Desde su fundación en 1919 se realiza anualmente el evento más importante a nivel global concerniente al mundo del trabajo, en el marco de la relación tripartita entre gobiernos, trabajadores y empleadores se concretan las deliberaciones traducidas en convenios laborales acordados para dignificar el trabajo, firmados por los países firmantes cuya cifra alcanza a 187 en la actualidad.

En esta ocasión acaba de finalizar la 112 Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebró en Ginebra del 3 al 14 de junio de 2024 con la asistencia de más de 4.900 delegados, representando a gobiernos, organizaciones de empleadores y trabajadores. El lema central de la convocatoria era: “Para hacer del progreso de la justicia social la base para una paz sostenible, una prosperidad compartida, la igualdad de oportunidades y una transición justa”. Las conclusiones identifican cuatro áreas de enfoque para la acción política: fortalecer la gobernanza de los mercados laborales; libertad de asociación y diálogo social, incluyendo la negociación colectiva; formalización y empresas sostenibles; e igualdad e inclusión.

¿Como se traducen estas orientaciones para cada gobierno? Su aplicación dependerá de las políticas públicas de cada administración y de las orientaciones de cada gestión, cuyo resultado equivaldrá a reconocimientos si aplican las orientaciones y convenios firmados por los estados, o por el contrario serán sancionados con condenas al verificarse reiteradas violaciones a los convenios laborales.

En América Latina destacan dos casos: los de Nicaragua y Venezuela, lamentablemente reconocidos por su tendencia dictatorial durante el siglo XXI. Con referencia a Nicaragua la OIT instó en los términos más enérgicos al régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo a que restituya la legalidad del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) ilegalizada hace un año y que también cese la persecución contra las organizaciones sindicales independientes y sus líderes.

La Comisión de Verificación de Poderes de la OIT elaboró un informe que detalla la persecución de la dictadura de Nicaragua contra los sindicatos independientes no controlados por el gubernamental Frente Sandinista y contra la empresa privada, cuyos líderes han sufrido destierro, cárcel, exilio, desnacionalización y confiscaciones.

En esa dirección el organismo tripartito instó al gobierno en los términos más enérgicos a garantizar que los trabajadores y los empleadores puedan reconstituir sus organizaciones sin la injerencia estatal y puedan operar sin autorización previa conforme al artículo 2 del Convenio 87 de libertad sindical. Ofreció también restablecer el diálogo social con los interlocutores para instalar una mesa de diálogo tripartito que el próximo mes de noviembre revisará la grave situación laboral del país.

Cuando se conocen los atropellos de la dictadura sandinista se puede identificar que en Venezuela han vivido un calvario parecido las organizaciones empresariales y sindicales durante el presente siglo. En efecto, al reconocer estos datos para 2024 en nuestro país, la calificación ha empeorado hasta alcanzar la máxima categoría 5, al observarse que las autoridades han seguido persiguiendo a los sindicalistas con detenciones arbitrarias y condenas por cargos falsos, mientras que la organización sindical y los derechos se han seguido obstaculizando.

En agosto de 2023, en un juicio sin pruebas ni testimonios, un tribunal de Caracas condenó a 16 años de cárcel, por conspiración y asociación para delinquir, a Gabriel Blanco, director de Comunicaciones de la sección de Caracas de la central Alianza Sindical Independiente (ASI).

Así mismo, los activistas sindicales y defensores de los derechos humanos afiliados a sindicatos de Codesa, CTV y no confederados, Emilio Negrín, Reynaldo Cortés Gutiérrez, Alcides Bracho, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo recibieron la misma condena. De esta manera los sindicalistas creen que la medida fue una represalia por el hecho de haber reivindicado aumentos salariales. Posteriormente, los seis sindicalistas fueron puestos en libertad en diciembre de 2023, pero siguen sujetos a disposiciones que limitan su capacidad para desempeñar sus funciones sindicales.

En este contexto de permanente violación de las libertades sindicales se conoció en el marco de la 112 Conferencia la ratificación del regreso de una representación de los trabajadores venezolanos al Consejo de Administración de la OIT. Circunstancia que debiera ser aprovechada por las organizaciones y corrientes sindicales del país para la reconducción del sindicalismo venezolano ante la extrema debilidad del sindicalismo en nuestro país, al reconocerse que solo han quedado siglas de lo que fue un poderoso movimiento laboral a nivel continental.

La anterior representación de los trabajadores tuvo en Jesús Urbieta de la CTV una reconocida labor durante su permanencia en el Consejo de Administración hasta 2006, al aprobarse las primeras condenas de la OIT contra el gobierno de Hugo Chávez, el envío de varias misiones de contacto directo al país, la calificación de huelga general al paro cívico nacional de 2002-2003 y el reenganche con pago de salarios caídos a los trabajadores petroleros despedidos como consecuencia de dicho conflicto.

Las conclusiones de la 112 Conferencia conllevan para nuestro país a una anhelada transición política, que derive en el reconocimiento de los derechos laborales conculcados por una tiranía que ha violentado los convenios firmados por el estado en periodos democráticos, demostrando su talante autoritario con las fracasadas reuniones del Foro Social realizadas desde 2022 hasta el presente 2024.


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