Nunca antes en el siglo XX y en lo que del XXI nuestra comunidad sufrió alguna vez de un castigo tan grande y prolongado como el actual, hambre, rabia y desesperanza reinan por todas partes, multitud de agresiones flagelan el cuerpo social y político de los venezolanos.
En un largo y tortuoso proceso administrado por el chavo-madurismo, nuestra población ha sido despojada de todo un conjunto de conquistas económicas y sociales, adquiridas a lo largo de un siglo (1920-2020), construidas al calor del crecimiento y desarrollo de la industria petrolera.
Desgraciadamente, “no hay huesos sanos”, desde cualquier ángulo de la vida diaria, desde la alimentación pasando por la salud, la educación, la electricidad, el transporte o la recreación, los ciudadanos nos encontramos sometidos al despojo de nuestros bienes y al atropello de nuestros derechos.
Quienes abordaron hace ya 20 años la dirección del Estado nacional en nombre de la Constitución y las leyes de la República, utilizando los procedimientos políticos democráticos, no solo los han vaciado del contenido progresista que ellos tienen, sino que ahora pretenden ignorarlos e imponer un régimen autoritario, ajeno al interés nacional.
Desde Miraflores el Ejecutivo chavo-madurista, apoyado en el monopolio de la violencia y en el control de los medios de comunicación, prevalido de la complicidad de un sector de los altos mandos las Fuerzas Armadas, ha empobrecido el país liquidando la capacidad adquisitiva de la mayoría de los ciudadanos, tal como lo podemos apreciar en sus ingresos, que se han reducidos hoy a centavos de dólar.
Y lo que es mucho más grave aún, también han quebrado nuestra economía, colocando al borde de la ruina la otrora floreciente industria petrolera y minera venezolana, claro y efectivo soporte de las transformaciones progresistas vividas por la estructura social y política de la nación durante un siglo.
En el presente es muy evidente que los problemas señalados se han multiplicado, el asalto de la pandemia ha agravado las carencias, presentes hoy en aspectos esenciales como la atención médica y el tratamiento hospitalario, la falta de alimentos, de agua potable, la ausencia del gas para cocinar, o de la gasolina para el transporte de los habitantes y en muchas ocasiones de los pacientes.
Hoy, las soluciones a la tragedia nacional constituyen una exigencia inaplazable, y ellas pasan por una decisión amplia y democrática, a través de una consulta que nos permita construir una nueva política y eso es un nuevo gobierno, profundamente comprometido con el respeto a la legalidad, a la reconstrucción económica y a la superación de la pobreza de nuestros compatriotas.