El referéndum del 3 de diciembre pasado sobre el Esequibo realizado por el régimen de Maduro y la ejecución de algunas medidas relacionadas con sus «resultados» tienen implicaciones internas importantes, a la vez que han generado reacciones muy serias de la comunidad internacional
En el plano interno sabemos perfectamente que tal iniciativa perversa busca desconocer y enfrentar la realidad del 22 de octubre pasado y la confirmación del liderazgo político a nivel nacional de Maria Corina Machado. El referéndum fue un fracaso. Lo sabemos todos. Ellos y nosotros. El régimen quedó al desnudo, lo que trajo una reacción no sorprendente, más bien usual, la persecución contra politicos opositores, principalmente algunos vinculados al comando de campaña de la candidata de la oposición, a quienes se les imputan cargos insólitos como el de traición a la patria, lavado de capitales y asociación para delinquir. Esta política de persecución contradice además, en forma clara, los acuerdos de Barbados que parecen haber sido olvidados por los países garantes.
EL referéndum ha creado también un impacto muy adverso en el ámbito internacional, un impacto que va más allá del diplomático, que lleva el asunto al Consejo de Seguridad y a los organismos regionales en los que parece abrirse, especialmente en el marco de la Celac, un espacio de mediación para resolver la crisis planteada por las últimas decisiones y acciones del régimen de Nicolás Maduro.
La situación fue llevada al Consejo de Seguridad por considerar Guyana que hay una amenaza a su integridad territorial y a la soberanía, especialmente, con la creación del estado de Guayana Esequiba, lo que pone en peligro la paz y la seguridad regionales. El Consejo se reunió el viernes en el marco del Capítulo VII de la Carta, relacionado con la ruptura de la paz, las amenazas y el uso de la fuerza y la agresión, sin que hasta ahora se hayan conocido sus resultados.
Es cierto que Guyana ha irrespetado ante cierta complacencia del régimen sus compromisos con Venezuela, de conformidad con el Acuerdo de 1966, en particular, el artículo V del mismo texto; pero la reacción de Venezuela tenía que haberse enmarcado dentro del derecho internacional, en particular, mediante protestas formales previstas en el ordenamiento internacional y la solicitud a la Corte de medidas provisionales o cautelares que garantizaran el pleno respeto del Acuerdo de Ginebra, lo que no hizo lamentablemente en ningún momento.
Al mismo tiempo y siempre en un ambiente creciente de confrontación, se anuncia una reunión en la que mediarían los presidentes de San Vincent y Granadinas, Ralph Gonsalves; y de Brasil, Lula da Silva, en la que se trataría el tema sin abordar, tal como lo adelantara el mismo mandatario de Guyana, Irfaan Ali, de la controversia territorial hoy en la Corte Internacional de Justicia y en la que según la misma Guyana allí deberá permanecer.
La negociación se centrará probablemente en el cumplimiento estricto de la Ordenanza del 1º de diciembre de la CIJ que obliga a ambas partes a no llevar a cabo ningún acto que pueda afectar el proceso y los derechos de la otra parte, el respeto de la integridad territorial y la soberanía de ambos Estados y del Acuerdo de Ginebra, que constituye el marco procesal siempre vigente para la solución de la controversia.
Sea cual fuere la decisión que se adopte en San Vincent, el proceso ante la Corte seguirá y Venezuela deberá -insistimos en ello- comparecer en forma seria y aportar los argumentos jurídicos e históricos que sustenten nuestra posición respecto a la nulidad del Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899 y a la titularidad jurídica que tenemos sobre el territorio Esequibo.