El escritor canadiense Peter Dale Scott ha planteado la distinción entre el “Estado Público” y el “Estado Profundo”. El primero establecido en términos jurídico-constitucional y el segundo integrado por las fuerzas profundas de la riqueza, el poder y la violencia, las cuales operan en segundo plano, esto es, están detrás del Estado Público.
Ambos “Estados” están conectados por una “puerta trasera”, ubicada al “fondo” del primero. Esta puerta trasera es la que habilita el acceso de fuerzas oscuras invisibles, provenientes de un contexto ajeno al marco legal.
Para este autor, el entramado de dichas fuerzas profundas, más que construir una estructura paralela, incide directamente en la anatomía del “Estado Público” y su funcionamiento, a través de una amplia zona de contactos con aquel.
En definitiva, el Estado Profundo se encarna en el conjunto de personas que dictan las políticas y que son una especie de gobierno secreto o en la sombra.
Las reflexiones de Scott pueden ser útiles a propósito de la “reafirmación del compromiso humanitario de Guyana con los migrantes venezolanos”, publicado el 20 de noviembre de 2021, mediante el cual el Ejecutivo guyanés aseguró ser consciente de sus responsabilidades humanitarias con los migrantes.
Frank Anthony, ministro de Salud de Guyana, indicó que los inmigrantes venezolanos tendrán asegurada la asistencia sanitaria, y que “si tienen algún problema médico podrán solucionarlo muy rápidamente”. Ahora se les permitirá acudir al hospital de Puerto Kaituma y acceder a servicios sanitarios, agregó el funcionario.
Según información suministrada por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y la plataforma de coordinación de Naciones Unidas, en Guyana existen aproximadamente 36.400 migrantes y refugiados venezolanos. La verdad es que, contrariamente a lo que afirma el ministro de Salud guyanés, los refugiados se enfrentan a leyes laborales restrictivas, obstáculos administrativos, amenazas de violencia y esclavitud moderna.
En el informe, titulado “Formas de esclavitud moderna y su impacto en las personas migrantes forzadas y refugiadas venezolanas” realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, se documentan los padecimientos a los que son forzados los migrantes venezolanos, incluyendo la prostitución forzada, en ocasiones, por parte de familiares. Y se resalta la situación de vulnerabilidad en la que viven, especialmente, mujeres, niños y adolescentes.
Dicho informe se sustenta en un documento elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones, que reveló que en Guyana los venezolanos son obligados a trabajar sin recibir ningún tipo de remuneración y muchos fueron retenidos en contra de su voluntad desde que salieron de Venezuela.
Por otro lado, la oficina para migrantes y refugiados venezolanos de la OEA alerta que 337 venezolanas migrantes, menores de 27 años, han sido traficadas a Guyana desde 2018.
El Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, en sus observaciones finales sobre el informe inicial presentado por Guyana el 20 de abril de 2018, expresó preocupación por las denuncias de casos de migrantes venezolanos detenidos o víctimas de abuso de autoridad, a veces por militares, y de incidentes con pandillas en las zonas fronterizas.
También fue motivo de preocupación para el comité las denuncias sobre la explotación de que son víctimas los trabajadores migratorios, como la servidumbre doméstica, el trabajo infantil forzoso, los trabajos peligrosos realizados por niños en la construcción, la explotación forestal, la agricultura, la pesca y los sectores manufacturero y minero, la explotación sexual comercial y la falta de información sobre las medidas adoptadas para luchar contra tales abusos.
En sus generosas declaraciones, Frank Anthony tampoco dice nada sobre el impacto que produce a la salud de los migrantes venezolanos, lo cual incluye la salud mental, cuando son traficados secretamente a Georgetown o a Bartica. Sus pasaportes son retenidos por sus empleadores, con lo cual se les priva de la libertad de escoger y controlar sus propias vidas.
Como una respuesta a las declaraciones emitidas por el Ejecutivo guyanés, el 26 de noviembre la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), representada por Philippa Candler, expresó su preocupación por las condiciones en las que se encuentran los migrantes y refugiados venezolanos en Guyana, particularmente los 2.500 miembros de la comunidad indígena warao.
Públicamente, el gobierno guyanés se muestra hospitalario, pero oculta las fuerzas profundas que mueven diversas formas de esclavitud moderna como el trabajo en servidumbre, el trabajo forzoso, la explotación sexual, la trata de personas y el trabajo infantil. Pero, lo que debería hacer es adoptar todas las medidas necesarias para implementar una política nacional integral en favor de los trabajadores migratorios venezolanos y sus familiares que entran y se quedan en Guyana.
Si, en verdad, Guyana quiere brindar protección a las personas venezolanas que mayoritariamente huyen de la profundización de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, podría ratificar la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo, adoptar una legislación nacional en materia de refugiados que prevea procedimientos justos y eficaces para la determinación de la condición de refugiado y vele por que las personas que necesiten protección internacional tengan acceso a los servicios nacionales, incluidos los servicios de atención de la salud, y al empleo.
No es la primera vez que Guyana actúa con una política de doble rasero. En 1966 ratificó el acuerdo de Ginebra, a través del cual reconoce que el Laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e irrito. Pero, en su demanda ante la Corte Internacional de Justicia dice lo contrario y argumenta que Venezuela aceptó el Laudo de 1899; porque amenazó con no reconocerla como Estado independiente.
En su demanda también argumentó que su soberanía, seguridad y desarrollo se ha visto comprometida por la negativa de Venezuela de reconocer su frontera. Pero es Guyana la que desde la década de los sesenta hasta nuestros días ha otorgado concesiones a empresas transnacionales, ha propiciado la devastación ambiental y la violación de derechos de pueblos y comunidades indígenas y ha facilitado el fortalecimiento del crimen organizado.
Guyana es la viva expresión del “Estado Profundo”. Un Estado que se mueve al amparo de empresas transnacionales de Estados Unidos, China, Reino Unido y Canadá, motivadas por las fuerzas profundas de la riqueza, el poder, la violencia y los subterfugios.
Guyana no respeta el derecho internacional, ni la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones que ha pactado. En un Estado que favorece el acceso el acceso de fuerzas oscuras provenientes de un contexto ajeno al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
En esta oportunidad, el gobierno guyanés pretende lavarse la cara frente a la comunidad internacional publicando un supuesto compromiso humanitario con el inmigrante venezolano que, en realidad, es el verdadero propietario del territorio que usurpa y dispone a su antojo.