Un joven llega agonizante al ambulatorio. A los pocos minutos fallece. Le corresponde a la guardia nacional de turno «echar el cuento». Fueron ellos quienes generosamente lo «trasladaron». «Estaba por saquear», dicen. Sufrió contusiones en la cabeza que lo dejaron inconsciente y quejoso. Murió por los golpes que le llegaron a comprometer el cerebro. No solamente la FAES actúa como grupo de exterminio. Seguramente la muerte se registrará como caída o atropellamiento vehicular. No entrará en las cifras de la violencia que encabeza Miranda en Venezuela, muy lejos en ello de Caracas o el estado Bolívar, según el Observatorio Venezolano de la Violencia.
Nada de derechos humanos. Nada de derecho a la vida. Nada de debidos procesos judiciales, demostraciones o defensa. Nada de nada. Es el terrorismo del Estado el que se impone a fuego y sangre diarios en cada rincón. La ciudadanía lo sabe. Lo percibe. Lo padece. ¿Cuantos como ese fallecido habrá en Miranda, en el país? ¿Cientos? ¿Miles? Los muertos que entran en las estadísticas no son todos los provocados violenta y cruelmente por el micro o macropoder.
Quienes sí están acorazados ante la violencia son los altos funcionarios. ¿Se han asomado por Miraflores recientemente? Infranqueable. Tomada militarmente no como un cuartel seguro, con vigilancia regular, normal. No parece la sede del máximo poder civil, sino un centro armamentístico en plena guerra. Por acá, un funcionario menor, de esos de show, que han sido cantantes y beiboleros, de los toderos, tiene una finca amurallada como por los chinos. Dicen los vecinos que ante su presencia cortan la comunicación por todas las señales telefónicas. No ocurre algo así como que la señal «se va». Ellos extraordinariamente protegidos. Inconcebible la cantidad de guardaespaldas y vehículos que acompañan cualquier menor comitiva en el más leve desplazamiento automotriz. Los ciudadanos allá, fuera de las murallas y de los centros civiles militarizados, expuestos y condenados, secuestrados. Los funcionarios provistos de una protección desmedida, insólita.
Quién funge de gobernador de Miranda, sacudido (no suficientemente, a mi parecer, en este delicado caso) por la opinión pública en momentos cuando se anuncian nuevas elecciones teñidas de fraude y desconocimiento, a menos que se impongan los criterios de la presión internacional, hace que atiende el tema de la violencia y la criminalidad desbordada en nuestro estado. Reúne alcaldes para la foto. Para que parezca que creen. Mientras, en el Tuy individuos atacan con granadas, en el Metro de Los Teques asaltan a los desprevenidos ciudadanos, en Petare atacan a diestra y siniestra. No hay un plan de desarme. No hay un plan de seguridad efectivo. No hay un control de la delincuencia. ¿A propósito? ¿Son sus secuaces también? Los grupos de exterminio, tan criticados por defensores de derechos humanos dentro y fuera del país, actúan en Miranda sin detención alguna.
Miranda encabeza la violencia y la criminalidad en Venezuela, al parecer no solo por descuido habitual de quienes deberían poner el control en el alto «gobierno», sino con la venia del Estado. Y así en el país. La única manera de acabar con esta situación es retirando a los grupos violentos: los que hacen que dirigen la nación tanto como a los otros. Un proceso difícil que habrá que encarar en el futuro cercano con fortalezas de estadistas.