Parece que vivimos uno de esos momentos en los que la historia comienza un giro ineluctable, con esa fuerza irresistible de los grandes fenómenos telúricos. Solo que en esta ocasión el evento cataclísmico no viene bajo la forma del diluvio bíblico o de una de esas guerras que han acabado pueblos y civilizaciones enteras, sino bajo la forma de un microorganismo letal, un virus que otras especies animales traspasaron al orgulloso homo sapiens, la más desarrollada y poderosa especie del orden de los primates.

El coronavirus, ciertamente, amenaza con acabar con las certidumbres –de por sí cada vez más debilitadas– que todavía fundamentan y animan este período civilizatorio: un orden internacional basado en los Estados-naciones y en el sistema ONU, una economía cada vez más transnacional y especulativa, con sus respectivos regímenes fiscales y tributarios, los sistemas de seguridad pública y social, los sistemas de cooperación internacional y –de último pero no menos importante– las instituciones democráticas y los valores en general de la civilización occidental, que merecen una atención especial porque engloban o remiten, de una manera u otra, a todas las anteriores.

En efecto, una de las cosas que más llama la atención de las respuestas de los distintos gobiernos del mundo –incluyendo las más importantes democracias occidentales– a la emergencia sanitaria generada por el coronavirus, es la recurrencia a diferentes modalidades del estado de excepción, que conllevan una suspensión importante de  derechos ciudadanos, que van desde la libertad de circulación hasta las libertades económicas y políticas fundamentales. Esto plantea una interrogante que no es capciosa ni gratuita: ¿será que la democracia ya no es un valor y un principio intocable para la cada vez más voluble e inestable civilización moderna?

No ponemos en duda que hay una diferencia enorme entre la forma en que China y otros países con regímenes de corte autoritario (como Rusia, Cuba y Venezuela, entre tantos otros) manejaron la situación y procedieron a establecer las medidas de excepción, y la forma en que lo han hecho las democracias más arraigadas. Mientras que aquéllos desde un comienzo intentaron ocultar la información y disminuir la gravedad de la infección, centralizaron en una cúpula la toma de decisiones, censuraron a la prensa, encarcelaron a grupos y personalidades inconformes, y militarizaron los servicios sanitarios, en estos predominó la transparencia, no se reprimieron las expresiones de disconformidad y protesta, se consultaron y consensuaron las medidas y se tomaron en cuenta las sugerencias de expertos y profesionales de la salud.

Esta vez la preocupación por la suerte de la democracia y sus principios asociados (Estado de Derecho, división de poderes, sistema de garantías, etc.) no tiene tanto que ver con la emergencia en los últimos años en países de acerado crisol republicano de liderazgos carismáticos con desdén por las formalidades democráticas sino por algo más de fondo, cual es la cada vez más palpable caducidad de las instituciones del poder público doméstico y de las instituciones internacionales, para dar respuesta oportuna y directa a los problemas más urgentes de la aldea global. El orden civilizatorio del siglo XX, que en lo económico estuvo signado por un industrialismo que despreciaba al ambiente, y en lo político por el papel de intermediación que cumplían unas élites –partidos, sindicatos, grandes gremios empresariales– entre las masas y el Estado, está siendo desplazado por un nuevo modelo cuyos rasgos todavía no están claros, y sobre el cual lo más que podemos hacer en estos momentos es formular conjeturas.

Valga recordar, a este propósito, lo que hace 20 años plantearon Toni Negri y Michael Hardt en Imperio, una obra que levantó nutridas polémicas en muchos círculos académicos del mundo. Independientemente de que varias de sus prognosis principales a muchos nos parecieron descaminadas –quizás porque en el fondo están apegados más de lo que ellos creen al proyecto iuminista– es de honor reconocer que otras no, muy particularmente la tesis de que el sistema imperial (el nuevo orden civilizatorio que regiría, según ellos, al mundo)  se caracterizaría por la existencia de un derecho de excepción, que regiría no solo en el ámbito internacional sino también el ámbito doméstico. Si bien esta excepcionalidad –muy en la línea de Carl Schmitt– no rompería del todo el cable a tierra con la noción de legalidad tan extendida en la cultura occidental, consagraría irremisiblemente, dicen nuestros autores, un derecho y una sociedad con privilegios y jerarquías, apoyándose en el ejercicio de un poder policial que daría rapidez y eficacia al nuevo régimen global en sus decisiones y acciones.

Es difícil agregar algo más que no sean especulaciones a estos pronósticos poco menos que agoreros de Negri y Hardt. Pero luce claro que las políticas y reacciones que han surgido para enfrentar la emergencia del coronavirus dan pasto a la preocupación sobre el destino de la democracia y el gobierno de las leyes en un futuro no tan lejano, sobre todo si damos por sentado que la viralidad destructora y su correspondiente mundo de emergencias y desestabilizaciones ha llegado para quedarse.

@fidelcanelon