Las amenazas a la democracia en América Latina no son nada nuevo. El surgimiento del populismo autoritario en la región ha socavado las normas e instituciones democráticas, y los políticos iliberales que buscan reforzar su poder no han hecho más acelerar su declive.
Sin embargo, resulta más preocupante la propagación de esas conductas a las democracias en riesgo. Incluso en países con instituciones sólidas, los gobiernos de centroizquierda recientemente electos han tenido que esforzarse por ejecutar su programa electoral. Todas las señales apuntan a un alarmante aumento del sentimiento antidemocrático, y un breve examen a los acontecimientos políticos recientes (dejando de lado el caso inmensamente complejo de México) sugiere que es muy probable que se intensifiquen los retos a la gobernanza democrática.
No es de sorprender que los dictadores latinoamericanos hayan adoptado tácticas cada vez más represivas. Anticipándose a las elecciones del próximo año, el Presidente venezolano Nicolás Maduro ha prácticamente reorganizado el consejo electoral de su país: tras la renuncia masiva de funcionarios vinculados al partido gobernante, un comité del que forma parte Cilia Flores, esposa de Maduro, seleccionará los nuevos miembros del consejo. Además, su gobierno deshabilitó a la lideresa de la oposición María Corina Machado para presentarse a las elecciones.
En Nicaragua, el Presidente Daniel Ortega ha hecho caso omiso de una resolución de la Organización de Estados Americanos que urgía al país a terminar con las violaciones a los derechos humanos, liberar a los presos políticos y respetar las libertades religiosas (su régimen se ha caracterizado por una prolongada represión a la Iglesia Católica). Además, el país sostuvo conversaciones este año con Irán en torno a reforzar la cooperación entre sus ejércitos. Si bien esta deriva autoritaria no tiene nada de nuevo, ha sido la vanguardia del debilitamiento de la democracia en toda la región.
En regímenes democráticos “deficientes”, como Guatemala, Honduras y El Salvador, las cosas han dado un giro para peor. Varios candidatos presidenciales de oposición fueron inhabilitados para las elecciones guatemaltecas de junio, y posteriormente una corte pospuso la publicación oficial de los resultados de primera vuelta. La Presidenta hondureña Xiomara Castro adoptó la estrategia antipandillas de mano dura de la vecina El Salvador, incluida la detención masiva de supuestos miembros de pandillas y la suspensión de algunos derechos constitucionales. Lo más preocupante es la decisión del Presidente Nayib Bukele de candidatearse a la reelección presidencial en El Salvador, en clara violación de la constitución de ese país.
De manera similar, el embrollo político del Perú sigue arrastrándose, poniendo al descubierto de disfuncionalidad del gobierno. Tras un frustrado intento de golpe el año pasado, se encarceló al ex Presidente Pedro Castillo junto a otros ex mandatarios peruanos, a la espera de una sentencia judicial. Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo, juró su mandato e, inicialmente, llamó a elecciones tempranas, pero acaba de anunciar que seguirá en el poder hasta 2026. Si la historia recuente sirve de indicación, es probable que ella también entre en prisión, con lo que aumentaría la presión de gobernar con mano dura (la ONU condenó la mortífera represión de su gobierno a los manifestantes a comienzos de 2023).
Las más preocupantes son las dificultades que enfrentan los relativamente nuevos gobiernos de Brasil, Chile y Colombia, que llegaron al poder con el deseo de implementar importantes reformas sociales, un sólido compromiso con la democracia y respeto por el rigor fiscal.
En particular, el Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, ha luchado por que un Congreso hostil y dividido apruebe su agenda social y económica. Esto se debe en parte a los estrechos resultados de las elecciones de enero, cuando el mandato de cuatro años del ex Presidente Jair Bolsonaro (una pesadilla de extrema derecha) culminó con sus partidarios ocupando por vías violentas los edificios del gobierno en Brasilia. Están surgiendo revelaciones de complicidad de altos niveles de las fuerzas armadas en la insurrección, y la corte electoral prohibió que Bolsonaro vaya como candidato hasta 2030 debido a las falsas acusaciones que hizo sobre el sistema de votaciones antes de las elecciones. Resulta perverso ver cómo mientras más tiempo el gobierno parezca estar paralizado, mayores son las probabilidades de que las fuerzas extremistas se reagrupen tras otro candidato antidemocrático.
En Chile, donde el mandato presidencial está limitado a cuatro años, Gabriel Boric está comenzando a verse como un “pato cojo” debido a ese límite. Si bien es muy probable que una nueva constitución se apruebe en un plebiscito que se realizaría antes de fin de año (el primer borrador fue rechazado en 2022), la administración Boric ha estado aquejada por derrotas electorales, el rechazo del Congreso de su reforma tributaria, un escándalo de corrupción en el ministerio de la vivienda y una aproximación a los asuntos exteriores inconsistente, si bien regida por principios. Todo esto crea un espacio de maniobra para otro populista de extrema derecha, José Antonio Kast, quien perdió ante Boric en 2021 pero actualmente encabeza las encuestas, en parte debido a una histeria colectiva por el orden público en uno de los países más seguros de América Latina. En el año en que se cumple el aniversario 50 de golpe que derribó al Presidente Salvador Allende, las perspectivas de la democracia chilena parecen más bien tenues.
La situación en Colombia es parecida: un prometedor presidente de centroizquierda con una clara mayoría en el Congreso y planes de impulsar reformas laborales, tributarias, de pensiones y de salud se ve súbitamente paralizado y atacado desde todos los frentes, con escaso apoyo en el Congreso. Si bien no parece haber una deriva antidemocrática, es posible que la insistencia del Presidente Gustavo Petro en llevar su agenda a las calles genere una respuesta autoritaria de los conservadores locales. En una sociedad tradicionalmente conservadora, esa reacción podría revelarse como mayoritaria.
Como Colombia, a Argentina le está yendo algo mejor, pero justo apenas. En octubre se celebrarán elecciones presidenciales, con primarias obligatorias el 13 de agosto. Varios de los candidatos importantes resultan inquietantes. El libertario Javier Milei, un economista radical excéntrico que quiere abolir el banco central y dolarizar la economía, está intentando sacar al peronismo de la presidencia, y bien podría llegar a segunda vuelta. Puede que tenga inclinaciones autoritarias, como las tiene la ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, candidata de línea dura más conocida por sus fuertes medidas anticrimen. Sergio Massa, el candidato peronista y actual ministro de economía, ha ejercido durante casi un año de frenazo económico y no parece suponer un gran desafío para sus rivales.
Durante años, las encuestas han mostrado un menguante apoyo a los gobiernos democráticos en América Latina, en una involución política alimentada por las frágiles condiciones económicas, las nuevas demandas sociales tras la pandemia y electorados polarizados y suspicaces. Si la situación sigue así, es probable que las amenazas a la democracia en la región se intensifiquen en los próximos años.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen
Jorge G. Castañeda, ex ministro de exteriores de México, es profesor de la Universidad de Nueva York y autor de America Through Foreign Eyes (Oxford University Press, 2020)
(Estados Unidos: en la intimidad y a la distancia.)
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