A punto de comenzar un mes de marzo en el cual se anuncian grandes situaciones políticas como la reunión del TIAR del 3 de marzo y el comienzo de una nueva jornada de protestas el 10 de marzo, unida a la formalización de la estrategia estadounidense de Seguridad  para América Latina y el Caribe, donde se destacan entre sus supuestos 5 puntos el objetivo innegociable de poner fin a los gobiernos revolucionarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela. De acuerdo con los propios funcionarios de la Casa Blanca se hace imprescindible observar las herramientas políticas y militares  que le quedan al gobierno de Trump frente a la administración Maduro.

1. Sanciones corporativas o individuales

En primer lugar, tenemos que hablar de las sanciones que han tenido un inmenso impacto político y económico, al punto de llevar al canciller Arreaza a reclamarle a la ONU que no intervenga activamente en lo que su persona denomina “terrorismo económico” por sus efectos amplios en la economía nacional: según su criterio expresado en dicho foro internacional ha afectado a Pdvsa llevando sus exportaciones anuales de 42 millardos de dólares (2013) a 4 millardos de dólares (2018). Sin embargo, de acuerdo con el abogado Mauricio Claver-Carone, director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional (Cancillería estadounidense), es apenas ahora cuando está por comenzar la verdadera andanada de sanciones devastadoras contra las instituciones públicas y los colaboradores privados, especialmente empresarios, del régimen de Maduro.

Podemos imaginar sin gran esfuerzo que se avecinan sanciones financieras y tecnológicas de enorme impacto a objeto de terminar de paralizar la infraestructura de servicios administrativos de dichas empresas y cerrar todos los accesos crediticios y comerciales a dichos operadores globales, generando un costo de operaciones en Venezuela absolutamente prohibitivo para cualquier negocio lícito.

2. Persecución individual

Es una de las estrategias de mayor impacto mediático y psicológico, con la que el gobierno estadounidense puede obligar a la inmensa mayoría de las figuras públicas de todos los ámbitos desde el empresarial al artístico, pasando por el deportivo y hasta el ciudadano común que tenga vínculos de amistad o familiares con funcionarios del régimen de Maduro y que simplemente realiza actividades turísticas foráneas a asumir posiciones políticas determinadas, a riesgo de ser considerado colaboracionista del régimen, lo que llevaría a una “cacería de brujas” de carácter global contra muchas personas que simplemente no hacen ningún activismo político particular o tal vez solo aprovecharon los contactos particulares para algún emprendimiento provechoso, que ahora les puede cobrar una factura peligrosa, siendo una medida que roza peligrosamente y en muchos casos supera el ámbito de la legalidad en materia de derechos individuales. Un ejemplo de esto son la delimitación espacial y digital de todos los activos de ciudadanos venezolanos en Europa y Asia, especialmente en Suiza y en los Emiratos Árabes Unidos (Dubái), donde la prensa internacional señala semanalmente nuevos escándalos y acusaciones de los fiscales estadounidenses.

3. Bloqueo naval o zona de exclusión aérea

Dentro de la cultura política/militar anglosajona el bloqueo, especialmente el naval, tiene una larga tradición que va desde las Guerras Napoleónicas (bloqueo continental) hasta la Primera Guerra Mundial, en la que Alemania registró más de 428.000 muertos de hambre por el bloqueo naval británico. En Estados Unidos esta idea se hace popular durante la Guerra Civil (1861-1865) debido al Plan Anaconda, que trancó las exportaciones de algodón (producto de exportación más importante de la época) y evitó la importación de armas y suministros. Debemos recordar también que en la Guerra de los Seis Días (1967), el bloqueo de los estrechos de Tirán llevó a la guerra a Israel contra sus vecinos, situación que podría darse en el caso venezolano de darse la participación de las naciones fronterizas y sus marinas de guerras en dicha operación. El Tratado de Londres sobre la Definición de la Agresión y la resolución Nº 3314 de la Asamblea General de la ONU establecen que la sanción por el estilo de bloqueo sobre un Estado soberano en el tiempo de paz significa un ilegal acto de agresión.

El caso actual más conocido son los bloqueos de la costa palestina por parte de Israel en la Franja de Gaza, que han sido objeto de diversos choques diplomáticos y políticos por las llamadas “Flotillas de Libertad” que han intentado varias veces romper el bloqueo israelí con buques desarmados con activistas internacionales a favor de la causa palestina, mucho menos conocido y más peligroso es el registro naval de los barcos realizados en altamar por las Naciones Unidas para buscar armas de destrucción masiva y materiales prohibidos en Corea del Norte (resolución de sanción Nº 2375). En el caso de un embargo petrolero a Cuba, es difícil imaginar la respuesta militar aeronaval que Cuba y Venezuela deben asumir en forma calculada para romper dicho bloqueo a riesgo de desatar una guerra total o sufrir el riesgo de generar una desmoralización total de sus bases partidistas en caso de inacción.

Igualmente, durante la guerra de Bosnia, Libia y después de la Guerra del Golfo (1990) se establecieron zonas de exclusión aérea que también implican una forma no declarada de invasión militar permanente y cotidiana del espacio soberano nacional, lo cual también exige una respuesta calculada con mucho cuidado del gobierno de Maduro, tal vez parecida a la de Bashar el Assad en Siria, que evita a toda costa el choque con aviones y tropas estadounidenses a pesar de que estos controlan zonas petroleras de gran importancia en Siria. La idea de cerrar todo tráfico de aviones de cualquier tamaño que no sea revisado por las autoridades del TIAR, generaría un efecto inmediato en la economía y la sociedad venezolana.

4. Incursiones (RAID)

Es otra estrategia extremadamente peligrosa, pero de enorme impacto político y psicológico, que tiene antecedentes históricos tan antiguos como las incursiones del ejército continental en la Guerra de Independencia estadounidense (1775-1783) hasta el magnicidio (connotación necesaria por la magnitud histórica y política) del general iraní Qasen Soleimani este mismo año, el 3 de enero de 2020. Esta demás decir que estas decisiones implicarían un estado de guerra que seguramente la asamblea nacional constituyente deberá debatir y aprobar con todas las consecuencias que ello conlleva y seguramente llevará a un Estado de Excepción y Movilización (artículo 337, capítulo II, título VIII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), lo que permite las requisiciones de todos los medios que el Estado considere indispensable para la defensa nacional y llevaría la crisis política nacional a un punto de no retorno. Dentro de este panorama del siglo XXI están los ciberataques (Cyberwarfare) que exigiría un artículo entero para explicar las posibilidades de uso y el amplio espectro de acción de estas modalidades de guerra. Solo debemos recordar que en este país los medios de pago son digitales en su inmensa mayoría y el efectivo disponible está en muy pocas manos, por ejemplo.

5. Conclusiones

Habiendo llegado a este nivel de conflictividad política, tengo la inmensa preocupación de solicitar que se entienda la necesidad impostergable de realizar un diálogo efectivo que implique una negociación inmediata de los factores nacionales e internacionales en pugna, antes de que el cronograma del gobierno de Trump direccione la salida política a la crisis por la vía militar, que implica consecuencias que muchos en el Alto Gobierno conocen mejor que mi persona debido a su formación militar y en materia de seguridad, así como el manejo real de las fuerzas disponibles en caso de conflicto bélico. Seguir pensando que no va a pasar nada es una apuesta peligrosa en la que muchos “se juegan a Rosalinda”.

Todavía hay tiempo para el diálogo y la paz…

 


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