La violencia social y política es un concepto habitualmente utilizado en ciencias sociales y políticas, que hace referencia a destrucciones o atentados físicos contra objetos, instituciones o personas cuyo propósito, selección de daños y víctimas, es puesta en escena y poseen una significación política y tienden a modificar el comportamiento de los protagonistas en una situación de negociación mediante una coerción consumada. Por lo general suele calificarse por parte del poder constituido en legitimidad como delito de asalto o vandalismo, pero sus fines (suponiendo que haya fines) son políticos, aunque sus medios sean violentos.

La violencia política es un medio usado por algunos gobiernos, para lograr objetivos políticos, es decir, relacionados con los poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial de un Estado.

La violencia política es aquella que corresponde a todas las acciones y omisiones -incluida la tolerancia- que, basadas en elementos en el marco del ejercicio derechos políticos-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento del disfrute de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

La violencia política consiste además en el uso de la fuerza física o psicológica contra una persona o grupo político. Este tipo de violencia obedece generalmente al ejercicio del poder contra las personas opositoras, para que se abstengan de dirigirse contra el sistema o política imperante.

La violencia política es perpetrada por agentes del Estado, partidos políticos o sus representantes, en el caso venezolano por grupos denominados colectivos y, en general, por cualquier persona o grupo de personas.

La aprobación o rechazo social a la violencia política depende principalmente de la legitimación que se haga de ella, como lo realiza el régimen venezolano, al permitir este tipo de acciones. Esta justificación ideológica es la estrategia principal de los grupos para intentar obtener en algunos segmentos de la sociedad, la aceptación del grupo y la aprobación de sus acciones políticas violentas, como lo pregonan sin escrúpulos personeros del régimen madurista y los grupos denominados colectivos.

La violencia política surge de los grupos y movimientos organizados, de los partidos políticos, ya sea que estén en el poder y quieran retenerlo, o cuando aspiran acceder al poder mediante vías no legítimas violando las normas y los procedimientos establecidos en el marco del derecho.

La violencia política incluye la forma autoritaria de ejercer el poder político, la violación a los derechos de la ciudadanía cuando se le niega la libertad electoral para elegir a otros candidatos o ser electos y obtener una cuota de poder, cuando al ciudadano se le niegan o retiene la cédula de identidad, la no participación en la toma de decisiones, las prácticas de nepotismo institucional, los golpes de Estado que rompen con el orden constitucional, e instauran la represión contra los disidentes o los que se manifiestan por el retorno a la democracia, el irrespeto por las diferencias ideológicas que conducen a la privación de derechos y libertades. Es la situación que hoy día vive el pueblo venezolano en los últimos meses, tras el abrumador respaldo que viene obteniendo la candidata a la primaria María Corina Machado.

El fraude electoral también es una forma de violencia política porque se impone la voluntad de la minoría a la mayoría, mediante la supremacía y el abuso de autoridad al hacer uso de los recursos del Estado, pues se viola la democracia y las leyes.

Por último, la violencia política en Venezuela devino de la concentración de poder, que ha provocado un serio perjuicio a los derechos humanos, y así lo señala Human Rights Watch en un informe publicado en fecha reciente.

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