El año 2020 comenzó con un nuevo enfoque del tema venezolano ante el mundo. Ya el centro de las denuncias no son los problemas internos como el hambre, el éxodo o la tan necesaria ayuda humanitaria, sino que ahora todas las baterías apuntan a las denuncias de terrorismo, narcotráfico y violación de derechos humanos en contra de Maduro y su gobierno, problemas sensibles y prioritarios para la comunidad internacional. Ante esto, a los gobiernos les resulta muy complicado hacerse la vista gorda por las repercusiones que esta situación tiene para la seguridad de la región.
Y es que al mundo poco le importa si los venezolanos comemos o no, si tenemos trabajo o no; poco les interesa si se nos va la luz por 6 u 8 horas diarias o si pasamos semanas enteras sin una gota de agua. Eso no les quita el sueño ni les produce el mínimo remordimiento. Pero de solo pensar que el Estado venezolano albergue, otorgue pasaportes y financie células terroristas en nuestro territorio le para los pelos a más de uno. Esa es precisamente una de las denuncias que llevó debajo del brazo el presidente encargado, Juan Guaidó, en su gira de 3 semanas en la que se reunió con los mandatarios más importantes del globo.
Pero ¿le veremos el queso a la tostada? Eso comenzaremos a medirlo a partir de hoy martes cuando Guaidó anuncie al país las nuevas acciones y sanciones concretas obtenidas como resultado de su gira internacional. Sin embargo, hay que destacar que tras el encuentro que sostuvo el pasado 6 de febrero con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Washington sancionó a la aerolínea estatal Conviasa, ampliando así una serie de castigos que incluye un embargo petrolero desde abril de 2019 y un bloqueo financiero que impide renegociar una deuda de 140.000 millones de dólares.
Todo indica que la línea viene dura por el lado de lo que denominan narcoterrorismo, que entendido de la forma más elemental se trata de la cooperación y alianza estratégica entre mafias del narcotráfico y grupos armados extremistas, grupos insurgentes o terroristas. De hecho, James Story, encargado de negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, indicó recientemente que es posible que se incluya a Venezuela en la lista de países patrocinadores del terrorismo como una medida adicional de presión.
La definitiva se conocería antes del 30 de abril próximo, fecha máxima para que el Departamento de Estado entregue la propuesta fundamentada al Congreso donde será ratificada o no. Hasta ahora solo Irán, Siria, Corea del Norte y Sudán tienen un puesto en esa lista.
De concretarse la consideración de nuestro país como patrocinante del terrorismo seríamos tratados en adelante bajo la óptica de la Ley Antiterrorista o Ley Patriota gringa, cuya aplicación es extraterritorial, abarca jurisdicción internacional y se apoya en los tratados internacionales y convenios bilaterales. Además, es de aplicación obligatoria para hacer negocios con Estados Unidos y los países miembros de las Naciones Unidas. Prevé, entre otras cosas, multas y hasta 10 años de cárcel a quienes realicen transacciones financieras con gobiernos incluidos en la lista, exige al presidente retirar la asistencia prevista en la Ley de Ayuda Exterior a todo gobierno que preste asistencia al gobierno de un país que haya sido declarado patrocinador del terrorismo y se les cierra la concesión de cualquier tipo de préstamo ante las instancias financieras internacionales.
Sin duda, estamos frente a un fenómeno global que atenta contra la paz, la estabilidad y el crecimiento mundial. Luis Alberto Villamarín, experto colombiano en defensa nacional, geopolítica y estrategia, lo recoge así en su libro Narcoterrorismo, la guerra del nuevo siglo: «El terrorismo, el tráfico de armas y el narcotráfico son un triángulo que configura la principal amenaza contra las democracias». Asegura que hay 80 millones de fusiles AK-47 circulando en los mercados del mundo, 9.000 millones de dólares derivados del narcotráfico ingresan en los paraísos fiscales y los miles de terroristas actúan en la sombra de la impunidad o las limitaciones legales de los países afectados para detenerlos.
Hoy, los venezolanos estamos expectantes pero incrédulos. Ojalá el prometido anuncio de Guaidó no se trate del anuncio de que pronto se anunciará la nueva fecha para anunciarlo. Sí, exacto, ojalá que no se trate de una nueva cantinflada que solo traiga más decepción, ilusiones rotas, apatía y descrédito. Dios quiera que todo esto tampoco se trate solo de una estrategia política electoral de Donald Trump para su reelección en noviembre próximo. Los venezolanos ya hemos pagado con creces cualquier karma que teníamos pendiente. El profundo dolor que nos ha tocado arrastrar por la mutilación de nuestras familias ha sido más que suficiente.
Gladys Socorro