Desde hace cierto tiempo las criticas negativas a la gobernanza global de expertos y el común, especialmente hacia el sistema de las Naciones Unidas, han ido en aumento por los cada vez más escasos resultados que exhibe la organización frente a los mandatos que originalmente le ha dado la comunidad internacional, tendencia que parece irreversible a estas alturas del siglo, lo cual ha llevado a planteamientos como el de reformular el sistema o encontrar un cambio de paradigma. Entre las discusiones se encuentran los aspectos normativos del sistema global, el nuevo papel del Estado-Nación producto de la herencia de Westfalia y de la Carta Fundacional de la ONU en San Francisco, la “revisión” de los valores de la democracia y de la soberanía, así como nuevas realidades que conviven con corrientes políticas que hasta hace poco considerábamos retrógradas como el socialismo.
Dentro de ese marco se encuentra por supuesto reflejado el asunto burocrático en la ONU y su repercusión, no solo en las decisiones que producen sus órganos, sino aún más serio quizás, en las ejecuciones de las políticas públicas de los Estados, entre ellas, por supuesto, las políticas exteriores.
Efectivamente, la dirigencia de izquierda en la ONU que va desde su Secretaría General hasta los directores de sus principales órganos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización Internacional para las Migraciones, el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Organización Mundial de la Salud, nos lleva a preguntarnos hasta adónde puede llegar su influencia a través de sus informes, proyectos y evaluaciones e incidir en la toma de decisiones de la estructura gubernamental de muchos Estados miembros.
Adicionalmente, hay muchas instituciones que tienen injerencia directa y fuerte de China. En la ONU es emblemático el caso de la OMS y las principales financieras del mundo —Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros— en los que están empleados numerosos exfuncionarios del régimen chino, situación no solo preocupante por la nula autonomía en la toma de decisiones de dichas instituciones, sino también porque representa el avance del sistema totalitario chino a escala global en detrimento de los valores occidentales, que tienen a la democracia y a la libertad como pilares fundamentales –Recordemos cuando no se pudo llevar a cabo la Junta del BID en China porque sus funcionarios no aceptaron al representante del gobierno interino de Venezuela, doctor Ricardo Haussman–.
Dentro del sistema se ha facilitado la conducción socialista, progresista y totalitaria porque, como lo destaca W. Andy Knight en su articulo “Democracy and Good Governance” en la publicación The Oxford Handbook on the United Nations y cito un artículo anterior que reproduje en este mismo diario “cerca de 120 países, que representan las dos terceras partes de la población mundial, aún se encuentran en situaciones de fragilidad en lo que respecta al cumplimiento de las normas democráticas, como serían el respeto de los derechos humanos, elecciones libres, lucha contra la corrupción y respeto a los líderes de la oposición. Muchos gobiernos de este tipo se encuentran representados en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos, así como en organismos e instituciones internacionales de todo tipo y actúan como un obstáculo en muchos temas que de sí son de justicia o de derecho, todo debido a sus afinidades políticas. Adicionalmente tienen una ventaja, al aliarse como ha venido ocurriendo, gobiernos comunistas con dictaduras, los cuales tienen la capacidad de concertarse en posiciones comunes de manera muy ágil en lo que llaman en muchos casos “solidaridad automática”, puesto que no necesitan, por su condición autoritaria, de un proceso interno en sus países para formular su política exterior, algo que no es usual en los países que ejercen los preceptos de “buen gobierno”.
Ahora bien, al interior de los Estados miembros ¿de qué manera ejercen su influencia?
Aquí me permito citar a Luis Hernández Arroyo, autor del blog Cuadernos de Arena – Libertad Digital-, para luego continuar: “Los prestigiosos informes que emitían anualmente el Fondo Monetario Internacional y la OCDE han cambiado radicalmente en muy pocos años. Cierto es que estos gigantes, perdido hace décadas el papel para el que fueron creados, llevan años pidiendo a gritos un cierre compasivo, pero a nivel doctrinal mantenían una cierta dignidad. Grandes economistas de entonces, que conservan íntegro su prestigio todavía (Michael Mussa, Kenneth Rogoff o Raghuram Rajan, por ejemplo), han sido convenientemente sustituidos por otros. Aquellos eran clásicos en el sentido de que priorizaban lo que desde siempre ha sido el paradigma de la inmensa mayoría de los economistas: el crecimiento y la estabilidad. Ahora las prioridades han cambiado y la preocupación en los últimos informes de ambos centros son la distribución no equitativa y su corrección, el calentamiento global y las medidas para frenarlo, los «negativos» efectos del avance tecnológico, las «secuelas» de la globalización, las bondades de un salario mínimo legal o de la educación pública, etc.”
Luis Hernández Arroyo se refiere a organismos económicos o de desarrollo, a los cuales yo agregaría el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros de la familia ONU que no solo han cambiado una línea de pensamiento, el modelo conceptual que influye en aspectos técnicos, sino que también han dado reconocimientos inmerecidos a gobiernos por la afinidad ideológica además de obviar en sus informes situaciones de por si condenables o presentar realidades edulcoradas a conveniencia.
¿Qué sucede entonces con las publicaciones, especialmente los informes anuales de los entes u organismos internacionales? Obviamente los primeros receptores son los gobiernos de los Estados miembros, seguidos de centros académicos y entes privados con la diferencia de que para los primeros se convierten en muchos casos en referencia obligatoria para la planificación y ejecución de sus políticas públicas y no solamente desde el punto de vista técnico sino que la carga conceptual implícita o explícita es food for thought, o aún más, el ABC, especialmente en aquellos casos de países con escasa educación o poca intelectualidad en su dirigencia, así como otros bajo una ideología receptiva a aquello que le ayude a refirmarse sin tener en cuenta otras consideraciones.
Por consiguiente, el fin último de esos informes termina convirtiéndose en política inducida y no en lo que deberían ser los fines de los entes, ya sean financieros, de desarrollo, cooperación, educación, salud, etc.
Obviamente la actual conformación de la gobernanza global no es percibida de la misma manera por los actores internacionales. En la nueva bipolaridad China-Estados Unidos, la primera ha tomado ventajas innegables a través del soft power ejercido bilateral y multilateralmente. Ahora Estados Unidos bajo la administración de Biden trata de recuperar espacios con el convencimiento de que estos ya han sido prácticamente copados por los chinos –su presidente declaró recientemente que es imposible detener a China-. Después de esa avanzada, acompañada o apoyada por un número de Estados afines, pareciera que la propia reforma la está haciendo desde ya en favor de sus intereses y no los de la comunidad internacional en su conjunto. Sería interesante conocer cuáles fueron las posiciones de China y Rusia en la última Asamblea General de las Naciones Unidas cuando Angela Merkel trajo en su alocución nuevamente el tema de la reforma del Consejo de Seguridad.
Finalmente, volviendo a la discusión de si el sistema de gobernanza global funciona o debe ser reformado o sustituido, cabría preguntarse: ¿hay quienes se benefician del sistema y no quieren ningún cambio?, ¿cuántos son esos países de existir?, ¿es la falta de voluntad política el freno a las reformas? Quizás una encuesta a nivel global nos dé resultados sorprendentes.