El régimen de Maduro afirma con el cinismo que le caracteriza que las medidas unilaterales adoptadas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han causado hambre y miseria en el país. En el Escrito (denuncia) que presentaron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), dijeron sus representantes que tales medidas “constituían crímenes de lesa humanidad e incluso actos de genocidio”, quizás inspirados en la costosa asesoría que brindan juristas, algunos de ellos con cierto prestigio internacional, que no ven o no quieren ver la realidad de lo que ocurre en Venezuela. Una enorme irresponsabilidad, no porque la Corte no pueda conocer una situación en la que estarían involucrados nacionales de un Estado no parte del Estatuto, sino porque es un Escrito lleno de mentiras y falsedades, mal intencionado, elaborado e introducido probablemente para distraer y obstaculizar el desarrollo del Examen Preliminar que realiza la Fiscalía sobre los crímenes que ha cometido el mismo régimen denunciante, en Venezuela, desde 2014.
La situación de Venezuela, la compleja crisis humanitaria que vivimos, no es producto de tales medidas unilaterales que son por lo demás lícitas y necesarias para detener la barbarie de un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos de los venezolanos, que comete crímenes internacionales, tal como lo han verificado órganos internacionales de indudable imparcialidad e independencia, lo que afecta no solamente nuestros valores e intereses, sino los de la comunidad internacional en su conjunto. Así lo afirmé personalmente y con la mayor responsabilidad en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, hace tres años, mucho antes de que algunos gobiernos decidieran adoptar sanciones en contra de los personeros del régimen incursos en crímenes y actos de corrupción sin precedentes, que han puesto incluso la seguridad y la estabilidad de otros países de la región, por supuesto, lo que nada más ha preocupado a la mafia que ha secuestrado al país.
La catástrofe venezolana se debe, y ellos lo saben perfectamente, a las políticas desacertadas y perversas de un régimen corrupto e ineficiente, involucrado en actividades delictivas transnacionales, de un régimen que ha destruido no solo al Estado y sus instituciones, sino al país. Todos conocen, dentro y fuera, las prácticas como políticas de Estado del régimen en violación clara de todos los derechos humanos de los venezolanos y no solamente los civiles y políticos, si no los económicos y sociales que justamente han disminuido la vida y acabado con el bienestar de los venezolanos. En todo caso, las medidas adoptadas son de carácter personal en contra de aquellas personas, funcionarios o no, que han participado en la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos y en actos de corrupción y delictivos de distinta naturaleza y de empresas que financian al régimen, desconsiderando la realidad. Y, además, las medidas adoptadas excluyen medicinas y alimentos, lo que ignoran deliberadamente quienes las condenan.
La crisis no es nueva, por favor. Estemos claros. La crisis viene desde hace años y cada vez más grave. Las sanciones no la provocan, como lo afirma la dictadura. Los venezolanos huyen de la persecución y de la miseria desde hace años, incluso antes de que Maduro heredara la presidencia del verdadero responsable de esta catástrofe, Hugo Chávez, quien lamentablemente no pudo ser llevado a la justicia por sus actos criminales que no podemos olvidar.
El régimen de Maduro distrae de nuevo la atención y remite a la Corte Penal Internacional lo que para ellos ocurre en Venezuela, una remisión (denuncia) que con seguridad no será considerada simplemente porque no hay condiciones de admisibilidad, para que la fiscal, sorprendentemente eficiente en este caso, solicite el inicio de una investigación. Es imposible que esta aberración pase el Examen Preliminar.
Le corresponde a la dirigencia opositora precisar el alcance, su naturaleza y los efectos de las medidas unilaterales, también a los gobiernos y a los dirigentes de los países que las emiten o acuerdan, de manera de aclarar el concepto que quizás sea definido en el futuro y seguramente a favor de la comunidad internacional y de sus valores, por la Corte Internacional de Justicia, si la Asamblea General, un órgano autorizado para hacerlo, sobre todo cuando se trata de una cuestión jurídica que se ubica en el ámbito de sus actividades, lo solicite. En esa oportunidad, de acuerdo con el Estatuto y las reglas de funcionamiento de la Corte y en una suerte de aplicación de la institución procesal del amicus curiae ella podrá oír la opinión de personas y organizaciones que lo soliciten, una práctica ya establecida en la Corte.
La dictadura trata de imponerse a través de una constante agresión mediática a través de la cual desinforma a los venezolanos y al mundo. Los que conocen nuestra situación, quienes la padecen directa o indirectamente, no pueden aceptar las afirmaciones y acciones irresponsables de un régimen que aunque parezca fortalecido por el ejercicio irresponsable del poder, se muestra cada vez más debilitado.