Una sentencia condenatoria del proceso penal que se cierne sobre Donald Trump podría tener efectos devastadores para los conservadores de Estados Unidos y en el mundo de la derecha. Desde que perdió la presidencia, los problemas políticos y legales de Donald Trump han crecido exponencialmente. Las demandas civiles y penales se han multiplicado. La investigación que un comité especial del Congreso realiza sobre el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 gira en torno al expresidente como el presunto autor intelectual de los delitos de sedición e insurrección. Nunca un presidente de Estados Unidos había estado tan cerca de ser enjuiciado por violaciones tan serias o se había visto envuelto en tantos enredos judiciales, antes, durante y después de ejercer la primera magistratura.
Siendo presidente una orden judicial lo obligó a indemnizar por 25 millones de dólares a estudiantes de Trump University víctimas de una estafa cometida antes de llegar a la primera magistratura. En ejercicio de la presidencia fue obligado a restituir 2 millones de dólares a la Fundación de Caridad Trump por haber usado parte de sus fondos con fines electorales. Otros de sus enredos legales provienen de la práctica reiterada de subvalorar activos a una fracción de su valor para evadir impuestos. Pero nada más serio que el asalto al Capitolio del 6 de enero del pasado año que investiga actualmente un Comité Especial del Congreso. Bennie Thompson, el congresista que preside este Comité ha prometido: «Necesitamos saber quién organizó, planeó, pagó y recibió fondos relacionados con esos eventos, así como quiénes lo coordinaron con los funcionarios de la Casa Blanca y republicanos congresistas».
La semana pasada la republicana Liz Cheney, hija del exvicepresidente republicano Dick Cheney, en nombre del Comité Investigador publicó videos que contienen testimonios de los más allegados aliados políticos y familiares del expresidente Trump que lo comprometen como autor intelectual del complot y la insurrección. Sus abogados de la Casa Blanca y el fiscal general Bill Barr testificaron que Donald Trump sabía que había perdido las elecciones y sin embargo acudió a esos medios ilícitos para desconocer el resultado de la mayoría de la voluntad popular. Los argumentos de Trump para justificar y prolongarse en el poder fueron evocados y calificados por el propio fiscal general, en medio de su risa sarcástica, de “pura mierda”. Los testimonios de funcionarios del Departamento de Justicia, todos republicanos y designados por el propio Trump, son los que más lo han comprometido en la sedición. Igualmente, los testimonios de Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner, fueron demoledores. Ambos declararon formalmente que sabían, y así se lo hicieron saber a Donald Trump, que había perdido las elecciones.
Las investigaciones del Comité han revelado aspectos hasta ahora desconocidos de la conspiración que condujo al asalto del Capitolio, como el origen del dinero que lo financió, los grupos de extrema derecha participantes, los supremacistas blancos y otros grupos racistas. Todos convencidos, por el incesante ritornelo de Trump, de que le habían robado las elecciones. De los miles de participantes en el asalto, unos 800 han sido arrestados por el FBI y un gran número de ellos sometidos a juicio. En su defensa se han justificado alegando la falsedad de que le robaron las elecciones. Antes Trump había asegurado que sólo aceptaba como válida las elecciones si él las ganaba.
De esta impostura acerca del robo electoral se deriva otro delito de fraude. Trump, bajo ese pretendido “robo electoral”, solicitó a sus fanáticos republicanos ayuda financiera para enfrentarla legalmente. Con este esquema fraudulento del “despojo electoral” extrajo 250 millones de dólares de los bolsillos de ingenuos militantes y trabajadores republicanos que aportaron en promedio 30 dólares per cápita para «defender a Trump». Ni un dólar de esa suma recogida fue utilizada por Trump para alegatos judiciales. En realidad, se destinó a otras actividades non sanctas y forma parte de la lista de eventuales cargos penales.
Entre abogados
Los abogados de Trump perdieron todos los 61 juicios donde se dirimieron alegatos de fraude o de irregularidades en las elecciones de 2020. La Corte Suprema de Justicia incluso no quiso admitir los alegatos de fraude por considerarlos sin méritos. En todas las instancias se confirmó que el número de anomalías, cuando las habían, eran tan insignificantes que no arrojaba la más mínima duda sobre quién ganó la justa electoral.
