Foto: Kenny Linares

La semana pasada todo un operativo se desarrolló en la sede de El Nacional como parte del proceso de indemnización por daños morales que inició Diosdado Cabello en el año 2015 en contra de Miguel Henrique Otero por haber replicado en el medio de su propiedad una información publicada por el diario ABC de España.  La información del medio español hacía referencia a una investigación que estaba teniendo lugar en Estados Unidos sobre la presunta vinculación de Cabello con la actividad delictiva del tráfico de narcóticos.

Lo que debía haber sido un procedimiento de fijación de carteles por parte del juez de la causa terminó siendo un embargo de las instalaciones del periódico y la expulsión de los trabajadores que allí se encontraban, todo ello realizado con el soporte de la Guardia Nacional que se presentó en el lugar con sus efectivos apertrechados con armas largas.

Mucho se ha escrito ya en Venezuela y en el exterior sobre el tema de la violación continua y sostenida por parte del régimen de Nicolás Maduro de la libertad de informar, un derecho consagrado en la Constitución venezolana. No es a esa verdad incontestable a lo que me referiré más adelante. Pero si hay algo que queda claro en este caso, y en otros cuantos, es que a la alta dirigencia de la revolución bolivariana le resulta intolerante toda información u opinión que ponga de manifiesto actuaciones torcidas o criminales de algunas de sus fichas, la torpeza de su populismo, lo equivocado del manejo político y económico del país o la corrupción y el malandrismo presente en muchas de sus ejecutorias. Los casos de medios de comunicación cerrados, comprados, perseguidos, maltratados, hostigados, avasallados por no compartir el credo revolucionario abundan.   No hay sino que rememorar el lapidario caso de RCTV, a la que no le fue renovada su concesión como correspondía en el año 2007 y sus instalaciones y su señal se vieron expoliadas, sus trabajadores cesanteados y sus dueños perjudicados en lo patrimonial.

Pero en este caso se ha ido bastante más lejos. El régimen se ha hecho solidario de una venganza personal del teniente retirado Diosdado Cabello en contra de Miguel Henrique Otero y ha facilitado los desmanes cometidos en este ajuste de cuentas en el que el presidente y director del medio se ha visto condenado a pagar 13 millones de dólares al presunto agraviado con el fin de reparar su mancillado honor. Y ello sin que el juicio penal en su contra ni siquiera haya comenzado.

Desde los inicios de este turbio proceso se ha hecho patente la complicidad del régimen en todas y cada una de las tropelías que el teniente Cabello ha deseado imponer. Resulta alarmante constatar la nefasta influencia, el omnímodo poder que un solo hombre ha sido capaz de conseguir en estas épocas del gobierno encabezado por Nicolás Maduro. No es gratuito que a Cabello lo presenten como el segundo hombre del régimen.

Pero este “segundo” de a bordo debe estar causando no pocas incomodidades o molestias al liderazgo revolucionario. Ni una palabra ha habido a su favor de parte sus correligionarios. Es que resulta muy protuberante que el individuo haya logrado la meta de alinear a su causa personal, a su particular propósito de venganza, a muchas instancias del aparato judicial del Estado, al tiempo que ha podido hacerse de la disposición de un componente de las Fuerzas Armadas Nacionales para ser parte activa de desaguisados e ilegalidades como el del embargo perpetrado a El Nacional. La difamación en cualquier ordenamiento legal es un delito de acción privada, no pública, y en estos procesos el Estado no puede hacerse parte. Sin embargo, en el caso de El Nacional, Cabello ha logrado poner a las instituciones del gobierno revolucionario de su lado. La historia nos enseña cómo algunos se arrepienten más adelante…

Al final, la justicia de otros países donde hay procesos ya encaminados y las instancias judiciales internacionales tendrán la última palabra que decir en torno a esta descabellada “vendetta” de parte de quien en sus inicios se desempeñaba como presidente de la Asamblea de Venezuela y hoy funge como vicepresidente del PSUV.

Deseo apenas dejar como nota de cierre la información de que las investigaciones que fueron reseñadas en el periódico ABC y que dieron origen a este pérfido proceso continuaron su curso. Es así como el 26 de marzo de 2020 el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, informó que la Administración para el Control de Drogas, DEA, publicó la oferta de recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve al arresto y condena de Diosdado Cabello, y otros varios millones por Nicolás Maduro y otros 12 funcionarios del régimen socialista acusados por los presuntos delitos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y otros, y anunció cargos penales. Los procesos se iniciaron ante el juez federal de Distrito de Nueva York, Alvin K. Hellerstein.

La información puede ser consultada en la página del Ministerio de Justicia de Estados Unidos. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-announces-narco-terrorism-charges-against-nicolas-maduro-current

 


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