen practicando los “organismos de seguridad” del Estado venezolano, cuyos desmanes se describen en detalle y que gracias a la disponibilidad de las benditas redes sociales han podido ser conocidas “urbi et orbi”, lo cual en este siglo XXI no puede ser ya impedido.
El renglón final es que se afirma sin dobleces que existen suficientes elementos de convicción de que el gobierno de Venezuela es responsable de crímenes de lesa humanidad que consisten en delitos atroces, inhumanos y ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil. De allí sigue la determinación de la cadena de mando que empieza en el escalón de quien aplica la picana eléctrica, golpiza, sofocamiento, etc. y culmina con quien ordena tales acciones para la aplicación de una política que no son otras sino las autoridades cupulares del Estado, en este caso señaladas específicamente en el informe. Estas acciones son imprescriptibles y sujetas a la jurisdicción universal que significa que pueden ser juzgadas en cualquier lugar y por la justicia penal internacional.
Lo anterior nos lleva al tema de la Corte Penal Internacional, ante cuyos estrados se han presentado centenares de denuncias y un pormenorizado informe emitido por la Secretaría General de la OEA, más la denuncia de seis países que también instan a la fiscal de esa corte a abrir causa contra los responsables.
Pero… resulta que dicha fiscal –señora Fatou Bensouda-, cuyo papel le garantiza autonomía, parece que tiene corazoncito “bolivariano” y lleva ya más de dos años con el cuento de que está por abrir una investigación “preliminar” para ver si se decide a acusar a los responsables, lo cual no ha hecho pese a reiteradas peticiones de celeridad. Tan es ello así que además de algunos conciudadanos que han hecho ya gestiones presentándose ante el propio tribunal, ahora hay un grupo –del que forma parte quien esto escribe- que estará próximamente intentando algún procedimiento para obligar a la señora a apartarse o que la aparten de este caso que es evidente no tiene interés en movilizar.
El informe de la FFM recomienda –entre otras cosas– instar a esa justicia internacional semiadormecida para que de una vez se ponga las pilas y cumpla con la misión que la humanidad civilizada le ha encomendado. No es de extrañar pues que a nivel del común de la gente la suspicacia, decepción y descreimiento en la justicia internacional sea tan extendida. Ahora, los demócratas venezolanos nos preguntamos qué hará el gobierno (E) con esa perlita que le cayó del cielo. Aprovéchenla en nombre de nuestro pueblo y de las víçtimas de la barbarie que no les perdonarían pelar ese boche.