Por Equipo Editorial
Los numerosos casos de abusos y violaciones sexuales contra niños, niñas y adolescentes en el país -el más reciente confirmado por el mismo fiscal general de la República, quien señaló a cuatro mujeres y un hombre como autores de un condenable y aberrante acto sexual en contra de un niño de 5 años (1)-, revela la destrucción de los valores de la sociedad y la educación; pero la podredumbre va más allá cuando aseguran que se tratan de hechos aislados que son combatidos por el «Estado». La verdad es que la depauperación ética y moral no se alcanza de un día para otro, porque la descomposición social es parte de una anomia que ha venido trastocando todos los componentes estructurales de ese mismo «Estado» que ha sido degradado y cuyo máximo esterquilinio ha venido enfrentando la escuela desde los inicios de la formación del ser humano, una vez que Nicolás Maduro llegó a Miraflores.
Ver que «damas» -sin que esto implique misoginia- son practicantes de la pedofilia y la misantropía en contra de un niño, que además desciende de ellas, revela que el sistema político imperante ha podrido a la sociedad hasta el núcleo familiar. De hecho, tenemos una educación destruida, llegando incluso a anularse en los planteles la formación religiosa con el «equivocado» -por no decir malintencionado- y desquiciado fundamento ideológico de que la educación es «laica», lo cual marcó el inicio de subsecuentes aberraciones. Hemos visto que se argumenta y promueve dentro de las propias instituciones educativas la brujería, la santería y las supersticiones, como si fuera «cultura de relajación y meditación», so pretexto de justificar este tipo de imposiciones «directivas» como formas de generar acciones antipedagógicas y antiprofesionales (2) orientadas a la formación de lo que algunos se atreven a llamar el «hombre nuevo» -y valga el término machista- y leal a la «revolución»:
Si bien apoyamos las acciones de la Fiscalía contra este tipo de actos de violaciones sexuales de nuestros niños, niñas y adolescentes, es el propio Ministerio Público el que debería evaluar cómo se ha desintegrado la estructura familiar desde lo más alto del Estado y los canales oficiales con un permanente discurso chauvinista y rechazo por quienes no profesan el sentido de lo que llaman ser «revolucionario»; y aunque se intente esconder la realidad, muchos de los implicados en esas aberraciones sexuales son parte de las estructuras políticas de un «Estado» que ahora intentan llamar con el remoquete de «comunal», y que desde el ministerio de «educación» ha perdido por completo la generación de políticas centradas precisamente en el ser humano. La profesión docente ha sido destruida no solo en su composición profesional al pagarle a las maestras y profesores salarios miserables; sino que se ha creado una formación paralela de «docentes» egresados de algo que llaman «chamba juvenil» y que en solo 4 semanas de culto al régimen, salen «preparados» para la «formación educativa».
En consecuencia, habría que preguntar: ¿ese niño de 5 años, víctima de un desgraciado hecho de violación sexual, estaba asistiendo a la escuela? Si es así, ¿quiénes eran sus representantes? ¿Las mismas mujeres que estaban ejecutando semejante acto de violencia sexual? Si, por el contrario, el niño no estaba inscrito en ninguna escuela, pues viene a ser parte de la situación de deserción y abandono en que se encuentra el sistema educativo en todos sus niveles: inicial, primaria, bachillerato y universitaria. En ambos casos, estamos en presencia de la desintegración de la educación junto con el ámbito de las familias. Es sencillo, No existen funciones institucionales que mantengan contacto permanente con los representantes, y que pudieran evitar o determinar desviaciones de conductas en distintos padres en relación con violaciones de derechos de los niños que se extienden más allá de repudiables actos sexuales.
Se han convertido en recurrentes estos hechos de violaciones y abusos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes. Mal pudiera decir el Ministerio Público que es un logro llevar a la justicia a tales aberrados. Eso solo implica un fracaso de nuestra sociedad, confinada por una educación que hace tiempo perdió el rumbo en su concepción humana y se convirtió en un apéndice ideológico del régimen madurista. En Venezuela tenemos que cambiar la orientación de políticas públicas de protección a nuestros niños, niñas y adolescentes. Se hace necesario retomar el sistema de protección a la población infantil, que fue abolido con una irresponsable reforma a la Ley Orgánica para la Protección del Niño, la Niña y del Adolescente en 2007. Desde ese entonces son nulos, por no decir que están en continuo retroceso, lo que se ha hecho para atender los problemas, las necesidades y las violaciones de derechos sobre nuestra infancia.
Como docentes e investigadores estamos comprometidos con el porvenir de Venezuela, pero no será posible adelantar políticas públicas distintas, menos cambiar esta lamentable realidad, mientras no se acepte que lo «existente» en educación y estructuras que deben garantizar los derechos de los niños son una entelequia y panurguismo. Propondremos iniciativas diferentes. ¿Estará el gobierno dispuesto a escucharnos en nuestras propuestas de transformación y cambio? ¿O seguirá la misma ruta, llena de fracasos y permanentes violaciones de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes? Esperemos que exista una reflexión por el bienestar de la sociedad y el país.