Al acercarse el final del año 2019, nos empinamos encima del juicio político a Trump y del ciclo electoral, imán de la conversación política, para hacer un balance de la política de Estados Unidos frente a América Latina, bajo la presidencia de Trump.
Comencemos con México. La semana pasada, el T-MEC (acuerdo comercial que sustituye al Nafta o TLCAN) fue finalmente ratificado por la Cámara de Representantes. Muy importante paso. Trump llegó al poder con una retórica que demonizaba la inmigración latina y la relación comercial con México. Su gobierno se retiró, de manera unilateral, de este tratado económico fundamental, solo para terminar concediendo, bajo un nombre diferente, que más allá de las cifras comerciales, hay una economía compartida entre los tres países de América del Norte. En esencia, T-MEC reiteró el mismo concepto de TLCAN, pero con un puñado de nuevos acuerdos, que podrían haberse negociado sin guerras comerciales ni las distorsiones e incertidumbres que creó Trump; y más importante aún, sin socavar la confianza entre los líderes políticos, tanto como en los de negocios.
Básicamente, el T-MEC reitera el concepto de TLCAN, pero con disposiciones que mejoran la resolución de disputas comerciales, así como algunas protecciones relacionadas con la propiedad intelectual o las normas laborales y ambientales. Las reglas de origen también tienen la intención de aumentar el componente local de automóviles fabricados en la región de 62,5% a 75%, a efecto de calificar para aranceles del 0% (a menos que la mano de obra sea compensada por igual en los países parte del intercambio). Las nuevas reglas podrían aumentar los precios de los automóviles en Estados Unidos para el consumidor; y aún está por verse si habrá ganancias netas de empleo en la industria automotriz. Pero, de nuevo, todo esto es parte de un conjunto de cuestiones que se habían discutido durante algunos años, a las que la diplomacia económica podría haber llegado sin un un entramado de discursos peligroso, nacionalista y populista. Sin embargo, es bueno terminar 2019 con esta tensión ya en el pasado; y saber que Estados Unidos, Canadá y México están de vuelta en su economía de libre intercambio comercial. Sin embargo, en su errático proceder Trump anunció que impondrá aranceles al acero y otros metales producidos en Brasil y Argentina porque han devaluado sus monedas, sin pensar que esas devaluaciones son resultado de dificultades económicas y fiscales que se agravarían si Estados Unidos se coloca en esta demagógica postura sancionatoria al intercambio comercial, abonando así a las dificultades que ya atraviesan ambos países de Suramérica.
Desafortunadamente, el triángulo centroamericano ha recibido menos atención y recursos de cooperación bajo Trump. Esto, sin comprender las causas profundas de la migración desde esta subregión en el hemisferio, una falta de clarividencia agravada por el hecho de que el trato inhumano de los solicitantes de asilo en la frontera sur, las deportaciones y las normas sobre terceros países seguros en procedimientos de asilo, están imponiendo estándares y compromisos a los gobiernos centroamericanos, que es poco probable que estén en condiciones de cumplir. Todo esto afecta aún más el derecho humano al asilo de los migrantes. De hecho, el presidente Bukele, de El Salvador, expresó, en entrevista reciente con Gustau Alegret, de NTN24, que su gobierno quiere ayudar, pero no puede servir como un tercer país seguro, cumpliendo con las convenciones de derechos humanos, a menos que Estados Unidos apoye los esfuerzos financieros necesarios para llevar a cabo esos compromisos.
Venezuela no encontró el tipo de resolución rápida que el gobierno de Trump buscó, después del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino y la escalada de sanciones sectoriales económicas. La profunda crisis del país continúa obligando a miles de venezolanos a salir del país diariamente, impactando a la región y particularmente a Colombia, en tiempos políticos difíciles. Mientras tanto, los demócratas en el Congreso llegaron a un acuerdo con los republicanos para incluir la Ley Verdad, patrocinada por el senador Bob Menéndez (y otras medidas legislativas presentadas por la delegación demócrata de Florida en la Cámara de Representantes), en el proyecto de ley de asignaciones presupuestarias de 2020 aprobado por el Congreso. Esto podría garantizar más de 400 millones de dólares en ayuda humanitaria; y al mismo tiempo, se ha reiterado con el apoyo bipartidista que, en el contexto de las sanciones y la presión internacional, corresponde al liderazgo venezolano encontrar un camino negociado hacia elecciones creíbles como el medio para resolver las diferencias, la crisis y el estancamiento de Venezuela. En este caso quedó comprobado que la retórica de Trump es expresión de improvisación y demagogia. Y en este caso, terminó encausando las cosas por una calle ciega que nos ha situado ante un escenario de mayor complejidad.
Finalmente, la decisión del gobierno de Trump de revertir la política de apertura con Cuba, que ahora enfrenta nuevas sanciones basadas en la escalada de presión contra Venezuela, no ha allanado el camino para el cambio en ambos países, y quizás incluso ha cerrado una avenida para un diálogo capaz de ofrecer resultados negociados y concretos para abordar la crisis de Venezuela. Lo mismo puede decirse de Nicaragua. No se ha resuelto, pues, el problema de Cuba ni tampoco el Venezuela y Nicaragua. Lamentablemente, mientras la opresión continúa en Cuba, Venezuela y Nicaragua, la administración Trump aumenta, a cifras récord, las deportaciones de ciudadanos de estos tres países y cierra la puerta a cualquier posibilidad de TPS (Protecciones Migratorias Temporales). Tal ha sido la falta de consistencia de Trump y de los republicanos respecto de la problemática venezolana, que la bancada republicana en el Senado rechazó la legislación, aprobada por la Cámara de Representantes, que otorgaría TPS a los venezolanos, que huyen del régimen de Maduro y tocan la puerta de Estados Unidos, en busca de protección a sus muy vulnerados derechos humanos.
El contexto brevemente descrito, junto con la falta de una estrategia para generar confianza y asociaciones en la región, ha mantenido la puerta abierta a China y Rusia, cuyos gobiernos, aliados al comercio y a las inversiones, continúan aumentando su influencia ya significativa en el hemisferio. Todo sucede en un momento en que la desigualdad y las tensiones sociales van en aumento, incluso en países como Chile, considerado inmune o sustraído de los problemas que asolan al resto de la región.
El balance, pues, dista mucho de ser positivo. Lo más grave es que hubiera podido serlo, incluso muy positivo, con solo haber aplicado un poco de sentido común en lugar generar expectativas que el propio Trump despertó, en alguno de sus volantazos discursivos. No quedará más que redoblar los esfuerzos para que 2020 sea menos duro y más promisorio para el continente. Sin duda, nos toca a los sectores que en Estados Unidos tenemos interés en la región (y muy especialmente al liderazgo latino) cumplir con una tarea pendiente: construir una hoja de ruta bipartidista, y con apoyo en diversos sectores de la sociedad estadounidense, que priorice la construcción de una alianza que reconozca el potencial que existe en este triángulo de oportunidades representando por la relación de Estados Unidos con Iberoamérica.