Nicolás Maduro, en cadena nacional, anunció el pasado martes 15 de octubre de 2019 su decisión de entregarle a cada gobernador de estado afiliado a su camarilla política una mina de oro para financiar, con divisas extranjeras provenientes de su explotación, sus desastrosas gestiones.

La noticia no sería digna de analizar y cuestionar si no fuera por el drama que significa la minería devastadora que el socialismo bolivariano ha puesto en marcha y que está destruyendo, a una gran velocidad, una de las más espectaculares reservas de biodiversidad, agua dulce y oxígeno del planeta. También por constituir un paso adelante, en el proceso de descomposición de la institucionalidad del Estado venezolano.

La ignorancia, la ambición de dinero y poder que caracteriza a la cúpula roja los ha llevado a producir la más primitiva explotación de recursos minerales del mundo contemporáneo. Tan grave es la destrucción del llamado Arco Minero que están colocando en peligro activos naturales como el Salto Ángel, y la cuenca de los ríos Orinoco y Caroní. Además de activos materiales, como el conjunto de represas y  las deterioradas plantas generadoras de energía hidroeléctrica del país.

Estos elementos, por sí solos, son de una gravedad tal que la sociedad, así como la opinión pública internacional, deberíamos movilizarnos para denunciar y parar la devastación ambiental del chavomadurismo, con sus secuelas para la calidad de vida del continente.

Otro elemento que salta a la vista, con ocasión de esta decisión, es la descomposición del Estado moderno, del concepto de República. La forma como Maduro maneja los asuntos públicos evidencian un primitivismo y una arbitrariedad propio de un campamento minero de los bárbaros, peor que en  las llamadas «repúblicas bananeras».

Una mina de oro para los estados manejados por los gobernadores del PSUV equipará la gestión del estado a la del reparto de un botín. El botín es para los que dominan un territorio ocupado o para los que ganan la guerra. A los adversarios solo se les da muerte y persecución. Aquí el botín es para la cúpula roja. Hay minas para los jefes militares, para los aliados de la guerrilla colombiana y ahora para los “camaradas” gobernadores.

Como toda acción de la camarilla, Maduro expresó que se trata de una decisión para “ayudar a nuestro pueblo”. Forma eufemística para justificar la tropelía hecha gobierno.

Un régimen que liquidó el proceso de descentralización política y administrativa, que rechazó la Ley de la Hacienda Pública estadal para otorgarle capacidad legal y financiera a las regiones, no nos va a decir ahora que está en disposición de otorgarle poder económico “para ayudar a nuestro pueblo”. No se trata de una política pública en bien de las regiones, discriminando y excluyendo de paso a los estados con gobernadores de signo político distinto. Se trata de un acto de vandalismo político.

Nada que ver con la legislación ambiental, ni con políticas de ordenación del territorio expresadas en la legislación especializada, formulada en más tres décadas de gestión democrática del medio ambiente.

Tampoco valen para nada conceptos, como la existencia de una administración pública con capacidad legal, técnica y especializada de gestión. Al cesto de la basura temas esenciales como la unidad del tesoro, contabilidad y control fiscal, así como administración transparente de los recursos de la nación. Son temas propios de cualquier administración medianamente seria, más aun en la administración de una República.

Todo esto desaparece en el campamento minero, en el país como botín, al que nos ha conducido el régimen del socialismo bolivariano.

Por supuesto que este tipo de iniciativas viola tanto el espíritu como la letra de la Constitución de la República. Maduro y sus gobernadores incurrirán en graves delitos a la hora de iniciar la explotación de sus minas de oro.

Las minas de Nicolás son el colofón de una camarilla desesperada por buscar dinero para sobrevivir. Ya no son suficientes los aviones venidos de Turquía y otros aliados con euros en efectivo. Ya no es suficiente el dinero negro que manejan en las arcas de la dictadura. Hay que entregar nuestra Amazonía para continuar la orgía de poder y de dinero.

Llegará la hora de hacer justicia frente a tamaña insensatez y frente a tan abominables delitos.