Durante el proceso investigativo se puso a prueba un punto crucial que nunca se había disputado en el ámbito judicial; la capacidad legal de un expresidente para impedir que los documentos secretos y la información que manejó en la Casa Blanca pudiera ser examinada por el Congreso. El Comité Investigador se impuso legalmente y toda la data y documentos (centenares de miles de documentos) que manejó Donald Trump en la Casa Blanca hubo de ser entregada al Comité, como en efecto se hizo. Incluso cajas de documentos que subrepticia e ilegalmente, por órdenes del expresidente Trump se habían transportado a Mar-a-Lago, su nueva residencia en Florida.
El hecho de que investigadores del Congreso puedan examinar desde los documentos más relevantes hasta la minucia burocrática de un presidente es un prospecto que le habría turbado el espíritu hasta al papa Benedicto XVI, cuando fue reemplazado por Francisco I.
El principio político-legal sobre el cual descansa la legislación sobre el secreto de la data generada en la Casa Blanca por un presidente es la de proteger al Poder Ejecutivo y la seguridad del Estado, no la actividad, legal o ilegal, de un presidente en particular. La decisión, en manos de la jurisdicción judicial determinó en contra de Donald Trump, quien había acudido a todas las tácticas legales posibles para impedir que sus secretos salieran del Archivo Nacional. Las férreas instituciones de Estados Unidos se impusieron.
El efecto político
Conforme a los datos del Departamento de Justicia unas 800 personas han sido arrestadas a lo largo del todo el territorio de Estados Unidos; se le han formulado cargos a otros 290; 265 se han declarado culpables y 19 ya han sido sentenciados. El Comité Investigador ha recopilado unas 35.000 páginas de registros incluidos mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas desde la Casa Blanca transmitidos el mismo día del asalto al Capitolio. Los investigadores del FBI han emitido alrededor de 5.000 citaciones y órdenes de allanamientos, han inspeccionado más de 20.000 horas de imágenes de vídeo y examinado unos 15 terabytes de datos (un terabyte es la unidad de información digital equivalente a un un millón de millones). Este gigantesco cúmulo de evidencias habría perturbado incluso a la Madre Teresa de calcuta.
Se trata probablemente del primer caso criminal de la historia donde las evidencias que comprometen penalmente a los autores materiales e intelectuales de esta masiva asociación para delinquir son, en su casi totalidad, productos de la tecnología digital elaborada por los mismos imputados. La mayoría de las evidencias que comprometen a los asaltantes del Capitolio se basan en los selfies y videos que grabaron ellos mismos, cargaron y publicaron en las redes sociales. Donald Trump fue aún más lejos. Su incontrolable verbosidad lo compromete cada vez que se refiere a las elecciones y hace caso omiso a los consejos de sus abogados.
George Conway, un famoso y agudo abogado declarado enemigo de Trump, dijo este fin de semana: «Cuanto me alegra notar que Donald Trump ignora que tiene derecho a permanecer en silencio y que cada barbaridad que dice puede y será usada en su contra en el tribunal que los juzgará».
Estamos pues en presencia de un acto sin precedentes en la historia judicial de este país en el cual las evidencias de los procesos judiciales en marcha y de otros centenares de imputados, son el resultado de esta moderna adicción egocéntrica de verse en videos que circulan por el mundo entero.
Otro posible enredo de esta diabólica dinámica creada por la sui generis conducta de Trump es que la Constitución no indica si procesar penalmente es un impedimento o una incapacidad para ser candidato presidencial, pues no hay jurisprudencia sobre el caso. A los fundadores y creadores de la primera y única Constitución de Estados Unidos no se les ocurrió establecer expresamente un supuesto o norma constitucional que declarara la incapacidad o impedimento de un candidato presidencial sometido a juicio penal o de un candidato recluso en una penitenciaría.
Laurence Tribe, profesor emérito de Harvard reconocido como un erudito constitucionalista, asegura, con un indudable dejo de sarcasmo, que la Constitución de Estados Unidos no lo tiene previsto, de modo que en su opinión es “legalmente posible que el líder del mundo libre y presidente de Estados Unidos sea uno de los 2,3 millones de estadounidenses que habitan las penitenciarías de la nación”.