Del 26 al 28 de enero estará en Caracas el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en visita oficial.
Sorprende que la visita se haya organizado con tanta discreción. Apenas ha sido en estas últimas semanas que la noticia ha trascendido y sólo hasta hoy se ha podido recibir una confirmación por parte de la ONU en relación con la fecha en la que se llevará a cabo, visto que el alto comisionado Volker Türk estuvo en Ecuador y de allí se trasladó a Colombia.
La visita de su predecesora, Michelle Bachelet (quien recibió una invitación oficial apenas tomó posesión de su cargo en septiembre de 2018), fue anunciada con bombos y platillos por el entonces canciller del régimen, Jorge Arreaza. En esta oportunidad, la invitación pudo haber sido extendida en diciembre por Delcy Rodríguez, pero al no conocerse hasta recientemente, muchos interesados han quedado fuera de la agenda.
Varias son las condiciones indispensables para que se lleve a cabo una visita oficial. La primera de ellas es que el alto funcionario reciba una invitación. Sin invitación no puede ir en misión a ningún país. La segunda, y también de mucha importancia, es el compromiso por parte de las autoridades del país anfitrión en dar libertad total de movimiento, y libertad e independencia para establecer la agenda según los intereses de la organización, sin injerencias, ni represalias a los entrevistados. Este acceso irrestricto permite al alto comisionado y a su comitiva tener una nítida visión de los derechos humanos en el país.
En esta oportunidad, al igual que ocurrió en 2019, se espera que se reúna con representantes de la sociedad civil, pero no queda claro si estas reuniones serán con un número reducido de ONG, o si por el contrario tendrán un foro para darle la oportunidad al grueso de las organizaciones de todo el país de discutir con él en momentos en que las amenazas hacia su labor han aumentado considerablemente, y más de sesenta corren el riesgo de ser ilegalizadas.
También se reunirá con algunas víctimas o familiares de víctimas. De nuevo, aparentemente con un número reducido de ellas, poco más de una docena y por apenas unos minutos, perdiéndose quizá una gran oportunidad para ilustrar la dimensión de la persecución, torturas, desapariciones y asesinatos que han ocurrido en Venezuela desde por lo menos 2014. Algunas de las víctimas y sus familiares sienten que se trata de un trámite, más que un intercambio. Recuerdan que en 2019 la alta comisionada pasó toda una tarde recibiendo testimonios, y, como diría uno de sus funcionarios posteriormente: entró expresidenta a la reunión y salió alta comisionada. Claro que Türk viene con una muy amplia experiencia y conoce de cerca el libreto de las dictaduras, pero, ante un régimen que lo que desea es lavarse la cara, ¿qué mejor que una oportunidad para conocer de primera mano acerca del alcance de su maldad?
Se espera que la comitiva internacional pueda entrar en alguna de las cárceles donde tienen detenidos de manera arbitraria a los 240 presos políticos. Ojalá exijan ser llevados a alguno de los centros de tortura que, gracias a las investigaciones que ha realizado la Misión de Determinación de los Hechos, se sabe dónde están ubicados. Ojalá puedan ir a los hospitales del interior del país para constatar cómo, quienes controlan el poder, aunque les acaben de echar una mano de pintura para agradar a la visita, violan el derecho fundamental a la salud.
Muchas son las interrogantes: ¿Irá el alto comisionado a la zona del Arco Minero a comprobar la degradación del medio ambiente y las masivas y múltiples violaciones de los derechos humanos? ¿Conseguirá que el régimen libere a algún preso político, de los muchos que son torturados o que se encuentran privados de libertad en condiciones indignas, sin haber cometido crimen alguno? ¿Tendrá ocasión de reunirse con alguna comitiva de los gremios y jubilados que están protestando desde hace días por un poco de dignidad? ¿Con quién se va a reunir Türk a nivel político? Maduro, ahora que no fue a la Cumbre de la Celac, seguramente sostenga una reunión con él, pero ¿qué representantes de cuáles de las oposiciones van a entrevistarse con él? Y de los poderes públicos, ¿va a ver al TSJ, ese que ni es independiente ni garantiza un debido proceso?, ¿o al CNE, siendo que la comunidad internacional recurrentemente se pronuncia sobre la necesidad de lograr una salida electoral a la crisis venezolana? No olvidemos que expresar nuestra opinión a través del voto y que este cuente, es también un derecho humano.
Ciertamente, habrá que manejar las expectativas para un viaje tan corto y una agenda pendiente tan amplia, que no es sino el fruto de las múltiples violaciones de los derechos humanos que aquejan el país. Sin embargo, viendo las agendas llevadas a cabo en Ecuador y Colombia, tenemos razones para querer ser optimistas y no resignarnos a que esta visita sea, si acaso, un saludo a la bandera que le permita una válvula de descompresión al régimen; o un estratagema para exhibir su maquillaje y mejorar su reputación; o una ocasión para que pretenda convencer acerca de su intención de cooperar, con la esperanza de retardar un proceso judicial internacional como el que se está llevando a cabo en la CPI; o un movimiento calculado para volver a escenificar su narrativa del deterioro por culpa de las sanciones; o un ardid para que pueda apostar a la recuperación de su asiento en el Consejo de Derechos Humanos, a pesar de tener más de siete años en mora con la organización sin cumplir con su obligación de pagar las cuotas, y sin haber sido realmente restringido más allá de la suspensión del derecho al voto en la Asamblea General.
La visita del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos debe ser una ocasión para que los distintos actores, nacionales e internacionales, se comprometan con el Estado de Derecho, con la democracia, con las libertades y con la dignidad del ser humano.
No puede ser que eso sea mucho pedir.