Resulta difícil, a la hora de denunciar los numerosos y continuos crímenes de odio perpetrados en contra de miles y miles de migrantes venezolanos en diversos países de la región —y de otras latitudes—, obviar el hecho de que la sociedad y las autoridades gubernamentales de Venezuela durante su otrora era democrática de casi medio siglo, e incluso desde mucho antes, le abrieron de buena gana las puertas de la nación y de la totalidad de sus oportunidades a los extranjeros de todas las nacionalidades que decidieron —y, en efecto, pudieron— construir una buena vida en esta tierra, hoy tiranizada por los más cruentos opresores de la historia americana; y lo es porque la reciprocidad —en su sentido positivo—, aunque no es una obligación legal en el contexto de las informales relaciones cotidianas entre individuos de distintos pueblos, da cuenta, cuando tiene lugar y cuando no, de la calidad humana de los involucrados.
Nombres como Sofía Ímber, Pablo Mandazen Soto —el Hermano Ginés—, Luis Ugalde, Benjamín Scharifker, Solveig Hoogesteijn, Diego Cisneros Bermúdez, Amalia Pérez Díaz, María Conchita Alonso, Ricardo Montaner, Javier Vidal, Soledad Bravo, Joaquín Riviera, Chelo Rodríguez, Roberto Moll, Osmel Sousa, Filippo Sindoni o Rosalinda Serfaty, o algunos de épocas más remotas, como John Boulton Townley, Daniel Florencio O’Leary o Manuel Piar —si bien trágico, y para algunos injusto, el final de este último—, sin mencionar los de incontables hijos y nietos de inmigrantes, evidencian que la sociedad venezolana, pese a su miríada de imperfecciones, jamás hizo distinción entre el venezolano por nacimiento y el venezolano por adopción, y que este siempre pudo desarrollar su proyecto de vida en el país en un marco de absoluta igualdad de oportunidades que a no pocos permitió alcanzar la cumbre de sus respectivos ámbitos de actividad —como del mismo modo ocurrirá cuando la libertad retorne a él, por cuanto «Venezuela» y «venezolano» nunca serán sinónimos de «xenofobia»… ni tampoco de «aporofobia», ya que siempre ha sido un rasgo idiosincrásico del venezolano su inclinación a ayudar al menos favorecido, como los cientos de miles que llegaron al territorio nacional con una mano delante y otra atrás, de allende el Atlántico y sus terrestres fronteras, tras huir de dictatoriales regímenes como los de Mussolini, Hitler, Franco, los de todos los satélites de la Unión Soviética y el de esta última, los de los Castro, Pinochet, Videla y las demás tiranías regionales de diferentes períodos, y tantos otros, o sencillamente de entornos de escasas oportunidades, como aquel del que en el pasado huyeron numerosos trinitenses que luego en Venezuela pudieron medrar—.
No obstante, ello no constituye un factor llamado a regular el trato que se debería dispensar al venezolano —como a cualquier otro inmigrante— en suelo extranjero, pero las leyes y tratados internacionales en materia de derechos humanos sí; las mismas leyes y tratados que acaban de violar, de la A a la Z, los miembros del Gobierno de Trinidad y Tobago, comenzando por su primer ministro, al, literalmente, arrojar al mar en las peores condiciones a un grupo de inmigrantes venezolanos, entre ellos 16 niños, y luego tratar de justificar lo injustificable por conducto de la descalificación de los nacionales de todos los países de América del Sur, que para semejantes violadores de derechos humanos no son más que un hatajo de delincuentes.
¡Vaya ejercicio de proyección!
De hecho, Keith Rowley, el infame primer ministro trinitense, fue aun más lejos al acusar a la Organización de Estados Americanos y a su secretario general, Luis Almagro, de la crisis venezolana, lo que no sorprende en virtud de las cuestionables afinidades de aquel personaje, que con el mayor desparpajo finge desconocer los gravísimos crímenes de lesa humanidad que desde hace 22 años vienen perpetrando en Venezuela los los miembros del régimen chavista y que han empujado a un duro exilio a cerca de 6 millones de venezolanos.
Toda una exquisita gema y un modelo de probidad (!).
Es mucho lo que puede comentarse respecto a este deplorable capítulo, el más reciente dentro del longuísimo rosario de xenófobas actuaciones que han afectado a migrantes venezolanos, tanto por la índole del fenómeno que subyace tras él como por lo que implican declaraciones como las del señor Rowley, que no solo constituyen crímenes de odio per se, sino que también se erigen en causa de muchos otros al promover la exacerbación de tan nefasto sentimiento en grupos que ven en ellas oportunidades para arremeter en contra del odiado «otro» extranjero, pero más allá de todo lo que se pueda decir en relación con esto hay una generalizada inquietud que debe empezar a traducirse en acciones legales concretas dentro de las principales instancias judiciales del ámbito internacional, puesto que ya se están haciendo patentes algunos sistemáticos patrones de persecución a migrantes venezolanos en varios países, principalmente americanos.
Tal persecución incluye la difusión de una falaz imagen de estos migrantes, a quienes algunos pretenden presentar como «delincuentes», tal como del modo más ruin lo hizo el primer ministro trinitense, lo que, además de ser contrario a la verdad, niega el hecho de que muchos provienen de los más calificados segmentos profesionales y obreros del país, y, por ende, poseen las competencias y la vocación de trabajo necesarias para recomenzar y contribuir al desarrollo de las naciones que decidan acogerlos. De hecho, no es infrecuente que ingenieros, médicos, educadores, obreros de diversos sectores industriales y un sinfín de otros valiosos venezolanos se cuenten entre los «caminantes» que, impelidos por una depauperación como pocas, cruzan a diario nuestras fronteras en busca de mejores destinos.
En todo caso, nada justifica esa persecución, ni siquiera el que un puñado de migrantes sí encajen dentro del mencionado perfil delincuencial, pues criminales los hay de todas las nacionalidades y por los pecados de unos pocos no deben pagar las decentes e inocentes mayorías, así que es hora de dar un nuevo paso en la defensa de los derechos humanos de nuestros connacionales a través de la activación de los mecanismos legales que el derecho internacional contempla.
Y a la lista de violadores de derechos humanos internos debe sumarse desde ahora la de los externos.
@MiguelCardozoM