La prioridad nacional, el asunto más urgente que debe asumir el país, es la urgencia de gestionar con acierto el combate a la pandemia, cosa que hasta los momentos no ha ocurrido, y que se traduce en estos momentos en planificar, gestionar y ejecutar con acierto el proceso de vacunación –única fórmula eficaz para la protección efectiva anticovid, más allá de los paliativos de confinamiento, distancia social y uso de barbijos y geles protectores– de la población de acuerdo con los criterios y procedimientos pautados por la comunidad científica y los organismos multilaterales de la salud. Y que ya está en proceso en buena parte del mundo, incluida Latinoamérica con sus más y sus menos, ajustando sus fallas con el objetivo de conseguir la inmunidad de rebaño y superar la pandemia para concentrarse luego en atacar y superar los efectos y consecuencias de la misma.
La gestión del gobierno de Maduro ha estado más dirigida a aprovechar políticamente los efectos y consecuencias de la pandemia que a luchar por proteger a la población, asunto que no debe sorprendernos a luz de su desempeño signado por la indolencia, cuando no la indiferencia ante la suerte de los venezolanos y sus padecimientos de todo tipo. Ha fallado por acción y omisión colocando al país al borde de una suerte de genocidio por la posible mortandad y efectos secundarios negativos causados y por causar en la salud y la ya bastante deteriorada calidad de vida de la ciudadanía.
El régimen, reiteradamente, se ha negado a la necesaria concertación y acuerdos firmes con todos aquellos actores nacionales y foráneos, estatales, multilaterales y privados que pueden contribuir con un país inmerso en una crisis humanitaria compleja a afrontar la pandemia y superarla.
Al momento que esto escribo (martes 13 de abril de 2021, 6.00 am), no se conoce nada a ciencia cierta de plan de vacunación alguno (solo que la nomenclatura y allegados ya están vacunados), de la adquisición de las dosis necesarias, de la organización del proceso, del entrenamiento del personal requerido, de la localización de los puntos de vacunación y de todos los requerimientos adicionales necesarios para organizar y gestionar un proceso que deberá darse en el contexto de un sistema sanitario público colapsado y de un sector privado bastante disminuido.
Existen recursos y diversos mecanismos viables, seguros y confiables para acceder a las dosis necesarias de la vacuna que no han sido utilizados por el régimen en un ejercicio, ya conocido y padecido por la población, de dejación e indolencia con sus deberes.
Es inaceptable que todo en esta materia tan sensible esté supeditado a intereses partidarios y a la preferencia por una vacuna cubana todavía en proceso de prueba y por tanto no homologada ni por la comunidad científica ni por los organismos multilaterales de la salud. Es inadmisible también que se exija tener carnet de la patria o estar inscrito en el sistema Patria para ser vacunado.
Los venezolanos no podemos seguir aceptando pasivamente esta situación ni la irresponsable conducta gubernamental, lo que está en juego en todo esto es el sacrosanto y constitucional derecho a la vida.
Es necesario acudir e inventar mecanismos de presión, que sin poner en riesgo flagrante a la ciudadanía, obliguen por su masividad y contundencia al oficialismo rojo a cambiar su política en la materia y hacer lo conveniente para preservar el derecho a la vida.
Para finalizar, una digresión necesaria por oportuna. Solo la vocación y condición de colaboracionista y amanuense del régimen de quienes se arrogan el rol de oposición en el parlamento usurpador explica por qué ante la gravedad de los sucesos ocurridos y en progreso en Apure y la realidad que retrata no han solicitado ni siquiera un derecho de palabra al respecto, mucho menos la comparecencia de los ministros de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores en la sede parlamentaria.