Por remoto y genuino, desde el instante más original del presente régimen, estuvo bien trazada la meta estratégica de acabar con las clases medias venezolanas que le dieron soporte a la otrora democracia representativa, con especial énfasis en las ilustradas. El barril petrolero de cien constantes y sonantes dólares, le permitió financiar una versión propia y temporal que, por cierto, huyó precursoramente del país para asegurar sus bienestares en otras latitudes, abandonando las campañas plebiscitarias del barinés que le dieron una notoriedad ahora indeseable.
Arruinar e inutilizar a las cajas de ahorro de los trabajadores del sector público, en su más amplia acepción, requirió de la paciencia y del tiempo necesario para cumplir con tamaño objetivo político. Al igual que tres años atrás, por lo menos, todavía circula la queja de los dirigentes de la entidad que las agremia, por la desviación de los recursos patronales y suponemos que el Ministerio Público ya ha abierto la correspondiente investigación y tan sólo necesitamos indagar en torno a sus resultados.
Es de esperar, en el curso de la ejecución presupuestaria de la que poco se sabe, como del mismo presupuesto público y real de la nación, la comisión de supuestos delitos que quedan en la densa obscuridad de los órganos independientes que no controlan, debiendo hacerlo, como de la (auto)censura y el bloqueo informativo. Valga acotar, existen retenciones que elevan esa tormentosa suposición delictiva, porque el sistema Patria lo ha hecho por mucho tiempo con los aportes autorizados de los miembros de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (APUSB), a modo de ilustración, con la intención de amilanarla.
Lo cierto es que, al asestarle tan duro golpe a las cajas de ahorro de ministerios, universidades, municipios, institutos de previsión, etc., lo hacen con las relativamente viejas clases medias sobrevivientes, y, por ironía, con la que ha podido emerger limpiamente aun siendo partidaria del régimen. Ocurriendo hasta principios de la presente centuria, hoy no pueden obtener un crédito para adquirir una vivienda, un vehículo, o un móvil celular; solventar un problema de salud, realizar estudios de pregrado o posgrado, desarrollar algún emprendimiento, viajar, siendo políticamente deliberada la quiebra de todo legítimo mecanismo o dispositivo de mejoramiento de la calidad de vida, tratándose de los propios servidores del Estado.
Todos conocemos a personas competentes y honradas, por distintas circunstancias forzadas a trabajar para el Estado. Tratamos de quienes no desean perder su jubilación, aunque fuese precaria la ulterior pensión, y, asimismo, noveles o no, del abogado que no encuentra donde litigar, o del médico que no puede equipar un consultorio, por no mencionar a los técnicos medios o superiores que sólo el libre mercado puede salvarlos.
Los servicios de (contra) inteligencia seguramente saben que buena parte de las nóminas oficiales simulan su adhesión al régimen, forzadas a asistir a los actos proselitistas, varias veces perseguidas por las incursiones digitales de una clara simpatía hacia la oposición. Sin embargo, por el cumplimiento responsable de sus labores, resultan indispensables en los despachos donde un determinado porcentaje del personal cumple actividades del principal partido gubernamental y sus subsidiarias.
Las clases medias están en el suelo, faltándole el oxígeno de una economía sana, abierta y competitiva, como las libertades públicas tan indispensables, aunque todavía vivas y dispuestas, atentas a los acontecimientos provenientes de cualquier dirección, cual pieza de Daniel Sanseviero, Las que están al servicio del Estado, sabiéndose despreciadas por la lumpemburguesía que ha surgido a su sombra, honestas y capaces, conocedoras silentes de las más íntimas realidades, aguardan con paciencia la celebración y los resultados de las elecciones primarias para liberar a Venezuela y, así, realizarse personal, familiar, social y profesionalmente.