Los venezolanos dentro y fuera del territorio nacional, los interesados en el proceso político venezolano -que pueden entrar en El Nacional desde cualquier parte del mundo con mayor facilidad que los residentes en el país-, deben saber que el cronograma electoral elaborado por el régimen venezolano solo satisface un compromiso de los suscritos en el Acuerdo de Barbados el pasado 17 de octubre. Todo lo demás, lo obvia y lo burla.
Y ese compromiso se refiere a la fecha de la elección presidencial fijada para el 28 de julio. El Acuerdo de Barbados estipuló que el proceso comicial debía realizarse en el segundo semestre de este año. Aferrado al poder simbólico de algunos episodios de la «narrativa» oficial, el régimen de Nicolás Maduro y su Consejo Nacional Electoral hace coincidir la elección presidencial con el natalicio de Hugo Chávez, que cumpliría 70 años el próximo 28 de julio.
La fecha es, sin embargo, inconveniente a todas luces. Si la elección del 28J la ganara la candidatura opositora, que las encuestas en varios escenarios dan como amplia favorita, el traspaso del mando no ocurriría hasta el 10 de enero de 2025. Es decir, 160 días después.
Sin embargo, lo que es un tiempo excesivamente holgado para entregar el poder -en la hipotética y previsible derrota- es constreñido para la preparación de los comicios. Desde la convocatoria hasta la elección hay 146 días. Este lapso reducido ex profeso impide la actualización cabal del registro de electores dentro y fuera del país -no hay que olvidar que cerca de la mitad de los siete y pico de millones de venezolanos que migraron estarían en edad para votar y la amplia mayoría no está inscrita a tal efecto-, dificulta la organización de misiones internacionales de observación electoral, así como la realización adecuada de las auditorías del sistema automatizado de elección.
En resumen, tiempo reducido para que en verdad se produzca una elección confiable y excesivo para cumplir con el mandato de las urnas. Lo sensato es realizar la elección en diciembre como ha sido usual desde la recuperación de la democracia en 1958. El 6 de diciembre de 1998 fue electo Hugo Chávez, por citar una fecha emblemática. O en su defecto, y dadas las tareas que supone la preparación del evento electoral, las elecciones deberían haberse programado para el último trimestre de este año.
La sensatez nunca ha sido un signo de quienes mandan en Venezuela. La prisa, sí. Por ejemplo, para inhabilitar a María Corina Machado, la candidata que ganó de manera contundente la primaria opositora. A Machado no le realizaron juicio alguno, ni siquiera fue informada de que se ventilaba un proceso en su contra, lo que configura una clara violación legal y constitucional. Prisa también para encarcelar en las últimas semanas y días sin ningún apego a las formas legales a activistas ciudadanos y políticos, que reclaman democracia en Venezuela o que participan en actividades de organización social y política.
Las prisas pretenden dejar fuera de acción la candidatura de María Corina Machado y por eso se establece un lapso de postulación de aspirantes a la presidencia entre el 21 y el 25 de marzo sin que se haya resuelto la participación de la líder del partido Vente Venezuela y quien encarna la aspiración popular del cambio político. Sin su presencia es imposible hablar de elecciones verdaderas en Venezuela.
Las prisas, que el régimen impone con instituciones subyugadas a su poder, colocan a la oposición democrática -el calificativo es distintivo, porque hay grupo colaboracionista que suele disfrazarse de antisistema- en el dilema de participar con una candidatura alterna, que en cualquier caso también tendría que satisfacer los “filtros habilitadores” a personas y partidos del régimen de Maduro.
Hay una fecha, es cierto. Y es muy cierto también que el trayecto para llegar a esa fecha está envenenado, lleno de zanjas de todo tipo. El mundo democrático debe exigir, como lo hacen dirigentes y organizaciones políticas y sociales en Venezuela, que Maduro asuma a plenitud el acuerdo firmado en Barbados el 17 de octubre, frente a la representación de gobiernos europeos y americanos. Porque de lo que se trata es muy serio y muy profundo: que ocurra la transición democrática en Venezuela con garantías para todas las fuerzas políticas.