Cual as bajo la manga -como ha hecho en otras ocasiones- en septiembre el régimen anunció la realización de un referéndum sobre la disputa fronteriza con Guyana cuyos propósitos últimos todavía no están claros, no solo en lo que se refiere al beneficio que podría brindar al país, sino incluso en lo que respecta a las ventajas que pretendería para esta parcela política en un período en el cual atraviesa una franca decadencia de su hegemonía.
Como han señalado reconocidos juristas y expertos en derecho internacional, el referéndum no solo es extemporáneo, considerando que el país está involucrado en un juicio incoado en la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo limítrofe – después de la elección que hiciera en tal sentido el secretario general de la ONU- y donde está obligado a presentar en apenas cuatro meses una contramemoria defendiendo nuestra postura, sino que, además, posee de hecho visos de inconstitucionalidad, pues la defensa del territorio nacional es una obligación y por tanto no puede consultarse. Pero es harto sabido que no hay racionalidad jurídica ni racionalidad con arreglo a valores en las actuaciones del régimen: las leyes están sometidas a sus designios particulares y arbitrarios, y no hay interés público que valga.
Si jugamos a especular, partiendo de lo anterior, sobre los motivos del régimen para llamar al referéndum, y le concedemos un carácter instrumental, en términos de la preocupación por su proyección como fuerza política en un futuro donde se vislumbra una transición, podría inferirse que están procurando salvar su responsabilidad frente a la historia ante una eventual decisión desfavorable hacia el país de la Corte, sobre todo tomando en cuenta que no se ve una preparación enjundiosa y una estrategia clara a estas alturas para defender sólidamente nuestros intereses ante esa instancia internacional; lo cual puede atribuirse, entre otras cosas, a su incapacidad e indisposición para convocar, con sentido de responsabilidad pública, a las voces más autorizadas del país en la materia.
La pregunta 3, en efecto, es claramente una forma de desentenderse virtualmente de la Corte, endosando a la mayoría popular el rechazo a un eventual desfavorable designio, en una burda manipulación que difícilmente podrá esconder el hecho de la complacencia que tanto Chávez como Maduro han tenido con la política de licitaciones petroleras de Guyana en la zona en reclamación; así como la 5 es una forma de ejercer a destiempo y de forma compulsiva los derechos que nos corresponden.
Lo cierto, sin embargo, como han señalado los expertos, es que, pase lo que pase con las respuestas al referéndum del 3 de diciembre, éste carecerá de validez en términos del derecho internacional, y que no afectará los procedimientos y la sentencia definitiva que dicte la Corte.
La primera y principal consideración sobre los eventuales motivos de esta consulta tiene que ver, por tanto, con la necesidad de resguardar el futuro del chavismo y del PSUV como organización política en un escenario donde, eventualmente, ya no estén en el poder y tendrían que competir en un régimen de libertades abiertas, sin ventajismos de ningún tipo; para lo cual sería un peso muy grande tener sobre sus espaldas la responsabilidad histórica de haber perdido -si fuese el caso- por acción u omisión, el Esequibo.
Sería ingenuo, no obstante, no considerar motivos político-electorales inmediatos como otro aliciente para impulsar la consulta. No es la primera ocasión que un régimen autoritario en apuros busca precipitar conflictos, o crear climas enrarecidos con vecinos, para distraer la atención y fomentar una ola nacionalista que ayude a recuperar su popularidad y unir a la sociedad en torno a sus banderas periclitadas.
De hecho, algunas voces, con legítima preocupación, han advertido de la posibilidad de querer propiciar un clima de conflictividad y preguerra con Guyana, que lleve a la suspensión de las presidenciales previstas para el segundo semestre de 2024, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de Barbados. Afortunadamente, al asegurar Maduro en días pasados que en el 2024 habrá elecciones “con sanciones o sin sanciones”, este escenario extremo -el colmo de la insensatez y de la imprudencia en cuestiones de Estado- parece descartado, y con él -esperemos- la deriva nicaragüense como alternativa de escape a las exigencias de cambio que demanda el país y la comunidad internacional y regional.
De cualquier forma, otro asunto que da para muchas elucubraciones, es saber si el régimen calculó bien los costos y dificultades al llevar adelante el referéndum, sobre todo teniendo en cuenta el bajísimo apoyo popular que posee, y la crítica situación económica y social que existe. Pese a la publicidad realizada y la realización de una campaña con supuestos grupos de la sociedad civil -muy aledaños al régimen y a la oposición cercana a éste- hasta el momento no se ve mayor entusiasmo ni interés en una consulta que -cruda y objetivamente hablando- es una materia que no tiene nada que ver con beneficios tangibles para una población en situación de sobrevivencia, y a la que le toca pasar unas navidades con sus aguinaldos paupérrimos y un deterioro extremo de los salarios.
La oposición, por su parte, después de un período de cierto suspenso y expectativa -prudencia indispensable ante lo delicado de la materia- ha elevado su perfil en los últimos días, desenmascarando la actitud complaciente que Maduro y Chávez tuvieron todos estos años, y señalando la innegable verdad de que la soberanía, más que consultarse, debe ejercerse. A última hora, se sabe de un comunicado de la Plataforma Unitaria, firme pero cuidadoso al mismo tiempo, donde plantea que los ciudadanos deben tener la libertad de analizar las respuestas a las distintas preguntas.
Si tomamos en cuenta todo este estado de cosas, el régimen puede salir con las tablas en la cabeza, particularmente si la participación es muy baja; algo que no podría ocultarse, independientemente de la conocida operación de maquillaje de cifras que en algunos eventos -como las presidenciales del 2018- ha realizado el CNE. Todo esto es solo una muestra de lo escabroso que puede ser meterse con un asunto de este tipo, sobre todo cuando el inspirador y ejecutor no las tiene todas consigo.
Otros costos muy altos que tendrá que afrontar el gobierno en caso de que escogiera una vía de conflictividad con Guyana el año próximo (conflictividad que estimamos sería básicamente de tono propagandístico -de la boca para afuera- dado el calamitoso estado que tienen los componentes de las Fuerzas Armadas, el escaso compromiso de las tropas y oficialidad media y el complicado ajedrez geopolítico que tendría ante sí), sería la creación de tensiones con sus antiguos aliados del Caribe -que ya se deslindaron en un comunicado del Caricom-, e incluso con aliados tan importantes como Brasil y China, que en los últimos años han realizado apreciables inversiones en Guyana, incluyendo -en el caso de este último- la cooperación con la ExxonMobil en una de las licitaciones petroleras. En general, puede vislumbrarse un aumento de su aislamiento tanto en el ámbito regional como en el internacional.
El referéndum, en definitiva, es una pirueta que tiene grandes riesgos no solo para el país, sino incluso para sus compulsivos y arbitrarios ejecutores. Dependiendo de sus resultados y como los administre el régimen, puede convertirse en una caja de Pandora, desatando tensiones nacionales e internacionales y generando seguramente consecuencias no previstas que tarde o temprano afectarán los intereses nacionales.
@fidelcanelon