“Y es de alto contenido simbólico el que, con la libertad para el pueblo, llegue paralelamente la libertad para la Universidad, y que cuando al pueblo se le respeta el derecho a escoger sus propios gobernantes, a la Universidad se le brinde la misma responsabilidad”. Rafael Pizani, en acto de promulgación de la Ley de Universidades de 1958.
Nuestra primera casa de estudio, con coraje y firmeza, está llamada a responder urgentemente con un contundente pronunciamiento de reafirmación autonómica. Callar no es admisible. No debe ser una opción en estas graves circunstancias. El silencio que ahora se observa en ella, con la excepción de algunas voces, preocupa sobremanera y envía un mensaje de desaliento al resto de las instituciones educativas y al país en su conjunto. Esas voces de rebelión contra la sentencia interventora del TSJ han sido importantes, pero hoy lucen insuficientes.Es menester multiplicarlas, potenciarlas y articularlas.
Dejar que transcurra el tiempo sin decir ni hacer más nada, hasta que el régimen opresor ejecute la amenaza de imponer nuevas autoridades universitarias, resulta contradictorio con el compromiso de defender y ejercer el principio de autonomía universitaria consagrado constitucionalmente.
Hay que ponerle coto a ese marasmo que deja al garete la vida de nuestra universidad en momentos tan duros. Su máximo organismo rector y las demás instancias de dirección, con el apoyo de los diversos sectores de la comunidad ucevista, deben tomar en sus manos la batuta y procurar que se debata y se fije posición lo más pronto posible acerca de lo que procede ante la terrible orden inconstitucional emitida por el ilegítimo TSJ. Esto sería un factor importante que podría contribuir, conjuntamente con las iniciativas en desarrollo de otros actores, a una mayor movilización y organización en defensa de la institución.
Convocar a elecciones de autoridades en un plazo perentorio, en uso de las atribuciones establecidas en nuestra carta magna y en la vigente Ley de Universidades, ha de ser el norte fundamental de ese debate. Una convocatoria que sería la expresión de un legítimo ejercicio institucional autonómico, con base en un reglamento electoral sancionado por el Consejo Universitario como autoridad suprema de nuestra universidad.
Para finalizar, tres consideraciones que vale la pena tener en cuenta en las discusiones sobre el asunto en cuestión. En primer lugar, es preciso asumir que la UCV y las demás universidades acosadas por la sentencia del TSJ se enfrentan a un problema esencialmente político, dado que el régimen de Maduro pretende controlarlas y ponerlas al servicio de su proyecto. En segundo término, la lucha universitaria en los actuales momentos requiere del apoyo claro y firme de la Asamblea Nacional y la sociedad civil, en función de los objetivos comunes que los unen por la causa de la democracia, la libertad y el desarrollo del país en general. En tercer lugar, son indispensables las acciones articuladas de las universidades en un gran frente de lucha en el ámbito nacional.
Días aciagos y también de grandes desafíos, en los cuales, una vez más, apelaremos con sabiduría y valentía a las fortalezas históricas de la universidad autónoma para enfrentar y derrotar al oscurantismo representado en quienes hoy ejercen de manera ilegítima el poder en Venezuela.
@eleazarnarvaez